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El parlamento catalán redobla el desafío soberanista

CATALUÑA | 23 de marzo de 2017

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras, se saludan tras la votación en el Parlamento de Cataluña el 22 de marzo de 2017. EFE/Alberto Estévez

Madrid (EuroEFE).-La cámara catalana mantiene el pulso con el Estado al negarse a retirar una partida para cubrir gastos de la consulta independentista en los presupuestos para 2017 recién aprobados, justo tras conocerse la segunda condena por la votación del 9N.

La decisión del parlamento catalán de introducir en los presupuestos de 2017 recién aprobados este miércoles una partida para cubrir el gasto de la consulta soberanista que el Gobierno catalán pretende celebrar en la segunda quincena de septiembre ha abocado de nuevo el debate político a un previsible bloqueo en los tribunales.

Ni la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que recientemente condenó a varios responsables políticos de la consulta soberanista celebrada el 9 de noviembre de 2014 ni el aviso de los letrados del parlamento catalán han pesado en la decisión de aprobar la disposición de Junts pel Si -el grupo político que apoya al Gobierno, participado por el actual PDeCAT y ERC-, apoyada por la CUP y una diputada díscola de Catalunya Si que es Pot (Podemos).

La aprobación de la partida será recurrida previsiblemente en el Tribunal Constitucional (TC) y más después de conocerse una nota de los letrados de la cámara catalana en la que estos avisaban de que la aprobación de esa disposición adicional 31, referida al referéndum, supondría "ignorar" la advertencia del Tribunal Constitucional.

La polémica aprobación de la disposición adicional se produjo además en el mismo momento en que trascendió la decisión del Tribunal Supremo de condenar al exconseller de la Presidencia y portavoz del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, a un año y un mes de inhabilitación por desobediencia grave al Tribunal Constitucional en la consulta del 9N.

Esta no es la primera condena por aquella consulta celebrada con voluntarios, ya que poco más de una semana antes el TSJC había condenado al expresidente Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por un delito de desobediencia al Constitucional al permitir la celebración de la consulta. Los tres van a recurrir la sentencia.

La disposición adicional establece, en contra de las resoluciones judiciales citadas, que el Gobierno catalán "debe habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso refrendario sobre el futuro político de Cataluña". Además, el texto definitivo suprime una referencia que sí existía anteriormente a que esto debe hacerse "en el marco de la legislación vigente en el momento de su convocatoria".

Tras la advertencia de los letrados de las implicaciones de la aprobación de la disposición, que el Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat consideró inconstitucional, ni Ciudadanos, ni PSC ni PP han participado en la votación para visibilizar su rechazo.

La aprobación de la partida supone redoblar el desafío soberanista tan solo unos días después de que los dos máximos responsables del Gobierno catalán, el presidente Carles Puigdemont (PDECat) y el vicepresidente Oriol Junqueras (ERC) pidieran al Gobierno en una carta publicada en el diario El País que se aviniera a negociar un referéndum pactado al estilo del celebrado en Escocia.

Una petición de diálogo en la que los responsables catalanes advertían de que la consulta que pretenden celebrar este año es inevitable porque no renunciarán a "ejercer ese derecho" si se mantiene el "rechazo frontal".

Tras la enésima advertencia del Gobierno de que la denominada 'vía escocesa' no es posible, el expresidente de la Generalitat Artur Mas ha reclamado un pacto de Estado y la introducción de una "opción alternativa" a la independentista que se votaría conjuntamente en el referendo.

Una vía muerta de antemano a la vista de los sucesivos bloqueos en los tribunales y la reiterada advertencia del Ejecutivo de Mariano Rajoy de que no cabe negociar ningún punto que incumpla la Constitución.

Es precisamente el continuo choque en el ámbito judicial de los últimos años el que ha llevado a un grupo de doscientos juristas de Cataluña a publicar el manifiesto "El Derecho, al servicio de las libertades", en el que advierten de que "cuestionar" las leyes y "menospreciar" las sentencias del Tribunal Constitucional no es "lícito ni legítimo", ya que "pone en peligro" los derechos y libertades de los ciudadanos.

El manifiesto denuncia la "falta de rigor jurídico" en el debate político de Cataluña, centrado en el proceso soberanista, y exige el respeto a las leyes y a los tribunales para garantizar la "convivencia pacífica".

Más allá de los presupuestos, el Gobierno de la Generalitat ha redoblado los frentes políticos a favor de la consulta y, además de la carta abierta, ha solicitado la celebración de una conferencia sobre el referéndum en el Senado (Madrid) que sería impartida por Carles Puigdemont, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y el conseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva.

En respuesta, el PP, que cuenta con mayoría en la cámara alta, le ha ofrecido intervenir ante la Comisión General de Comunidades Autónomas de la cámara, lo que supondría que además del presidente catalán intervendrían los demás grupos políticos.

La propuesta no ha gustado a Puigdemont, que la ha tachado de "ocurrencia".

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