20 de julio de 2019
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Polémica tras la solicitud de Oriol Junqueras para salir de prisión para recoger su acta de eurodiputado

  Imagen tomada de la señal institucional del Tribunal Supremo, del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, durante su turno de última palabra en el juicio por el proceso independentista en Cataluña. EFE/Tribunal Supremo

 Imagen tomada de la señal institucional del Tribunal Supremo, del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, durante su turno de última palabra en el juicio por el proceso independentista en Cataluña. EFE/Tribunal Supremo

Madrid (EuroEFE).- La solicitud de exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras para salir de la prisión y acudir al Congreso el próximo 17 de junio a recoger su acta como eurodiputado electo ha suscitado polémica, el mismo miércoles en que quedó visto para sentencia el jucio contra los líderes del proceso independentista en Cataluña.

En el caso de Junqueras, se trata de un trámite en el que los eurodiputados elegidos entregan ante la Junta Electoral Central (JEC) sus acreditaciones como parlamentarios electos, acatan la Constitución y reciben la credencial correspondiente para ir al Parlamento de la UE.

Tendrá lugar el 17 de junio, día en el que se supone que también debería acudir al Congreso el expresident Carles Puigdemont -que también salió elegido eurodiputado- al ser un trámite de asistencia obligatoria. En el caso de que lo hiciera, sería detenido al estar procesado por rebelión en el Tribunal Supremo.

Tras ese día, la JEC deberá reunirse para analizar las fórmulas de acatamiento empleadas, de forma que, según fuentes consultadas por Efe, si se considerase que algunas no encajan en el ámbito legal, serán revocadas y los eurodiputados que las hubieran empleado dejarán sus puestos.

En la sesión constitutiva del Congreso del pasado 21 de mayo Junqueras hizo mención a su condición, dijo, de "preso político", por lo que existe la duda de si, en el caso de que hiciese lo mismo, la Junta podría dejarla sin efecto y el candidato de ERC no sería eurodiputado.

La Sala ya permitió a Junqueras salir de la prisión el 20 y 21 de mayo para acudir al Congreso a adquirir su condición de diputado -ya suspendido-, a la que deberá renunciar si quiere convertirse en eurodiputado.

Tras superar los debates sobre la suspensión de Junqueras como diputado al estar procesado por rebelión y en prisión preventiva, ahora se abre un nuevo escenario.

Las dudas giran en torno a si también se le podría suspender como europarlamentario en base a una ley de un estado miembro -el artículo 384 bis de la Lecrim- y en cómo podría condicionar al proceso penal la inmunidad que previsiblemente adquiriría el 2 de julio, día de constitución del Parlamento Europeo.

Oriol Junqueras fue elegido eurodiputado por la Alianza Libre Europea (ALE).

La Fiscalía pide que no se deje a Junqueras acceder al acta de eurodiputado

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que no autorice la salida de la cárcel de Oriol Junqueras el próximo 17 de junio para adquirir la condición de eurodiputado porque podría obligar a pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo para retirarle la inmunidad y a paralizar el proceso penal contra los líderes independentistas.

Cree que el objetivo del exvicepresidente de la Generalitat es "sortear la suspensión de funciones" que ya se ha acordado para él como diputado en el Congreso.

Según la Fiscalía, autorizarle a adquirir la condición de eurodiputado "supondría abrir un escenario en el que podrían producirse interferencias absolutamente irrazonables en el ejercicio de la función jurisdiccional", pues otorgaría al poder legislativo, en el este caso el Parlamento Europeo, una función de "revisión" o "control" sobre el judicial.

"La exigencia de suplicatorio en la fase procesal en la que nos encontramos, y la posibilidad de que fuera necesario acordar la suspensión de este proceso penal, no constituiría un ejercicio razonable y proporcional de las prerrogativas parlamentarias", resume.

Según la argumentación del Ministerio Público, cuando fue elegido diputado no fue necesario solicitar el suplicatorio al Congreso porque ese trámite sólo es exigible en los momentos previos a la inculpación o el procesamiento, pero, de acuerdo con el reglamento interno de la Eurocámara, sí habría que dar ese paso en el Parlamento comunitario para retirarle la inmunidad.

Ello derivaría en la "suspensión y paralización del procedimiento, lo cual generaría una intromisión tan indebida como inadmisible en el ejercicio de la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado que corresponde al Poder Judicial", insiste.

Además, añade, en el caso de Junqueras sería aplicable el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina la suspensión automática de los procesados en prisión provisional por el delito de rebelión, pero como el Parlamento Europeo no está obligado a aplicar una norma nacional, la suspensión de sus funciones públicas "no podría ser ejecutada de forma automática".

Abogacía del Estado apoya que Junqueras pueda acceder al acta de eurodiputado

La Abogacía del Estado ha apoyado ante el Tribunal Supremo la petición de Oriol Junqueras de salir de prisión el 17 de junio para acceder al acta de eurodiputado en contra del criterio de la Fiscalía.

En su escrito ante el alto tribunal, la abogada del Estado, Rosa María Seoane, cree que corresponde a la Junta Electoral Central, y no al Parlamento Europeo, valorar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el derecho español que pueden afectar a los candidatos electos y, en concreto, si queda suspendido por estar procesado por rebelión, como marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Abogacía del Estado pide que el traslado de Junqueras a la Cámara se haga en las mismas condiciones de custodia y con las mismas limitaciones que el día de la constitución del Congreso y que se envíe a la Junta Electoral Central el auto de conclusión del sumario de la causa del "procés" y la comunicación de la presidenta del Congreso por la que se declaró a Junqueras automáticamente suspendido como diputado español.

A su juicio, debe autorizarse su salida de prisión para jurar o prometer la Constitución ante la Junta Electoral Central para "no menoscabar la titularidad del derecho de participación política" del exvicepresidente de la Generalitat y hacer posible la práctica de los actos indispensables para la adquisición de la condición de miembro del Parlamento Europeo".

La Abogacía sostiene que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, "el Parlamento europeo carece de margen de apreciación para cuestionar la proclamación de electos que efectúe la autoridad electoral del Estado miembro".

Además, asegura, la "extensión de los privilegios o inmunidades" que pueda invocar Junqueras "vendrán determinados por la extensión que les reconoce el derecho español". 

Visto para sentencia el juicio contra los líderes independentistas catalanes

El Tribunal Supremo español (TS) ha concluido el juicio contra doce dirigentes independentistas catalanes y ahora deberá resolver si varios procesados promovieron la violencia y cometieron un delito de rebelión como la Fiscalía asegura, mientras que los abogados defensores rechazan absolutamente tal acusación.

Los soberanistas -nueve cumplen prisión provisional- fueron juzgados durante cuatro meses por la celebración en la región española de Cataluña de un referéndum inconstitucional de "autodeterminación" el 1 de octubre de 2017 y una declaración posterior del Parlamento regional a favor de la independencia unilateral, entre otros hechos.

Según la conclusiones de la Fiscalía, el proceso secesionista catalán fue "un golpe de Estado" por medio de una "insurrección" con violencia "suficiente" y "evidente", promovida por los acusados, que actuaron como "una organización criminal".

La Fiscalía considera que el exvicepresidente del gobierno regional de Cataluña Oriol Junqueras fue el "motor principal de la rebelión", para quien reclama 25 años de cárcel.

Para otros acusados pide 17 años, como la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart; y penas de entre 7 y 16 años para el resto de encausados.

Según la legislación española, la acusación de rebelión se dirige a quienes actúen con violencia contra el Estado y conlleva penas que van de 10 a 30 años.

Además de concluir que el proceso separatista fue una rebelión consumada, la Fiscalía apunta que las anteriores autoridades regionales catalanas cometieron también delitos de malversación de fondos públicos y de desobediencia de la legalidad española.

Sin embargo, la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno español, cree que los acusados cometieron sedición, pues no ve probado que la violencia fuera un elemento "estructural" del plan secesionista, y pide penas de entre 7 y 12 años de cárcel.

Gran parte del juicio, que hoy quedó visto para sentencia, fue un pulso intenso entre la Fiscalía y los abogados de los procesados para probar o refutar que hubo violencia y quién fue el responsable.

Las defensas, que reclaman la absolución, insistieron en general en que fue un juicio "político" y que los acusados fueron procesados por su ideología independentista.

Varios abogados defensores admitieron el delito de desobediencia, que no implica cárcel, pero recalcaron que no hubo violencia ni alzamiento tumultuario, y acusaron a la Fiscalía de poco rigor, exagerar y forzar sus argumentos.

En un alegato final ante el tribunal, Junqueras pidió "devolver la cuestión (independentista) al terreno de la política", del "diálogo, la negociación y el acuerdo" porque "votar y defender la república desde el Parlamento no puede ser un delito", según quiso justificar.

Y Forcadell afirmó que era juzgada su "trayectoria política", por ser quien es, no por sus actos. Su abogada dijo de ella que no autorizó el referéndum, no arengó a las manifestaciones violentas ni a que hubiese violencia.

Ella era presidenta del Parlamento catalán en septiembre de 2017, cuando la cámara legislativa aprobó una ley que permitía al gobierno regional convocar un referéndum de "autodeterminación"; y otra para la transición hacia la "república catalana", declaradas luego inconstitucionales.

Uno de los hechos más graves juzgados ocurrió el día 20 de ese mismo mes. Una multitud intentó impedir que las fuerzas de seguridad registraran por orden judicial la sede del departamento catalán de Economía, en Barcelona, en busca de documentación sobre los planes de secesión.

El asedio, encabezado por los independentistas Sánchez y Cuixart, terminó con varios coches de la Guardia Civil (cuerpo de seguridad) muy dañados, y una funcionaria judicial tuvo que salir del edificio por la azotea pues temía por su seguridad.

Entre otras pruebas aportadas por las partes, se proyectaron vídeos con imágenes del asedio de ese día y de incidentes en intervenciones de los cuerpos policiales que trataban de impedir por orden judicial la votación del 1 de octubre y ciudadanos que se resistían.

Alrededor de 600 testigos propuestos por las acusaciones y las defensas, entre ellos políticos y jefes y agentes policiales, declararon durante el juicio, retransmitido por internet íntegramente y seguido por los medios de comunicación con gran atención, también extranjeros.

Serán siete jueces del TS, encabezados por el magistrado Manuel Marchena, los encargados de dilucidar todas estas cuestiones y dictar sentencia, que se conocerá probablemente dentro de varios meses.

En 2018, el Alto Tribunal declaró en rebeldía al expresidente catalán Carles Puigdemont y otros seis líderes soberanistas que huyeron al extranjero para evitar su procesamiento por los mismos hechos. Sobre todos ellos pesa una orden de detención en España. 

Para saber más:

► Puigdemont, Comín y Junqueras: anatomía de tres escaños aún con interrogantes

► Puigdemont le gana el pulso a Junqueras en Europa

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