15 de octubre de 2018
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El Gobierno de Rajoy aplicará la Constitución para restaurar la legalidad en Cataluña

 El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, lee, en declaración institucional el 19 de octubre de 2017 en el Congreso de los Diputados, el comunicado emitido por el Gobierno tras recibir la carta del presidente catalán, Carles Puigdemont, en la que anuncia que si el Ejecutivo "persiste en impedir el diálogo y continúa la represión", el Parlament podrá votar la declaración formal de independencia. EFE/Javier Lizón

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, lee, en declaración institucional el 19 de octubre de 2017 en el Congreso de los Diputados, el comunicado emitido por el Gobierno tras recibir la carta del presidente catalán, Carles Puigdemont, en la que anuncia que si el Ejecutivo "persiste en impedir el diálogo y continúa la represión", el Parlament podrá votar la declaración formal de independencia. EFE/Javier Lizón

Madrid/Barcelona (EuroEFE).- El Gobierno español aplicará la Constitución para asumir funciones que ejercen las autoridades de Cataluña y restablecer así la legalidad, después de que el presidente regional, Carles Puigdemont, avisara este jueves de que el Parlamento catalán podría votar la independencia si no hay diálogo.

Un Consejo de Ministros extraordinario presidido por Mariano Rajoy aprobará el sábado medidas para "proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña" y restaurar la legalidad en la región, según las previsiones del artículo 155 de la Constitución, informó el Ejecutivo.

Ese artículo establece que, si una autoridad autonómica no atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el Gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales, que enviará al Senado para su autorización y aplicación efectiva.

Puigdemont comunicó esta mañana por carta a Rajoy que, si éste "persiste en impedir el diálogo", el Parlamento regional "podrá proceder a votar la declaración formal de independencia" de Cataluña.

Al terminar el segundo y último plazo del requerimiento que le había enviado Rajoy, el líder catalán agrega en la carta que el Parlamento regional "no votó el día 10" la declaración de independencia y, según asegura, su "suspensión continúa vigente".

Ante esta respuesta, el Ejecutivo español "constató" en un comunicado la negativa del presidente catalán a atender el requerimiento y, en consecuencia, "continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña".

Sería la primera vez que se aplicará ese artículo en los 39 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución española de 1978.

En ese requerimiento, se pedía al presidente catalán que aclarase si alguna autoridad de Cataluña había declarado la independencia y se le instaba a restituir el orden constitucional en la región.

El lunes pasado, en una primera carta, Puigdemont no concretó si se había proclamado la independencia y ofrecía a Rajoy abrir un periodo de dos meses para dialogar y buscar una salida al contencioso.

El Gobierno central denunció hoy la actitud de los gobernantes catalanes de "buscar, deliberada y sistemáticamente, el enfrentamiento institucional a pesar del grave daño que se está causando a la convivencia y la estructura económica de Cataluña".

Así, el Ejecutivo pondrá "todos los medios a su alcance" para restaurar la Ley, la "convivencia pacífica" en Cataluña y frenar el "deterioro" de la seguridad jurídica, enfatizó el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en una declaración institucional.

El presidente del Poder Judicial español, Carlos Lesmes, estimó hoy que esas medidas "deberán ser sin duda proporcionales y ajustadas" al objetivo.

 

 Puigdemont avisa que si Rajoy veta diálogo, el Parlament votará independencia

En su carta, Puigdemont ha avisado de que "si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión", el Parlament "podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10".

Después de que el pasado lunes enviara a Rajoy una primera respuesta a su requerimiento, en la que no concretaba si había proclamado la independencia y ofrecía abrir un periodo de dos meses para dialogar, a las 10.00 horas de este jueves finalizaba el segundo plazo para que Puigdemont aclarara dudas al Gobierno central, que a continuación ha decidido continuar con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución.

En su nueva carta, que ha llegado a Moncloa minutos antes de las 10.00, Puigdemont sí reconoce explícitamente que en su comparecencia del 10 de octubre el Parlament "no votó" ninguna declaración de independencia y recalca que su "suspensión continúa vigente", antes de añadir: "Pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía indica que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar".

Puigdemont arranca su misiva -de un folio, más corta que la enviada el lunes- señalando que en la jornada del 1 de octubre el pueblo de Cataluña "decidió la independencia en un referéndum con el aval de un elevado porcentaje de los electores", que fue "superior al que ha permitido al Reino Unido iniciar el proceso del 'brexit' y con un número de catalanes mayor del que votó el Estatut".

Sobre su comparecencia del 10 de octubre ante el pleno del Parlament, recuerda que propuso "dejar en suspenso los efectos de aquel mandato popular" del 1-O.

"Lo hice para propiciar el diálogo que de manera reiterada nos han hecho llegar, a usted y a mí, instituciones y dirigentes políticos y sociales de toda Europa y del resto del mundo. En este sentido, en mi carta del lunes, le propuse celebrar una reunión que todavía no ha sido atendida", afirma.

Puigdemont advierte de que "tampoco ha sido atendida la petición de revertir la represión", sino "al contrario, se ha incrementado y ha comportado la entrada a prisión" del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y del presidente de la ANC, Jordi Sánchez, líderes de dos "entidades de acreditada trayectoria cívica, pacífica y democrática".

"Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlamento de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10 de octubre", concluye.

Los socialistas a favor de la aplicación del 155 de forma "muy, muy limitada"

En Madrid, representantes del Gobierno se reunieron este jueves con dirigentes del Partido Socialista (principal de la oposición) y los liberales de Ciudadanos (cuarta fuerza parlamentaria) para ultimar la concreción de las medidas que se aprobarán el sábado próximo.

El secretario socialista de Organización, José Luis Ábalos, denunció como "tramposa" la oferta de diálogo de Puigdemont, y confió en que la aplicación del artículo 155 sea "lo más breve posible" y "muy, muy limitada".

.La víspera, en Bruselas, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó que "la legislatura en Cataluña, si alguna vez se inició, está agotada" y consideró que la única vía "desde el punto de vista político" para resolver la crisis es "adelantar las elecciones".

"La legislatura en Cataluña, si alguna vez se inició, creo que está agotada después del 6-7 de septiembre", dijo Sánchez a los periodistas en Bruselas, donde se reunió con varios líderes socialistas europeos y con los presidentes de la Eurocámara, Antonio Tajani, y la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker.

Sánchez trasladó en Bruselas la necesidad de "defender la causa europea en Cataluña" y de "articular por vías y cauces institucionales una crisis política".

El líder socialista dijo que la obligación del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "es ser el presidente de todos los catalanes, aquellos que comulgan con sus ideas, y aquellos que no.

Y en consecuencia, la única vía posible es restaurar la legalidad vigente y desde el punto de vista político creo que adelantar las elecciones".

"Si no lo hace, lo que hacemos es invitarle a que acuda al Congreso de los Diputados para encauzar (...) una crisis política que se tiene que resolver en una institución que es la mediadora de todas las crisis, que es justamente el Congreso", agregó.

 

Los independentistas piensan que aún hay tiempo hasta el sábado

Por el contrario, el líder del izquierdista Podemos, Pablo Iglesias, pidió "sensatez" y "diálogo" frente a las amenazas recíprocas de aplicar el artículo 155 o declarar la independencia.

El partido independentista catalán PDeCAT, al que pertenece Puigdemont, lamentó que se esté "a punto" de entrar en un escenario "malo" para España y "muy difícil" en Cataluña, aunque piensan que "aún hay tiempo" para el diálogo. 

España vive en las últimas semanas una crisis política desencadenada por los pasos dados por los gobernantes independentistas catalanes para lograr la secesión de Cataluña, entre ellos la celebración sin garantías el pasado 1 de octubre de un referéndum inconstitucional de autodeterminación.

El presidente catalán asumió el pasado día 10, en el Parlamento regional, el resultado de esa consulta favorable a la secesión, según las cifras de las autoridades de Cataluña, aunque dejó en suspenso la declaración de independencia y abogó por el diálogo, con mediación, con el Gobierno nacional.

El Gobierno de Rajoy le instó a dialogar con la oposición en Cataluña y en el Parlamento español. 

España coloca 4.526 millones en bonos y obligaciones más caras por Cataluña

 El Tesoro Público español ha captado este jueves 4.526 millones de euros en bonos y obligaciones que han salido más caros que en anteriores ocasiones, debido a la tensión por la amenaza del presidente catalán, Carles Puigdemont, de declarar la independencia si el Gobierno activa el 155.

Del total colocado, 1.807,17 millones han sido bonos a tres años, de nuevo con un interés positivo, del 0,074 %, frente al -0,014 % anterior, en tanto que otros 965,21 millones han salido en una vieja referencia de obligaciones a 15 años, con un interés del 1,144 %, el único algo más bajo que el 1,365 % anterior.

También se han emitido 1.018,32 millones en obligaciones a diez años al 1,639 %, superior al 1,548 % precedente, igual que ha ocurrido en el caso de los bonos a 30 años, de los que se han colocado 735,34 millones al 2,883 %, frente al 2,789 % anterior.

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