19 de febrero de 2019
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Comienza el debate del acuerdo del "brexit" en el Parlamento británico

 Activistas proeuropeos se manifiestan delante del Parlamento en Londres, Reino Unido, el 29 de noviembre del 2018.  EFE/Andy Rain

Activistas proeuropeos se manifiestan delante del Parlamento en Londres, Reino Unido, el 29 de noviembre del 2018.  EFE/Andy Rain

Londres (EuroEFE).- El Parlamento británico comenzará a debatir este martes el acuerdo sobre el "brexit" al que ha llegado con Bruselas la primera ministra, la conservadora Theresa May, que no tiene asegurada una mayoría suficiente para aprobarlo en la votación prevista para el próximo día 11.

La Cámara de los Comunes evaluará durante cinco sesiones si respalda una breve moción del Gobierno que insta a dar luz verde tanto al tratado de salida del país de la Unión Europea (UE) como al documento que sienta las bases de la futura relación entre ambos lados del canal de la Mancha.

Los diputados podrán presentar enmiendas a ese sucinto texto, aunque no serán legalmente vinculantes. El presidente de la Cámara, John Bercow, seleccionará hasta seis de ellas para que sean votadas el día 11, antes que la moción del Ejecutivo.

El Partido Laborista, que ha avanzado que se pronunciará en contra del acuerdo, ha presentado ya una enmienda en la que pide dar más poder al Parlamento para evitar una salida abrupta de la UE el próximo 29 de marzo, cuando expira el plazo que marca el artículo 50 del Tratado de Lisboa para que el Reino Unido abandone el bloque.

La primera formación de la oposición ha avanzado además que planteará una moción de censura contra la primera ministra si los Comunes tumban su pacto con Bruselas.

May, que perdió la mayoría absoluta en unas elecciones anticipadas en junio de 2017, necesita 320 votos para aprobar el acuerdo que ha alcanzado con la UE.

La Cámara de los Comunes tiene 650 escaños, si bien en las votaciones participan 639 diputados -el presidente y los tres vicepresidentes de la cámara, así como los siete diputados del partido norirlandés Sinn Féin, no toman parte en los votos-.

May cuenta con 316 parlamentarios "tories", pero en torno a un centenar de ellos han sugerido que pueden rebelarse contra la disciplina de partido, según las cifras que barajan los medios británicos.

El también norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), en cuyos diez diputados se ha apoyado la primera ministra desde el inicio de la legislatura para superar el tramite parlamentario, también se han mostrado contrarios hasta ahora a la moción del Gobierno.

A pesar de que May parece abocada a perder la votación, el Ejecutivo se ha mostrado convencido hasta ahora de que puede cambiar la opinión de suficientes diputados y sofocar la rebelión.

Desde que se anunció el acuerdo entre Londres y Bruselas, May ha liderado una intensa campaña para tratar de convencer a los ciudadanos británicos y a los diputados de que el pacto al que ha llegado con la UE es el mejor posible.

Este mismo lunes compareció en la Cámara de los Comunes para hacer balance de la cumbre del G20, en la que transmitió a los otros líderes internacionales un "claro mensaje" de que, después del "brexit", el Reino Unido estará "abierto a los negocios" y a "llegar a acuerdos comerciales".

El Gobierno ha subrayado que romper con la UE sin un acuerdo llevaría al país a un desastre económico.

En caso de que la moción resulte rechazada, May contará con un plazo legal de 21 días para regresar al Parlamento y exponer cuáles son sus planes a partir de entonces.

Antes de que ese plazo llegara a expirar, sin embargo, se enfrentaría previsiblemente a una moción de censura y a presiones para convocar un segundo referéndum sobre el "brexit" que evite una ruptura abrupta el próximo 29 de marzo.

El Gobierno de May defiende el secreto legal del "brexit"

En la víspera del debate, May divulgó un resumen de 52 páginas de dicho análisis que, sin embargo, no contentó a la oposición, encabezada por el Partido Laborista, que reclama la publicación del asesoramiento legal completo.

El abogado general del Estado, Geoffrey Cox, compareció en la Cámara de los Comunes para explicar el documento, del que se desprende que ciertas leyes europeas continuarán vigentes "en algunos aspectos" después de que el Reino Unido abandone la Unión Europea el 29 de marzo, si bien aclaró que tendrán un aplicación limitada.

Señaló que la cuestión de la cláusula conocida como "backstop", que evita una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, estará vigente "al menos y hasta" que el Reino Unido y el bloque comunitario lleguen a un nuevo acuerdo al respecto.

Esa garantía prevé que todo el Reino Unido permanezca dentro de la unión aduanera y que Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único, salvo que Londres y Bruselas presenten una solución alternativa para la frontera o hasta que establezcan una nueva relación comercial.

Ninguna de las partes podrá abandonar este "backstop" de manera "unilateral", dijo, aunque argumentó que esa solución tiene una intención "expresamente temporal" para evitar una frontera dura entre ambos territorios hasta que se alcance una nueva fórmula.

Sobre este asunto se pronunció también Oliver Robbins, principal asesor del Gobierno británico sobre la retirada del país del bloque europeo, quien reconoció que esa salvaguarda es una "necesidad un poco incómoda" para ambas partes.

Respecto a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Cox adelantó que continuará siendo aplicable en el Reino Unido durante el periodo de transición, que culminará el 31 de diciembre de 2020.

El abogado opinó que "los divorcios y separaciones de naciones íntimamente unidas, como entre personas, son procesos complicados que requieren tiempo".

"Este acuerdo permite el tiempo y los medios para que este proceso se desarrolle", aseguró, al tiempo que reconoció que cree "firmemente" que debe ser refrendado por los diputados de Westminster.

 

Londres confirma que el acuerdo del "brexit" no obliga a incluir Gibraltar

Un informe jurídico de Cox cofirma la interpretación de que el tratado de la salida británica de la Unión Europea (UE) no obliga a que la futura relación con el bloque comunitario se aplique a Gibraltar.

Antes de dar respaldo al acuerdo del "brexit", el pasado 25 de noviembre, España pidió garantías de que tendrá la última palabra previamente a que se aprueben los términos de una futura relación entre Londres y la UE que afecten al Peñón.

El Gobierno español reclamaba una aclaración al artículo 184 del tratado de salida, que establece las bases para negociar los vínculos entre ambos lados del canal de la Mancha una vez se materialice el "brexit", el próximo 29 de marzo.

A ese respecto, el texto publicado este lunes reitera que ese artículo "no impone obligaciones acerca del alcance territorial de la futura relación, y no crea obligación o presunción de que la futura relación tendrá el mismo alcance que el acuerdo de salida".

El artículo 3 de ese tratado, en cambio, establece que los términos de salida que han pactado con Londres los 27 socios comunitarios sí se aplicarán al Peñón.

La interpretación del abogado general del Estado coincide con el punto de vista que expresó el embajador del Reino Unido en la UE, Tim Barrow, antes de la cumbre de líderes comunitarios de finales de noviembre.

El texto del abogado general matiza por su parte que se trata de "una obligación en relación a la conducta de las partes, más que una obligación para lograr un resultado particular".

El análisis de Cox aborda asimismo el protocolo sobre Gibraltar que acompaña al acuerdo de salida, que sienta las bases de la cooperación administrativa en áreas como aduanas, fiscalidad, tabaco y pesca.

El abogado general británico subraya que los términos del protocolo se aplicarán durante el periodo de transición del "brexit", que durará unos dos años y comenzará, si los parlamentos británico y comunitario dan su visto bueno al acuerdo, el 29 de marzo.

No se dejará de aplicar al término de ese periodo, sin embargo, el artículo primero del protocolo, que establece que debe haber una "cooperación cercana" entre el Reino Unido, España y Gibraltar sobre los derechos de los ciudadanos.

El texto indica que todas las partes implicadas deben "cooperar para lograr total transparencia en cuestiones fiscales" y mejorar los mecanismos para combatir el fraude fiscal.

Indica además que el protocolo "requiere que ciertos estándares internacionales en asuntos fiscales sean cumplidos dentro de Gibraltar".

Respecto al tabaco, "requiere que el Reino Unido se asegure de que ciertas convenciones internacionales sobre control de tabaco se extienden a Gibraltar antes del 30 de junio de 2020".

Por Guillermo Ximenis y Paula Baena Velasco  (edición: Piedad Viñas y Catalina Guerreo)

Para saber más:

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