Euroefe
 
Euractiv
Economía y empleo Volver a la sección

La CE abre una infracción a España por evitar pagos tardíos

EMPRESAS | 15 de febrero de 2017

La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España por la demora en los pagos a empresas, para evitar los inconvenientes que generan los retrasos generalizados. (EFE: Valda Kalnina)

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) ha abierto un procedimiento de infracción a España por su aplicación de la directiva comunitaria sobre la demora en los pagos a empresas, que busca evitar los inconvenientes que generan los retrasos generalizados, sobre todo a las pymes.

El Ejecutivo comunitario ha informado en un comunicado de que ha enviado a España una carta de emplazamiento, el primer paso de un procedimiento de infracción que, en última instancia, puede terminar con el país delante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea si este no toma las medidas que pide Bruselas.

En concreto, la Comisión señala que la preocupación con respecto a España responde a que la legislación "extiende sistemáticamente en 30 días el retraso legal en los pagos".

El país tiene ahora dos meses para enviar al Ejecutivo comunitario información sobre su aplicación de la directiva europea y, si la Comisión no está satisfecha o concluye que el país está incumplimiento la norma, podría dar el segundo paso del procedimiento, por el que le pediría medidas concretas para abordar el problema.

Otros países afectados

El Ejecutivo comunitario también abrió un proceso de infracción por el mismo motivo a Eslovaquia, donde detectó en concreto retrasos excesivos en el sector de la sanidad pública.

Asimismo, avanzó en el procedimiento de infracción que ya tenía abierto contra Grecia, enviándole una segunda carta de notificación por la nueva legislación que suprime los derechos de los acreedores a daños e intereses.

La Comisión además dio el segundo paso contra Italia, país al que dirigió un dictámen motivado pidiéndole que especifique las medidas para atajar los retrasos excesivos en los pagos por parte de los poderes públicos a sus proveedores.

Por el contrario, el Ejecutivo cerró el proceso abierto contra Portugal, que ya ha adaptado su legislación para cumplir con Bruselas.

La comsiaria de Mercado Interior explica las razones

"Invitando a los Estados miembros a respetar las reglas sobre pagos tardíos protegemos a las empresas y contribuimos a mejorar la competitividad de la Unión Europea", dijo en un comunicado la comisaria de Mercado Interior Elzbieta Bienkowska, quien subrayó que estos retrasos suponen un "carga" especialmente para las empresas de pequeño tamaño.

Esta directiva, adoptada en 2011 y que debía incluirse en las legislaciones nacionales a más tardar en 2013, instaura medidas más estrictas que armonizan por primera vez los plazos de pago atrasados y que fijan límites que deben ser respetados por las autoridades públicas a la hora de pagar a las empresas que les proporcionan bienes y servicios.

Según la CE, los pagos de los poderes públicos a las empresas pueden llegar a acumular un retraso de 130 días en la UE, que en algunos sectores se eleva hasta los 500.

España tendrá que modificar sus normas sobre los activos en el extranjero

Por otra parte, la Comisión Europea envió un ultimátum a España para que modifique sus normas sobre los activos mantenidos por sus contribuyentes en otros Estados miembros, al considerar que las multas impuestas en caso de incumplimiento "son desproporcionadas".

A través de un dictamen motivado, el último paso en el procedimiento de infracción a un Estado miembro antes de remitir una denuncia al Tribunal de Justicia, la CE pidió a España que modifique estas normas, ya que las actuales multas pueden disuadir las inversiones en el mercado único.

"Como las multas son mucho más altas que las sanciones aplicadas en un contexto puramente nacional, la normativa puede disuadir a las empresas y a los particulares de invertir en el mercado único o desplazarse por él", argumentó la CE a través de un comunicado.

El Ejecutivo comunitario considera que "estas disposiciones son discriminatorias y entran en conflicto con las libertades fundamentales de la Unión Europea UE".

De no recibir "una respuesta satisfactoria" en el plazo de dos meses, la CE puede llevar a España ante el TJUE por este asunto y pedir sanciones.

Economía y empleo

Acepto Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, realizar análisis estadísticos sobre los hábitos de navegación de nuestros usuarios y facilitar la interacción con redes sociales. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies.