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Violeta Bulc asegura que los monopolios impiden que los puertos sean competitivos

PUERTOS | 07 de marzo de 2017

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, durante la reunión que mantauvieron en Madrid. (Foto: EFE/Sergio Barrenechea)

Madrid (EuroEFE).- La comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, aseguró que en referencia al modelo de la estiba en España que los monopolios ya no son una forma sostenible, porque ahora impiden que los puertos sean competitivos.

El Gobierno español aprobó el pasado 24 de febrero, a requerimientos de la Unión Europea, el real decreto ley de reforma de la estiba, que ahora tiene que ser convalidado por el congreso y que rechazan los sindicatos.

En su intervención en la jornada "Diálogo con los ciudadanos: juventud y movilidad", Bulc explicó que los monopolios que había en Europa, a través de las asociaciones de estibadores de puerto, se abordaron de distintas formas, pero siempre se llegó al mismo resultado después del periodo de transición.

La comisaria relató que ha invitado en varias ocasiones a las asociaciones y sindicatos de estibadores españoles a proponer formación y educación que pudieran necesitar para ser los más preparados del mundo dentro de su profesión, pero no ha recibido nada.

Bluc volvió a invitar a los sindicatos a hacer llegar una propuesta en este sentido porque considera que la única forma de que los puertos se desarrollen es que los trabajadores tengan la formación y la educación más adecuadas, una idea que, aseguró, seguirá apoyando.

La comisaria dijo que Europa ha estado esperando mucho tiempo para que España reformara el sector y ha instado al Gobierno español a promover esta ley, ya que el incumplimiento de la normativa europea ya ha acarreado una multa de 22 millones de euros.

No obstante, matizó que, al ver que, por fin, el Gobierno actuaba, se congeló la sanción acumulada hasta ahora, por lo que invitó a todas las partes involucradas en el proceso a que mantengan el diálogo social abierto porque los problemas de los trabajadores se pueden solucionar con otras herramientas y no deberían mezclarse con el decreto ley.

Bulc indicó que estaba encantada de que haya más diálogo y más propuestas, pero instó a que los temas laborales se traten en el foro adecuado.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que acompañó a Bulc en la jornada, se mostró convencido de que, si hay voluntad de poder cerrar un acuerdo entre empresas y sindicatos en el marco de la negociación colectiva, es perfectamente posible. Además, el Gobierno ha retrasado una semana la convalidación del decreto, prevista en un principio para el próximo jueves.

De la Serna insistió en que el Ejecutivo aprobó la reforma de la estiba porque España tenía que cumplir con una modificación legal y evitar, así, la sanción de Europa y, a partir de ahí, ha abierto un proceso de diálogo para intentar flexibilizar al máximo el decreto ley.

Según el ministro, se puede garantizar el mantenimiento del empleo porque las partes decidan poner toda su voluntad para hacerlo y porque, además, el Gobierno "va a estar ahí" con instrumentos legales para favorecer a que la reestructuración se haga por el cien por cien de los trabajadores.

Podemos e IU trasladan a la CE su oposición a la reforma de la estiba

Eurodiputados de Podemos y de Izquierda Unida remitieron una carta a la comisaria europea de Transporte en la que criticaron que el proyecto de reforma del sector de la estiba en España "no respeta la autonomía de los interlocutores sociales ni su derecho fundamental a la negociación".

En la misiva, Tania González (Podemos) y Paloma López (IU) denuncian que el decreto del Gobierno infringe las normas de la UE no solo en materia de negociación colectiva, sino también en cuanto a las "normas de ayudas estatales y trabajo de la UE".

Señalan, además, que la liberalización de la estiba "se traducirá en una caída de la productividad de los puertos españoles y en un deterioro de las condiciones de trabajo en los mismos, en particular en lo que se refiere a las normas de salud y seguridad".

De no hacerse como muy tarde el próximo 24 de marzo, las multas de 21,5 millones de euros que ya pesan sobre España por esta cuestión podrían verse incrementadas en con 134.000 euros diarios si no se aprueba la modificación legal reclamada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).

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