18 de enero de 2018
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Economía y empleo

España pide soluciones específicas para transporte en las normas para trabajadores desplazados

 Imagen de archivo de trabajadores españoles con destino a Francia para participar en la vendimia. EFE

Imagen de archivo de trabajadores españoles con destino a Francia para participar en la vendimia. EFE

Luxemburgo (EuroEFE).- La ministra española de Empleo, Fátima Bánez, defendió ante sus homólogos de la Unión Europea (UE) que deben encontrarse "soluciones específicas" para el sector del transporte internacional en las nuevas normas para trabajadores desplazados, que los Veintiocho buscan pactar este lunes.

Durante el debate sobre la propuesta en el consejo de ministros de Empleo que se celebra en Luxemburgo, la titular española defendió que el acuerdo debe alcanzar un "equilibrio" también para el sector del transporte internacional "que por su naturaleza específica y alta movilidad requiere soluciones específicas".

Los Veintiocho están llamados a acordar una posición común para la negociación final con la Eurocámara de la revisión de la directiva de trabajadores desplazados, que rige la actividad de aquellos empleados que son enviados por su empresa a otro Estado miembro de la UE para prestar un servicio durante un tiempo determinado.

La ministra señaló que una solución podría ser la propuesta hecha por la presidencia estonia de la UE, que prevé aplazar la aplicación de las nuevas normas al sector del transporte internacional hasta que se acuerde el llamado paquete de movilidad, un conjunto de propuestas específicas para el sector del transporte planteadas por la CE en junio y que actualmente negocian los ministros europeos.

"Esto no significaría que las reglas actuales dejen de aplicarse, solo se pospondría la aplicación de lo que se acuerde hoy. En este sentido, no prejuzgaría las discusiones del Paquete de Movilidad", dijo el ministro estonio de Empleo, Jevgeni Ossinovski, durante el debate público.

Por otra parte, Bánez señaló que España está a favor de que la duración máxima del desplazamiento sea de 24 meses -a partir de entonces se le aplicarían todas las leyes laborales del país de destino- por considerar que supone "un equilibrio razonable entre la naturaleza temporal de dicho desplazamiento y la garantía de los trabajadores".

España apoya asimismo el principio de que los trabajadores desplazados cobren el mismo sueldo que los locales por la misma labor, y no solo el salario mínimo como fijan las normas actuales.

"Tenemos que mantener un equilibrio entre la libre circulación de personas y prestación de servicios sin que la producción y la competitividad se vean afectadas", afirmó la ministra, quien confió en que hoy se llegará a un acuerdo si los países "buscan desde la generosidad puntos de encuentro".

La presidencia de la UE espera un acuerdo sobre normas para los trabajadores desplazados

Los Veintiocho están llamados a alcanzar un acuerdo de cara a la negociación final con la Eurocámara de los cambios en la legislación que se aplica a los trabajadores desplazados, aquellos que son enviados por sus empresas a otros Estados miembros de la UE para prestar un servicio por un tiempo determinado.

Ossinovski aseguró que en los últimos meses la presidencia "ha hecho un trabajo inmenso para solventar las diferencias entre los países" sobre esta propuesta "difícil", y subrayó que hay la posibilidad de que este lunes se cierre un acuerdo "que garantizaría el derecho a la libertad de movimientos en servicios, pero al mismo tiempo protegería los derechos de los trabajadores".

La Comisión Europea (CE) propuso en marzo de 2016 revisar esta legislación, que data de 1996, pero hasta ahora no se ha llegado a un consenso porque mientras algunos países lo apoyan, como Francia, Alemania, Italia u Holanda, otros tienen reticencias, como España, Portugal, Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria.

Algunas divergencias

Los principales puntos de divergencia, señaló el ministro estonio, son el periodo máximo durante el que los trabajadores podrán permanecer desplazados -la CE propone 24 meses- y la aplicación de las normas al sector del transporte por carretera y el cabotaje.

A España el plazo de 24 meses le parece "razonable", pero en cuanto al transporte cree que la naturaleza de este sector "no justifica" que se le apliquen las normas de trabajadores desplazados, según fuentes diplomáticas.

Por su parte, la comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, también se mostró "muy confiada" en la posibilidad de alcanzar un acuerdo si hay "voluntad política" para ello, aunque recordó que "el diablo está en los detalles" de los temas que quedan por pactar.

Thyssen aseguró que el Ejecutivo comunitario está a favor de la libertad de movimientos, pero defendió que esta tiene que organizarse de forma "clara" para garantizar la "justicia" en el mercado laboral.

Además de la duración máxima de los desplazamientos y las normas aplicables al transporte, los países deben decidir la fecha de entrada en vigor de la misma y el periodo de transición, que para España debería ser "amplio" puesto que las nuevas normas serán difíciles de transponer en las legislaciones nacionales, según fuentes diplomáticas.

A mismo trabajo, mismo salario

La propuesta de la Comisión prevé que los trabajadores desplazados cobren lo mismo que los locales, incluidas primas o extras, y no solo el salario mínimo del país como hasta ahora.

Asimismo, fija un tiempo máximo de 24 meses de desplazamiento, tras el cual empezarían aplicárseles todas las leyes laborales del país de destino.

El grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, República y Checa y Eslovaquia), principales detractores de la revisión, creen que las medidas impedirán el libre movimiento en la prestación de servicios, fracturarán el mercado interior y minarán la competencia económica entre países, indican fuentes diplomáticas, que añaden que estos países están haciendo esfuerzos para solventar las preocupaciones de sus socios.

Estas vienen en particular de Francia, principal receptor de trabajadores desplazados, que defiende que se apruebe e incluso se restrinja a solo doce meses el periodo máximo de desplazamiento.

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