18 de enero de 2018
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Asuntos sociales

España logra un pacto de Estado contra la violencia machista

 Concentración en Madrid el 14 de mayo de 2017 contra la violencia machista. EFE/Archivo

Concentración en Madrid el 14 de mayo de 2017 contra la violencia machista. EFE/Archivo

Madrid (EuroEFE).- El Congreso español aprobó este lunes por unanimidad un pacto de Estado contra la violencia machista que incluye doscientas medidas con una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros en cinco años.

Entre las medidas más destacadas figura que las mujeres víctimas de violencia de género sin recursos y sin trabajo puedan tener seis meses de prestación por desempleo para poder dar un paso adelante en su nueva vida.

Todos los partidos políticos han decidido que en todos los colegios haya asignaturas obligatorias para hablar de igualdad o que en las carreras profesionales de los ámbitos sanitario, judicial, educativo o policial las asignaturas de violencia de género sean obligatorias y evaluables.

Igualmente se ha dado un paso adelante en el derecho de dispensa a declarar que tienen todos los denunciantes y que en el caso de violencia de género es una de las principales razones por las que las mujeres no denuncian.

"Un hecho sin precedentes" en la historia de España

Este pacto de Estado ha sido calificado como "un hecho sin precedentes" en la historia de España, en palabras del vicesecretario del gubernamental Partido Popular, Javier Maroto, quien ha destacado que el acuerdo va a acompañado de la correspondiente dotación presupuestaria.

Tras escuchar a varias decenas de expertos en los últimos meses, las recomendaciones del Congreso son sobre prevención, asistencia a las víctimas, protección de los menores de edad, la formación de personal especializado o la mejora de la información sobre esta lacra social.

En lo que va de 2017 al menos 31 mujeres murieron a causa de violencia machista en España, y fueron 44 en 2016 (25 españolas y 19 extranjeras). Entre 2003 y 2016, las víctimas mortales llegaron a 870, según datos oficiales, con 2008 como año más trágico: 76 fallecidas.

Entre otras reformas judiciales, el Parlamento plantea regular la prohibición de que los hijos menores puedan visitar en la cárcel al padre maltratador condenado.

Una de las propuestas se centra en la reestructuración del sistema de atención social para la identificación, el acompañamiento y la protección de las mujeres que no han interpuesto denuncia.

Además, no será necesario interponer una denuncia penal para el reconocimiento de la condición de mujer beneficiaria de los servicios jurídicos, medidas de protección, asesoramiento o acompañamiento.

La acreditación como víctima de maltrato se podrá hacer a través de sentencias que declaren que la mujer ha sufrido cualquiera de las formas de violencia definidas en la ley, orden de protección vigente o resolución judicial que hubiera acordado este tipo de medida, informe del fiscal, atestado policial, informe médico o psicológico o informe de servicios públicos con capacidad de identificar estas situaciones.

Para activar el sistema de acompañamiento de la mujer y evitar su desprotección, se plantea la creación de unidades locales de apoyo a cargo de un equipo multidisciplinar de profesionales.

El número de maltratadas, las denuncias de violencia machista y las condenas de agresores aumentaron durante 2016 en España, según un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ese año fueron 134.462 las víctimas de agresiones machistas por sus parejas o exparejas; esto es, un 8,7 % más que en 2015, de las que el 70 % eran españolas y el 30 %, extranjeras.

Las denuncias en los tribunales llegaron a 142.893, un 10,6 % más respecto de 2015. Las propias víctimas se atrevieron a denunciar en siete de cada diez casos.

Las sentencias dictadas llegaron a 47.175, de las que 31.232 fueron condenas; y 15.943, absoluciones.

El asesinato de Ana Orantes en 1997, un antes y un después en la concienciación

El asesinato de una mujer llamada Ana Orantes, quemada viva por su exmarido en 1997 en Granada (sur de España), removió la conciencia social y política de España sobre este problema.

Esto dio pie a una serie de reformas legislativas, judiciales y asistenciales acometidas por gobiernos sucesivos, aunque la violencia machista ha continuado al margen de los altibajos de los datos.

Así, el Ejecutivo del Partido Popular (PP, centroderecha) comenzó, en 1998, a aprobar los planes plurianuales de acción contra la violencia machista e impulsó la Orden de Protección de las víctimas de Violencia Doméstica en 2003.

En 2004, a propuesta del Partido Socialista, que gobernaba entonces, el Parlamento aprobó por unanimidad la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para la protección económica y laboral de las amenazadas y la creación de juzgados especializados.

El gobierno actual, también del PP, prosiguió con estrategias de de refuerzo de medidas judiciales y policiales.

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