19 de julio de 2018
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Entra en vigor el CETA. "Radiografía" del acuerdo UE-Canadá

 El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker (d), el primer ministro canadiense, Justin Trudeau (c), y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, (izq) en Bruselas, tras la firma del CETA. (Foto: EFE) 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker (d), el primer ministro canadiense, Justin Trudeau (c), y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, (izq) en Bruselas, tras la firma del CETA. (Foto: EFE) 

El 21 de septiembre de 2017 entró en vigor (aunque de momento, de manera provisional) el ambicioso acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Canadá, más conocido como CETA. El 30 de octubre de 2016, la UE y el país norteamericano rubricaban este acuerdo bilateral de libre comercio. Culminaban así siete años de difíciles negociaciones entre Ottawa y Bruselas. Mientras los movimientos de izquierda y antiglobalización critican el CETA porque, según aseguran, beneficia a las multinacionales, los representantes políticos de ambas partes calculan que el acuerdo generará beneficios anuales de hasta 12.000 millones de euros para la UE y de unos 8.000 millones para Canadá.

Los partidarios del tratado subrayan la importancia de Canadá como socio comercial para la UE, y los ingentes beneficios que supondrá el acuerdo.

Según datos de la agencia estadística de la UE (Eurostat), los Veintiocho (27 socios en 2019, si se concreta el "brexit") son el segundo socio comercial de Canadá, tras Estados Unidos, mientras que Canadá ocupa el puesto número 12 en su relación comercial con la UE.

Canadá ocupa el número 30 como socio comercial de España, y el 45 como proveedor de la economía española.

Bruselas se felicita por la entrada en vigor del acuerdo

En ese sentido, tanto el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, como la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, expresaron -la víspera de la entrada en vigor del acuerdo- su satisfacción y optimismo por los beneficios que reportará para ambas orillas del Atlántico.

"Este acuerdo engloba lo que queremos que sea nuestra política comercial: un instrumento para el crecimiento que beneficie a las empresas y los ciudadanos de Europa, así como un instrumento para proyectar nuestros valores, encauzar la globalización y configurar las normas del comercio mundial. Este acuerdo comercial ha sido objeto de un riguroso control parlamentario que refleja el creciente interés de los ciudadanos por la política comercial", comentó Juncker en un comunicado.

"Las cosas están a punto de cambiar para nuestros exportadores. La entrada en vigor provisional permite a las empresas y los ciudadanos de la UE empezar a aprovechar de inmediato las ventajas de este acuerdo. Es una señal positiva para la economía mundial, y tiene potencial para impulsar el crecimiento económico y crear puestos de trabajo.", aseguró por su parte la comisaria, al tiempo que destacó que se trata de "un acuerdo moderno y progresivo, que pone de relieve nuestro compromiso con un comercio libre, justo y basado en valores".

Malmström hizo alusión así a una de las críticas más recurrentes de los detractores del CETA, que temen que la implantación del sistema de tribunales para resolver litigios Estado-inversor que incluye el acuerdo pueda coartar la capacidad de legislar de los países en favor de empresas. Ese sistema sólo entrará en vigor cuando el acuerdo haya sido refrendado a nivel nacional por los Estados miembros de la UE.

Precisamente, el 6 de septiembre de 2017 Bélgica anunció que pedirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una opinión sobre la compatibilidad del CETA con los tratados europeos. Bélgica planteará cuatro cuestiones al TJUE, principalmente sobre la competencia del mencionado sistema de tribunales al margen de las cortes públicas.

Volumen de comercio entre España y Canadá, y con América latina

España y Canadá son, respectivamente, el segundo y tercer inversores en Latinoamérica. Intercambian productos farmacéuticos, alimenticios, maquinaria, minerales, combustibles o vehículos, entre otros. En 2015 España tuvo un balance comercial positivo con Canadá por valor de 479 millones de euros.

El CETA protege 145 denominaciones de origen europeas, 26 de ellas de España: 15 aceites de oliva, azafrán de la Mancha, los quesos Manchego y de Mahón, los turrones de Alicante y de Jijona, el embutido de Guijuelo y los jamones de Huelva y Teruel, así como el salchichón y la llonganissa de Vic.

Además, Canadá reconocerá como "marca de la UE" productos etiquetados como: Cítricos Valencianos o Cítrics Valencians, pero se permitirá seguir operando en la UE a marcas canadienses como Orange Valencia o Valencia Orange.

Sin embargo, los representantes de las organizaciones agrarias españolas mantienen una postura escéptica. Por un lado, la apertura del mercado canadiense ofrece oportunidades para algunos subsectores con clara vocación exportadora. Además, al pertenecer Canadá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), el CETA servirá de "antesala" para que los productos españoles tengan mejor acceso a mercados como el de EEUU o México. Pero, por otro lado, el sector debe permanecer "alerta" sobre la aplicación y la gestión del acuerdo, ya que "algunos elementos no están claros", según los más críticos, y el modelo productivo canadiense es muy diferente al comunitario, sostienen.

Comercio entre la UE y Canadá

Las relaciones comerciales de la UE con Canadá se articulan en base al Acuerdo Marco de Cooperación Comercial y Económica de 1976, primer convenio de carácter no preferencial que la UE firmó con un país industrializado y que, desde entonces, ha servido de base para la gestión de las relaciones comerciales bilaterales. Además de este tratado, para facilitar el comercio, se han ido firmando varios acuerdos bilaterales, algunos de carácter sectorial, como el Acuerdo de Cooperación Aduanera (1997), el Acuerdo Veterinario (1999) o el Acuerdo de Vinos (2003) .

Actualmente, según los datos de Eurostat de 2015, Canadá ocupa el puesto número 11 entre los socios comerciales de la UE, lo cual representa un intercambio de 521 millones de euros, equivalentes al 15% del total. Los líderes en este ranking y los socios comerciales principales continuaron siendo Estados Unidos (619 millones de euros, equivalentes al 18% del total del comercio de bienes de la UE) y China (521 millones de euros, equivalentes al 15%), justo por delante de Suiza y Rusia.

Canadá es el decimosegundo socio en importancia para la UE en cuanto a importaciones (1,6 % de todas las importaciones de los Veintiocho), por detrás de Vietnam y delante de Taiwán.

En cuanto a las exportaciones, Canadá ocupa el decimotercer puesto como socio de la UE, detrás de Hong Kong y Brasil. Los bienes manufacturados dominan tanto las exportaciones como las importaciones.

En 2015 se registró entre ambas partes un superávit de 6.900 millones de euros, un récord para la balanza comercial entre los dos socios, gracias al aumento de las exportaciones. Al analizar los datos del balance por países, se observa que entre las naciones europeas el superávit más alto se produjo con Alemania y el mayor déficit se produjo con el Reino Unido.

Los puntos principales del CETA

Tras firmar el acuerdo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y Jean-Claude Juncker, subrayaron que una de las ventajas del tratado es su potencial para crear nuevos puestos de trabajo.

Según Juncker, el CETA supone "un nuevo capítulo" en las relaciones entre la UE y Canadá, que abrirá nuevas oportunidades "a más de 500 millones de personas a ambos lados del Atlántico".

Trudeau, por su parte, comentó: “Los canadienses y los europeos comparten la visión de que para que haya un crecimiento económico real y significativo, tenemos que crear mejores puestos de trabajo y bien pagados para nuestros ciudadanos. Acuerdos comerciales progresivos como el firmado hoy, harán precisamente eso.”

Si se examina su "arquitectura" principal, el CETA es un acuerdo de libre comercio que no sólo elimina derechos aduaneros, sino que también generaliza algunas normas para facilitar los intercambios. Así, reduce o elimina gravámenes en ambas fronteras y bajo condiciones precisas, a productos agrícolas, ganadería y lácteos, pescado, manufacturas o metales.

El tratado elevará progresivamente las cuotas de la UE para productos agrícolas de Canadá, que a su vez dejará que las empresas europeas accedan al 30 % de sus mercados públicos, frente al 10 % actual, y facilitará el negocio para las firmas de telecomunicaciones, servicios financieros, energía o transporte.

Además, Canadá blindará 145 de las 1.500 denominaciones de origen europeas y elevará de 20 a 22 años la protección de las patentes farmacéuticas de los laboratorios de la Unión.

También se refuerzan los derechos de autor, se mejora la convalidación de títulos universitarios y profesionales y se facilita la expatriación de trabajadores.

Quedarán fuera del acuerdo sectores como los servicios sanitarios y sociales o la educación y se aplicarán restricciones a otros, como el audiovisual, que quedará protegido por la llamada "excepción cultural". Tampoco permite la exportación canadiense de organismos genéticamente modificados (OGM) o ternera tratada con hormonas.

Críticas al CETA

Aunque las instituciones europeas están convencidas de que el CETA supondrá muchos beneficios para ambas partes, el acuerdo ha recibido muchas críticas desde algunas organizaciones europeas de la sociedad civil, además de la opinión contraria de diferentes movimientos en los países de la Unión.

Grupos de izquierda y antiglobalización de la UE han criticado duramente al CETA, entre otros asuntos por la -a su juicio- opacidad con la que se negoció el acuerdo. Lo consideran "el caballo de Troya" del -de momento en suspenso- acuerdo comercial transatlántico entre la UE y EE.UU (conocido como TTIP por sus siglas en inglés), y actualmente en el limbo debido al rechazo del presidente estadounidense, Donald Trump. Esos grupos sostienen que el CETA beneficia más a las multinacionales que a los ciudadanos.

El ámbito que más desconfianza ha generado es el de los arbitrajes del denominado "Investment Court System (ICS)": un sistema privado de administración de Justicia entre inversores y Estados con el que se pretende "estandarizar" interpretaciones y acelerar las decisiones.

Ante la reticencia que suscitaban los arbitrajes, se decidió que fueran la UE y Canadá quienes eligiesen a los jueces, y se reforzaron además los códigos de conducta y se introdujo el derecho de apelación.

Respecto a la postura de los diferentes Estados de la UE a la hora de aceptar el acuerdo, más allá del bloqueo de la región belga francófona de Valonia, Rumanía y Bulgaria reclamaron reciprocidad en la política de visados; Eslovenia y Hungría temían que los jueces de los arbitrajes no conocieran sus sistemas legales; Grecia se quejó porque no se respetaba la denominación del queso Feta y el Tribunal Constitucional alemán acabó dando luz verde al CETA, no sin antes analizarlo con microscopio.

Para saber más:

Los beneficios del CETA para España

Por Olha Kosova y Fernando Heller

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