18 de noviembre de 2017
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El Reino Unido define su postura en las negociaciones del Brexit

 Británicos que votaron a favor del "brexit" participan en una protesta para reclamar la puesta en marcha del artículo 50 del Tratado de Lisboa, ante el Parlamento en Londres, Reino Unido. (Foto: EFE/ANDY RAIN)

Británicos que votaron a favor del "brexit" participan en una protesta para reclamar la puesta en marcha del artículo 50 del Tratado de Lisboa, ante el Parlamento en Londres, Reino Unido. (Foto: EFE/ANDY RAIN)

Madrid (EuroEFE).- Este lunes 28 de agosto empieza la nueva ronda de negociaciones entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido sobre la salida de ese país del bloque europeo, también conocido como “brexit”. Londres ha publicado, a lo largo de las últimas dos semanas, una serie de documentos oficiales que marcan su postura ante las conversaciones con los otros 27 países miembros de la UE.

El negociador británico para el “brexit”, David Davis, afirmó que el Reino Unido “está preparado para empezar un diálogo formal” con Bruselas y que “está claro que nuestra separación de la UE y nuestra futura relación están relacionadas de manera inextricable”.

Asimismo, Davis manifestó que estos documentos “proporcionarán a empresarios y consumidores certidumbre y confianza en cuanto al estatus del Reino Unido como poder económico al abandonar la UE”.

Un sistema aduanero para evitar un "abismo" tras el "brexit"

En el primer documento oficial publicado el 15 de agosto, el Gobierno británico plantea un sistema aduanero que evitaría un "abismo" entre Londres y la UE. El texto detalla que el Reino Unido podría plantear a Bruselas que establezca "una unión aduanera temporal" de duración limitada, entre "uno y dos años", con el objetivo de facilitar el comercio con el resto de los 27 una vez se efectúe la marcha de la UE, y que evitaría problemas fronterizos. 

Durante ese plazo, Londres quiere poder negociar sus propios acuerdos comerciales internacionales, algo que no puede hacer ahora como integrante de la unión aduanera.

Una vez expirado el periodo estipulado, el Reino Unido sugiere dos posibles modelos para el intercambio de bienes en la futura relación comercial entre ambas partes, según se detalla en el informe.

Uno de ellos sería llegar a un acuerdo aduanero "muy simplificado" entre ambas partes, con requisitos que generasen "las mínimas fricciones posibles", destinado a "continuar algunos de los acuerdos existentes con la UE, y reducir y eliminar barreras comerciales a través de otros nuevos".

El segundo es una nueva "asociación aduanera", distinta a la actual unión, que "terminaría con la necesidad de una frontera comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea".

El negociador británico afirmó en una rueda de prensa que "el Reino Unido es el principal socio comercial de la UE, así que redunda en el interés de ambas partes que alcancemos un acuerdo sobre nuestra futura relación".

Londres intentará evitar reintroducir fronteras con Irlanda tras su salida de la UE

Un día después, el 16 de agosto, el Gobierno británico afirmó en un nuevo documento que quiere evitar reintroducir controles fronterizos entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte para "abordar las circunstancias únicas" de esa región.  

Al encarar la espinosa cuestión de la frontera norirlandesa, el Ejecutivo plantea ideas "prácticas y flexibles" con las que quiere asegurar que tanto las personas como los bienes sigan viajando libremente entre ambas "Irlandas" tras el "divorcio".

"El Reino Unido e Irlanda siempre han sido claros en que es necesario dar prioridad a proteger el Acuerdo de Belfast en estas negociaciones, y asegurar que la frontera terrestre sea lo más sencilla posible para las personas y los negocios", señaló el ministro para el "brexit", David Davis, en un comunicado.

El Ejecutivo británico buscará, además, que los norirlandeses sigan conservando -como recoge el citado acuerdo- el derecho por nacimiento a la doble nacionalidad británica e irlandesa.

También se expresa el deseo de alcanzar un pacto con Bruselas que evite la reinstalación de "infraestructuras físicas", como puestos fronterizos, entre las dos Irlandas.

Una fuente del Gobierno de Theresa May señaló a The Guardian que parten de "principios muy claros" como "acordar que no haya fronteras físicas, que implicarían regresar a los puestos fronterizos del pasado, algo completamente inaceptable para el Reino Unido". De no ser así, abogaría por un acuerdo comercial "altamente simplificado" entre ambas partes.

En el texto, el Reino Unido reafirma también su determinación a mantener la llamada Área de Circulación Común (CTA), que posibilita la libre circulación de ciudadanos británicos e irlandeses hacia ambos lados de la frontera.

El documento rechaza la idea de una "frontera marítima", que derivaría en el establecimiento de controles de pasaporte a los pasajeros que lleguen a puertos y aeropuertos de Irlanda por considerarlo "inconstitucional o económicamente inviable". Además, adelanta que planteará opciones para preservar los actuales mecanismos de cooperación institucional entre Irlanda del Norte, Irlanda y el Reino Unido, entre ellos, los que regulan el mercado energético.

Un acuerdo con "menos fricciones posibles"

El 21 de agosto, el Gobierno británico publicó en su página oficial dos textos subrayando su posición con relación a los bienes de consumo y la confidencialidad y acceso a documentos oficiales.

En cuanto al primero,  Londres indicó, además, que siempre ha sido claro "en que los exportadores y los negocios tienen que poder planear con antelación con certidumbre", por lo que buscará "un acuerdo con la UE que permita el comercio de bienes y servicios más libre y con las menos fricciones posibles" en "beneficio de todos".

A la hora de detallar su postura en este sentido, el Ejecutivo pretende asegurar que los bienes de consumo que ya estén en circulación en el mercado el día antes de la marcha oficial de la UE "puedan continuar vendiéndose tanto en el Reino Unido como en la UE, sin requisitos o restricciones adicionales".

El Gobierno quiere, además, evitar que se someta "por duplicado, de manera innecesaria" a procesos de autorización a aquellos productos que ya habían recibido luz verde para su circulación en la UE antes de consumarse el "divorcio".

También buscará "protección para el consumidor" en ambos lados tras el "brexit", por lo que "cualquier acuerdo tendrá que facilitar la supervisión continuada de los productos a fin de asegurar que se adoptan las medidas necesarias para los bienes que no sean seguros o no cumplan con la normativa".

Finalmente, este país propondrá a Bruselas que haya servicios asociados a los bienes de consumo por considerar que ambos están "interconectados". El Gobierno explicó que sus propuestas están ideadas con el objetivo de evitar "un precipicio para negocios y consumidores, proporcionando una temprana certidumbre que respalde a la vez un avance hacia esta nueva y profunda relación especial".

Ya en cuanto al otro asunto de la confidencialidad y acceso a documentos, Londres considera "importante establecer marcos para el continuo respeto de obligaciones de confidencialidad y la protección de información que se intercambió mientras el Reino Unido era un Estado miembro, y esto debería ser recíproco".

Además, el Gobierno señaló que tras la retirada del Reino Unido de la UE, los datos e informaciones de ambos los lados deben contar con un nivel equivalente de protección.

Londres buscará una "cooperación estrecha" con la UE

Un día después, el 22 de agosto, Londres reveló que propondrá a Bruselas llegar a un acuerdo que garantice una "cooperación estrecha" entre ambas partes para resolver disputas legales tras el "brexit".

En el texto, el Gobierno considera necesario fraguar un acuerdo con la UE a fin de gestionar casos de divorcio, disputas comerciales o reclamaciones de consumidores que afecten a personas de varios países una vez se consume la marcha británica del bloque, prevista para marzo de 2019.

Si actualmente son las normativas comunitarias las que especifican cómo lidiar con cada asunto, según su naturaleza, el Ejecutivo británico sostiene que este tipo de disputas legales deberán resolverse en el futuro "de manera clara y sensata".

Como ejemplo de disputas que podrían requerir de soluciones legales, el ministro británico de Justicia, David Lidington, enumeró a la BBC casos en los que "una esposa alemana se divorcia de un marido británico, un padre británico cuyos niños han sido llevados a Grecia, o un sueco que ha comprado en una empresa británica 'online'".

Londres no ve necesidad en la jurisdicción directa del Tribunal de Justicia Europeo

En otro documento, publicado el 23 de agosto, El Gobierno británico señaló que pretende terminar con la "jurisdicción directa" del Tribunal de Justicia Europeo en el Reino Unido una vez consumado el "brexit".

En dicho documento, el Ejecutivo considera que si bien este país ambiciona forjar una "relación especial" con los 27 después del "divorcio", no es "ni necesario ni apropiado" que el tribunal comunitario tenga jurisdicción en el Reino Unido.

En este sentido, remarca que no existen "precedentes" que impliquen que la corte europea ejerza jurisdicción sobre un estado no comunitario.

No obstante, el Tribunal europeo de Justicia podría continuar ejerciendo jurisdicción sobre la legislación británica durante el periodo transitorio hacia el "brexit", tras marzo de 2019, que previsiblemente podría durar unos años.

Durante esa fase temporal, Londres cree que cualquier nuevo mecanismo de resolución de disputas entre ambas partes deberá tener en cuenta los dictámenes de la corte de Luxemburgo, según el texto.

Tras la difusión del documento, la primera ministra May anunció que este país "recuperará el control" de su legislación después del "brexit". "Lo que está absolutamente claro es que cuando abandonemos la UE, abandonaremos la jurisdicción del Tribunal europeo de Justicia", afirmó la "Premier" en una visita a Guilford, en el condado inglés de Surrey.

Abandonar la zona de control de la Corte europea de Justicia es uno de los objetivos primordiales de aquellos que abogaron por el "brexit" o marcha del bloque común.

Sin embargo, la Comisión Europea (CE) insiste, por su parte, en que la corte comunitaria deberá supervisar la implementación del acuerdo de salida de la UE, así como los derechos de los ciudadanos comunitarios que vivan en el Reino Unido tras el "brexit".

Los datos personales deben ser protegidos y compartidos de manera segura y regulada por ambas las partes

El jueves 24 de agosto, en un nuevo documento, el Gobierno británico comunicó que instará a la UE a establecer un marco que garantice que ambas partes seguirán protegiendo y compartiendo datos personales tras el "brexit" de manera "segura, adecuada y regulada”.

Londres se plantea en este sentido adoptar un modelo de intercambio y protección de información que redundaría "en el interés de los consumidores, empresas y autoridades públicas, tanto en el Reino Unido como en la UE".

El modelo que baraja el Ejecutivo "refleja un alineamiento sin precedentes entre la legislación británica y la comunitaria y reconoce los altos estándares de protección de datos que entrarán en vigor en el momento de efectuar la salida".

"En el mundo actual, el flujo de datos apuntala cada vez más al comercio, los negocios y todas las relaciones", indicó hoy en un comunicado el secretario de Estado británico para asuntos digitales, Matt Hancock.

El político agregó que este país quiere asegurarse de que ese flujo de información entre ambas partes no se ve "entorpecido" con la marcha de la UE, con lo que "una futura relación de datos sólida entre el Reino Unido y la UE, en base a reglas sobre protección de datos que vayan a la par, redunda en nuestros intereses mutuos".

"El Gobierno cumplirá con sus obligaciones legales"

En declaraciones a emisora británica BBC Radio 4, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, aseguró que este país "sin duda cumplirá con sus obligaciones" legales con los 27.

El jefe de la diplomacia británica reconoció ahora que este país tendrá que pagar dinero a la Unión Europea (UE) por abandonar el bloque, tras haber indicado el pasado mes que no "reconocía" la cifra barajada por Bruselas en concepto de "factura" por el "brexit", fijada entre los 60.000 y los 100.000 millones de euros.

No obstante, Johnson también puntualizó que con esto no está diciendo que acepte la interpretación del responsable de la UE de las negociaciones para el "brexit", Michel Barnier, sobre cuáles son sus obligaciones.

"Pero sí estoy diciendo que, sin duda, cumpliremos con nuestras obligaciones legales, tal y como las entendemos, y eso es, además, lo que se espera que haga el Gobierno británico", apuntó.

En cuanto a sus declaraciones el pasado mes sobre esa factura del "brexit", Johnson indicó además que entonces se le había preguntado "por sumas muy elevadas, unos 100.000 millones de euros o libras", una cifra que, reiteró, "no reconoce".

 

Para saber más:

Lista de documentos oficiales publicados por el Gobierno británico

Por Nayara Batschke


 

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