14 de noviembre de 2018
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Cómo, por qué y a quién sanciona la UE

 Un cliente de un banco muestra billetes del nuevo cono monetario tras retirar dinero en la entidad el 21 de agosto de 2018, en Caracas. EFE/Cristian Hernández

Un cliente de un banco muestra billetes del nuevo cono monetario tras retirar dinero en la entidad el 21 de agosto de 2018, en Caracas. EFE/Cristian Hernández

Venezuela, Rusia, Corea del Norte, Irán son países sobre los que pesan actualmente sanciones de la Unión Europea (UE). Se trata de un instrumento de la política exterior y de seguridad común (PESC) ya que ayuda a promover sus objetivos como son la paz, la democracia y el respeto del Estado de derecho, a los derechos humanos y al derecho internacional.

La UE actuó recientemente para limitar el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán en el contexto de la protección del acuerdo nuclear firmado entre Irán y seis grandes potencias, del que Estados Unidos se retiró unilateralmente el mes pasado, renovando la tensión que parecía haberse apaciguado tras la firma de la "paz" comercial.

"Quiero dejar esto muy claro: estamos hablando de relaciones económicas y comerciales con Irán porque son parte integral del acuerdo nuclear", dijo Mogherini durante una rueda de prensa en Wellington, en el marco de su último viaje a Nueva Zelanda .

Sin embargo, la UE participó desde 2011 con las sanciones económicas y diplomáticas a Irán, que fueron levantadas con la entrada en vigor en enero de 2016. Y es que la UE impone sanciones con el objetivo de producir un cambio en la política o la conducta de aquellos a los que van dirigidas con vistas a fomentar los objetivos de la PESC y las medidas restrictivas son revocadas si los sancionados evolucionan positivamente.

¿A qué países sanciona la UE?

En los últimos años la UE ha sancionado a una treintena de países, entre los que destacan Irán, Siria y Corea del Norte por ser contra los que se han impuesto un mayor número de medidas restrictivas. Sin embargo, no más de diez países son el objetivo de sanciones en la actualidad: Bielorrusia, Bosnia Herzegovina, Irán, Guinea, Maldivas, Moldavia, Myanmar, Rusia, Siria, Túnez, Ucrania, Venezuela, y Zimbabue.

Además, la UE aplica todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y mantiene un diálogo permanente con la organización internacional para coordinar mejor las medidas o sanciones respectivas de los Estados miembros de la UE, pero también puede imponer medidas restrictivas por iniciativa propia o aplicar medidas adicionales a las impuestas por Naciones Unidas.

En este sentido, la UE ha aplicado medidas adicionales a las impuestas por la organización internacional a la República Democrática del Congo, Irán, Corea del Norte y Sudán del Sur y comparte las dirigidas a Afganistán, República centroafricana, Eritrea, Iraq, Líbano, Mali y Yemen.

Violación de los derechos humanos, prevención del terrorismo, actividades de proliferación nuclear, anexión de territorio extranjero o desestabilización deliberada de un país soberano son los motivos por los que la UE impone sus sanciones en el resto del mundo. Las medidas restrictivas que se aplican dependen de la situación del sancionado y pueden ser de dos tipos: diplomáticas o en "sentido estricto".

En este último caso se precisa una base jurídica específica en los Tratados de la UE y consisten en embargo de armas, prohibición de viajar a las personas incluidas en las listas de sanciones, inmovilización de bienes en la UE pertenecientes a personas o entidades o sanciones económicas o restricciones aplicables en determinados sectores de actividad económica, como la prohibición de importar o exportar determinados bienes.

Violación de los derechos humanos, el motivo de sanción más frecuente

El motivo más frecuente por el que la UE impone una sanción es como consecuencia de la violación de los derechos humanos. Los Gobiernos que actualmente reciben medidas son Siria, Myanmar, Venezuela, Irán, Zimbabue, Bielorrusia, Maldivas, Guinea, Moldavia y Túnez (según el orden de mayor número de medidas restrictivas).

Siria: las sanciones comenzaron en mayo del año 2013 cuando el Consejo de la UE condenó la violencia y las "constantes, generalizadas y sistemáticas" violaciones de los derechos humanos en el país, las masacres cometidas por las fuerzas armadas sirias y sus milicias, todos los casos de toma de rehenes y las atrocidades cometidas por el régimen sirio. Las medidas han continuado y se han ampliado en vista del deterioro de la situación hasta, al menos, junio del año que viene.

Myanmar (Birmania): debido a la falta de progreso democrático y la violación de los derechos humanos, la UE reafirmó medidas en 1996 debido a los disturbios de abril de 2013. La UE levantó todas las medidas, con la excepción del embargo de armas y el embargo de equipos que podrían utilizarse para la represión interna como medio para alentar la continuación de los cambios. En su totalidad expiran, si no se amplían, en abril del año que viene.

Venezuela: en vista del continuo deterioro de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en el país latinoamericano, el Consejo de la UE adoptó medidas restrictivas a finales de 2017. Las sanciones continúan aunque podrían revertirse, según la UE, en función de la evolución de la situación en el país, en particular la celebración de negociaciones creíbles y significativas, el respeto de las instituciones democráticas, la aprobación de un calendario electoral completo y la liberación de todos los presos políticos ya que las sanciones se entienden como un "incentivo" para la negociación.

El pasado mes de mayo la UE añadió a 11 altos cargos venezolanos a la lista de personas con entrada prohibida en la UE en relación con las irregularidades de las elecciones y el pasado julio contra otros siete altos cargos del Gobierno por "represión".

Irán: al mismo tiempo que la UE participa de las medidas que impone Naciones Unidas en relación a la no proliferación de armas de destrucción masiva desde enero de 2016, la UE impone sus propias sanciones adicionales en relación a la violación de los derechos humanos en el país desde el año 2011.

Debe tenerse en cuenta que las medidas restrictivas impuestas por la UE en vista de la situación de los derechos humanos en Irán, el apoyo al terrorismo y otros motivos (por ejemplo, la guerra en Siria) no forman parte del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, según sus siglas en inglés) y seguirán vigentes hasta abril del año que viene.

Bielorrusia: el Consejo de la UE adoptó por primera vez medidas contra ciertos funcionarios bielorrusos en septiembre de 2004, pero las medidas se ampliaron entre el año 1999 y el 2000 para incluir a personas específicas consideradas en el Informe Pourgourides como agentes clave en las desapariciones no resueltas de cuatro personas conocidas.

La UE volvió a imponer las sanciones en el año 2011 debido a la gravedad de la situación para suspenderlas en el año 2015 y volver a implantarlas en la actualidad hasta, al menos, febrero del año que viene.

Zimbabue: las medidas restrictivas contra el país se introdujeron por primera vez en 2002 particularmente en relación con la intensificación de la violencia y la intimidación de los opositores políticos y el hostigamiento de la prensa independiente. Después de que la UE expresara su preocupación por la legislación en Zimbabwe (que infringía gravemente el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, y la legislación para regular los medios de comunicación) se continuaron las violaciones de los derechos humanos por lo que se ampliaron las sanciones al mismo tiempo que se suspendieron otras por cumplimiento.

En este momento, las medidas específicas están suspendidas respecto de cinco personas de siete sujetas a restricciones de viaje y la congelación de activos hasta, al menos, febrero del año que viene.

Maldivas: las sanciones se impusieron por primera vez en febrero de este año para condenar las detenciones por motivos políticos y la injerencia en la labor del Tribunal Supremo de Maldivas y las acciones tomadas contra el poder judicial. De momento, las sanciones expiran en julio del año que viene.

Guinea: las primeras medidas se impusieron en septiembre de 2009 debido a la violenta represión de las fuerzas de seguridad contra manifestantes políticos. En vista de la evolución positiva del país, las restricciones se suavizaron en abril de 2014 y se levantó el embargo de armas y equipo que podría utilizarse para la represión interna. En su totalidad, las sanciones expirarían en octubre de este año.

Moldavia: las medidas restrictivas, en febrero de 2003, se impusieron en relación con la campaña contra las escuelas Latinscript en la región de Transnistria. A partir de ese momento se fueron suavizando con el fin de alentar la solución política y debido a los avances positivos. Finalmente se consiguió eliminar todas las personas incluidas en el problema de la escuela latina, por lo que actualmente no se dirigen a personas específicas. En su totalidad las sanciones expiran en octubre de este año.

Túnez: el Consejo de la UE reafirmó su solidaridad con el pueblo tunecino en sus esfuerzos por establecer una democracia estable, el Estado de Derecho, el pluralismo democrático y el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en enero del año 2011. También se decidió adoptar medidas restrictivas contra las personas responsables de la apropiación indebida de los fondos estatales tunecinos con el objetivo de recuperar los activos malversados ​​de Túnez. Las medidas expirarían si no se prorrogan en enero del año que viene.

Además de las medidas restrictivas que la UE impone a nivel individual, también participa de sanciones impuestas por Naciones Unidas como ocurre con la República Democrática del Congo y Sudán del Sur en relación a las sanciones impuestas, a nivel general, debido a la violación de derechos humanos:

República Democrática del Congo: las primeras sanciones fueron impuestas por Naciones Unidas y por la UE en 1993 a la entonces Zaire y consistieron en embargo de armas. En octubre de 2016 la UE expresó su preocupación por la política del país y condenó los actos de violencia extrema que tuvieron lugar los días 19 y 20 de septiembre de 2016 en Kinshasa y señaló que esos actos exacerbaron aún más el estancamiento debido a que no convocaron las elecciones presidenciales en el plazo constitucional del 20 de diciembre de 2016.

La UE adoptó medidas adicionales a las de Naciones Unidas contra los responsables de graves violaciones de los derechos humanos y los que intentan obstaculizar una solución consensuada y pacífica a la crisis que respete la aspiración de los ciudadanos de elegir a sus representantes. Expiran en diciembre de este año.

Sudán del Sur: el Consejo de la UE adoptó por primera vez medidas restrictivas en relación con Sudán del Sur en julio de 2014, tras el estallido de un conflicto entre el Gobierno de Sudán del Sur y las fuerzas de oposición en diciembre de 2013. En vista de la escalada de tensión el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución para apoyar la búsqueda de una paz inclusiva en 2016 y la UE lo apoyó con medidas adicionales.

Sanciones por desestabilización de un país soberano

Rusia: las sanciones con motivo de violación de la soberanía e integridad territorial comenzaron en marzo del año 2014 debido a la situación de Ucrania. Así, la UE pidió a la Federación de Rusia que retirara inmediatamente sus fuerzas armadas a las áreas de permanencia permanente.

En diciembre de 2015, el Consejo de la UE constató que los acuerdos de Minsk no se ejecutarán completamente antes finales de diciembre de 2015 y renovó las medidas restrictivas por otros seis meses para permitir que el Consejo siga evaluando la aplicación de esos acuerdos. La UE ha seguido renovando las medidas restrictivas que expirarán en enero del año que viene.

Bosnia Herzegovina: las sanciones se adoptaron en marzo de 2011 cuando la UE adoptó un marco que imponía medidas restrictivas contra ciertas personas físicas y jurídicas cuyas actividades menoscaban la soberanía, la integridad territorial, el orden constitucional y la personalidad internacional de Bosnia y Herzegovina, amenazan gravemente la situación de seguridad o socavan el Acuerdo de Dayton para la paz (1995) y sus anexos. Expiran en marzo del año que viene.

Corea del Norte, el país con más medidas restrictivas

Corea del Norte no solo es el país que mayor número de sanciones recibe (sumando un total de 49 medidas restrictivas por parte de la UE y de Naciones Unidas desde 2006) debido a sus actividades nucleares y de misiles balísticos representan una grave amenaza para a paz y la seguridad internacionales, además es el único país que actualmente es sancionado por la UE por ese motivo.

En este sentido la UE adoptó por primera vez medidas autónomas adicionales a las de Naciones Unidas en el año 2016 con el objetivo de aumentar la presión sobre el país para cumplir sus obligaciones internacionales y comprometerse a la desnuclearización. La UE está decidida a combatir la proliferación y comprometerse con la desnuclearización de la península de Corea, incluso mediante la consideración de nuevas medidas restrictivas.

Sanciones por la anexión ilegal de territorio extranjero, el caso de Ucrania

Ucrania es el país que, a pesar de no estar entre los que recopilan un mayor número de sanciones, sí que es el que reúne un mayor número de motivos para ser sancionado. Entre los motivos de la imposición de medidas está la malversación de fondos estatales en Ucrania y respecto a las acciones que afectan a la independencia territorial y a la soberanía del país; además de por la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol por parte de Rusia.

Éste último motivo es por el que la UE ha impusto a Ucrania un mayor número de medidas restrictivas en relación con la importación de mercancías originarias de Crimea o Sebastopol (a excepción de las que habían recibido un certificado de origen del Gobierno de Ucrania) y la inversión en Crimea.

Más adelante se ampliaron para prohibir los sectores de transporte, telecomunicaciones, energía o prospección, exploración y producción de petróleo, gas y recursos minerales, así como los servicios relacionados con las actividades turísticas en Crimea, incluido el sector marítimo. De momento, expiran en junio del año que viene y que comenzaron en marzo del año 2014 (Naciones Unidas se unió a la adopción de medidas a finales de ese mismo mes).

En el año 2015 el Consejo Europeo concluyó que no reconoce y continúa condenando la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia y seguirá comprometido con la plena aplicación de su política de no reconocimiento en el marco de una política más amplia de no adhesión de la UE a la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol.

En cuanto a los otros motivos de sanciones, el consejo acordó medidas restrictivas en la congelación y recuperación de activos de las personas identificadas como responsables de la apropiación indebida de fondos del Estado ucraniano y personas responsables de violaciones de derechos humanos, con miras a consolidar y apoyar el estado de derecho y respeto por los derechos humanos en Ucrania en marzo de 2014.

Además, la UE también impuso una congelación de activos y restricciones de viaje a los responsables de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania tras la violación por parte de la Federación Rusa.

Los Jefes de Estado o de Gobierno consideraron que la decisión del Consejo Supremo de la República Autónoma de Crimea de celebrar un referéndum sobre el estatuto futuro del territorio es contraria a la Constitución de Ucrania y, por lo tanto, es ilegal. Con el tiempo, el Consejo de la UE ha ampliado la lista de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas.

El terrorismo, una amenaza global que también recibe sanciones

Aunque lo más conocido son las sanciones a los Gobiernos no pertenecientes a la UE, también entidades (empresas) o personas que ponen medios para apoyar las políticas objeto de las sanciones o grupos y organizaciones (como los grupos terroristas) pueden ser también objeto de las sanciones.

En el caso de los grupos terroristas, Naciones Unidas dirige sus sanciones a DAESH y Al Qaeda aplicando restricciones como la prohibición de exportación de armas o material relacionado con personas, grupos, empresas o entidades incluidos en las listas, así como la asistencia técnica y financiera a dichos grupos.

La UE, que se ha visto gravemente afectada por el terrorismo durante estos últimos años, ha añadido como medida adicional la congelación de activos de todas las personas o entidades mencionadas en la lista así como la prohibición de facilitarselos por otra vía.

¿Cómo es el proceso de adopción de una sanción?

Las medidas restrictivas se establecen por medio de decisiones del Consejo en materia de política exterior y de seguridad común (PESC), pero es la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad quien formula la propuesta de la sanción para pasar a ser debatida por diferentes órganos preparatorios del Consejo antes de llevarse a cabo.

Los primeros órganos que recibe la propuesta es el Grupo responsable de la región geográfica a la que pertenece el país afectado (por ejemplo, el Grupo "Machrek y Magreb" para Siria) y el Grupo de Consejeros de Relaciones Exteriores (RELEX), que se ocupa de los aspectos jurídicos, financieros e institucionales de la PESC.

La tarea fundamental de este último consiste, desde el año 2004, en intercambiar prácticas idóneas y en revisar y aplicar las directrices comunes para garantizar una aplicación eficaz y uniforme de los regímenes de sanciones de la UE.

En caso necesario, la propuesta se estudia en el Comité Político y de Seguridad (CPS), responsable de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) de la UE y en el Comité de Representantes Permanentes (Coeper II) compuesto por representantes permanentes de cada uno de los Estados miembros que, a pesar de no ser un órgano decisorio, es el principal órgano preparatorio del Consejo.

Finalmente el Consejo adopta la decisión por unanimidad. Si la Decisión del Consejo incluye una inmovilización de activos u otros tipos de sanciones económicas o financieras, estas medidas deben ser aplicadas en un Reglamento del Consejo.

Un reglamento del Consejo Europeo

Para ello, la alta representante y la Comisión presentan la propuesta conjunta basándose en la decisión de la PESC que es examinada primero por RELEX, es remitida al Coreper y al Consejo para su adopción. Finalmente es el mismo Consejo quien informa al Parlamento Europeo (PE) de su adopción.

En este reglamento se especifica el alcance de las medidas y los detalles para su aplicación y es vinculante para cualquier persona o entidad dentro de la UE. La Decisión PESC del Consejo y el Reglamento del Consejo se adoptan conjuntamente para que ambos actos jurídicos produzcan sus efectos al mismo tiempo.

A las personas o entidades se les informa de las medidas contra ellas por carta (si se dispone de dirección) o por medio de un anuncio publicado por el Consejo en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea. La decisión del Consejo entra en vigor cuando se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Mientras que las medidas restrictivas adoptadas por las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no tienen una fecha de terminación y se modifican o levantan a raíz de una decisión de la organización, las sanciones de la UE si es una decisión del consejo se aplica generalmente durante 12 meses, si es un reglamento tiene duración indefinida.

Antes de decidir prorrogar su decisión, el Consejo revisará las medidas restrictivas y en función de cómo evolucione la situación, el Consejo puede decidir en cualquier momento modificarlas, prorrogarlas o suspenderlas temporalmente.

Si alguna persona o entidad no está de acuerdo con la decisión del Consejo de puede presentar una solicitud (acompañada con la documentación justificativa) para que se reconsidere la decisión de incluirlas enviando una carta a una dirección comunitaria o un correo electrónico.

Por Paula García Mora (edición: Catalina Guerrero)

Para saber más:

Mapa de las sanciones impuestas por la UE

La UE protege a sus empresas ante las sanciones de EEUU a Irán

 

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