19 de junio de 2019
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Cómo construir la Europa soñada

 Una bandera de la Unión Europea frente a la sede de la Comisión Europea (CE) en Bruselas (Bélgica). EFE / Archivo 

Una bandera de la Unión Europea frente a la sede de la Comisión Europea (CE) en Bruselas (Bélgica). EFE / Archivo 

A día de hoy es posible que ciudadanos de distintos países de la Unión Europea se unan para colaborar en torno a cuestiones especialmente relevantes para ellos, con vistas a influir en el mecanismo decisorio de la Comisión Europea.

La Iniciativa Ciudadana Europea es una herramienta única e innovadora que permite a los ciudadanos plantear cambios legales en cualquier campo o ámbito en el que la Comisión tenga competencias para proponer legislación (como el medio ambiente, la agricultura, la energía, el transporte o el comercio).

Para poner en marcha una iniciativa, se necesitan un mínimo de siete ciudadanos de la UE que vivan en al menos siete Estados miembros diferentes y tengan edad suficiente para votar. Cuando una iniciativa reúne un millón de firmas, alcanzando los mínimos establecidos en los siete o más Estados requeridos, la Comisión Europea debe decidir si adopta medidas o no.

Desde que entró en vigor esta nueva herramienta en 2012, se calcula que unos 9 millones de europeos de los 28 Estados miembros de la UE han apoyado al menos una iniciativa ciudadana europea.

“El hecho de que 9 millones de personas hayan apoyado una iniciativa ciudadana europea en los últimos 6 años demuestra que estas propuestas estimulan la participación y el debate a nivel transnacional, con efectos concretos en las políticas de la UE", según el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans.

Sin embargo, la Comisión quiere seguir avanzando y para ello ha propuesto una reforma que "hará que los ciudadanos puedan poner en marcha y apoyar nuevas iniciativas de modo mucho más fácil, posibilitando, además, que los jóvenes a partir de los 16 años expresen su opinión”, añadió Timmermans.

Contexto de las Iniciativas Ciudadanas Europeas

El Tratado de Lisboa en diciembre de 2007 introdujo las Iniciativas Ciudadanas Europeas y se pusieron en marcha como una herramienta en manos de los ciudadanos para fijar el programa político en abril de 2012, cuando entró en vigor el Reglamento en la materia por el que se aplican las disposiciones del Tratado.

Los requisitos de admisibilidad, conforme a lo establecido en el Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea, son; que la medida propuesta no esté claramente fuera de la competencia de la Comisión para presentar una propuesta de acto legislativo, que no sea claramente abusiva, frívola o vejatoria y que no sea contraria a los valores de la Unión.

Las normas y procedimientos por los que se rige la iniciativa ciudadana quedaron establecidos en un Reglamento de la UE, adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea en febrero de 2011.

En los últimos 3 años, se han realizado mejoras no legislativas de esta herramienta. Además, la Comisión de Juncker ha adoptado un enfoque más político: actualmente, el Colegio de Comisarios atiende a todas las solicitudes de registro (antes de que puedan recogerse las firmas), y, en algunos casos, se han aceptado registros parciales. Estos cambios han dado lugar a un aumento significativo del número de iniciativas aceptadas para su registro: desde abril de 2015, se ha aceptado el 90 % de las iniciativas propuestas, frente al 60 % del período de tres años anterior.

Tras el primer Informe de la Comisión sobre la aplicación de la iniciativa ciudadana europea, en marzo de 2015, se puso en marcha un estudio destinado a aumentar la eficacia de esta herramienta, incluida una consulta pública abierta. Posteriormente, la Comisión propuso un nuevo Reglamento el 13 de septiembre de 2017, que ahora debe ser adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo. Este nuevo código hará que la iniciativa ciudadana europea sea lo más accesible y menos engorrosa posible para los organizadores y los contribuidores. La Comisión insta a su adopción al final de 2018, de modo que pueda entrar en vigor en enero de 2020.

¿Cómo se presenta una iniciativa ciudadana?

Los participantes deben contar con edad suficiente para votar (sin exigirles que estén inscritos en el censo electoral) en las elecciones al Parlamento Europeo. Las organizaciones no pueden plantear iniciativas ciudadanas, sin embargo, se les permite promover o apoyar proyectos, siempre que lo hagan con total transparencia.

El comité de ciudadanos debe inscribir su iniciativa en esta web antes de empezar a recoger declaraciones de apoyo de la ciudadanía. Una vez confirmada la inscripción, los organizadores disponen de un año para recoger firmas.

La Comisión procede al examen de la iniciativa. En el plazo de tres meses tras la recepción de la iniciativa los organizadores se reunirán con representantes de la Comisión para explicar detalladamente las cuestiones que plantea su iniciativa. Después, los organizadores podrán presentar su iniciativa en una audiencia pública en el Parlamento Europeo y posteriormente la Comisión aprobará un documento oficial que especifique, si las hay, las medidas que propondrá en respuesta a la iniciativa ciudadana y los motivos por los que ha decidido actuar o no hacerlo. Esta contestación consistirá en una Comunicación que recibirá la adopción formal del Colegio de Comisarios y se publicará en todas las lenguas oficiales de la UE.

La Comisión no está obligada a proponer legislación en respuesta a una iniciativa. Si opta por hacerlo, se pone en marcha el procedimiento legislativo habitual: la propuesta de la Comisión se remite al legislador (por lo general el Parlamento Europeo y el Consejo, o solo el Consejo en determinados casos) y este tiene que adoptarla para que se convierta en ley.

Iniciativas que han prosperado

Hasta el momento la Comisión Europea se ha comprometido a efectuar acciones de seguimiento a 3 iniciativas que han prosperado, recogiendo más de 1 millón de firmas. “Stop Vivisection” es una de ellas, con acciones no legislativas. En respuesta a la iniciativa “Right2Water”, la Comisión propuso el pasado mes de febrero una revisión de la Directiva sobre agua potable; y, tras la iniciativa “Prohibición del glifosato y protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos”, la Comisión ha anunciado una propuesta legislativa de mejora de la transparencia en las evaluaciones científicas.

Prohibición del glisofato

Una de las iniciativas más importantes es la prohibición de los herbicidas basados en el glifosato que se están desarrollado para eliminación de hierbas y de arbustos. La exposición a esta sustancia se ha relacionado con el cáncer en humanos y con la degradación de ecosistemas. Por ello, se ha luchado para garantizar que la evaluación científica de los pesticidas sometidos a aprobación reglamentaria en la UE se base exclusivamente en estudios publicados y encargados por las autoridades públicas competentes, y no por la industria de los pesticidas. Por ello, se ha visto necesario establecer objetivos de reducción del empleo de pesticidas de carácter vinculante en toda la UE, con vistas a un futuro libre de pesticidas.

"Stop Vivisection"

Con motivo de las objeciones éticas a la experimentación con animales y de los principios científicos sólidos que invalidan el “modelo animal” para predecir la respuesta en humanos, se ha pedido a la Comisión Europea que anule la Directiva 2010/63/UE relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos y que presente un nuevo texto que prohíba la experimentación con animales en el campo de la investigación biomédica y toxicológica, sustituyéndola por metodologías y procedimientos válidos para el ser humano.

Uno de nosotros

Otra de la las iniciativas que ha prosperado (aunque aun la Comisión no ha efectuado ningún tipo de seguimiento), estudia "la protección del embrión humano, que merece respeto a su dignidad e integridad". O al menos así fue afirmado en la sentencia TJUE en el caso Brüstle, en la cual se define al embrión como el principio del desarrollo del ser humano. Para asegurar la coherencia en las áreas de su competencia, en las cuales está en juego la vida del embrión, la UE debería establecer una prohibición y poner fin a la financiación de actividades que suponen la destrucción de embriones humanos, en particular en los ámbitos de investigación, ayuda al desarrollo y salud pública.

"Right2Water"

La legislación de la UE debe exigir a los gobiernos que garanticen y proporcionen a todos los ciudadanos servicios de agua potable y saneamiento convenientes. La iniciativa “Right2Water” insta a que por obligación, las instituciones comunitarias y los Estados miembros velen por que todos los ciudadanos puedan ejercer el derecho al agua. También piden que el abastecimiento de agua y la gestión de recursos hídricos no se rijan por “las normas del mercado interior” y que se excluyan los servicios de agua del ámbito de la liberalización y por último solicitan que la UE redoble esfuerzos para lograr el acceso universal al agua y el saneamiento.

Iniciativas abiertas

Existen iniciativas abiertas actualmente para la recogida de declaraciones de apoyo pero las cuales la Comisión no dispone aún de información sobre si los organizadores han obtenido o no el número necesario de declaraciones de apoyo. Tres de las iniciciativas más importantes son; Europa Acogedora, la Ciudadanía Permanente de la Unión Europea y la Detención del Extremismo.

- Somos una Europa acogedora. ¡Dejadnos ayudar!

Los gobiernos tienen dificultades para gestionar las migraciones y la mayoría de ciudadanos europeos quieren ayudar a las personas necesitadas. En toda Europa hay ciudadanos que quieren apadrinar a refugiados para ofrecerles un hogar seguro y una nueva vida.  Por ello, los promotores de esta iniciativa quieren que la Comisión ofrezca apoyo directo a los grupos locales que ayudan a los refugiados que disponen de visados nacionales.

Mediante esta iniciativa también se pide a la comisión Europea que no se persiga ni multe a nadie por ofrecer refugio o ayuda humanitaria. Se busca que la Comisión impida que los gobiernos penalicen a los voluntarios/as. Por último, también se pide que la Comisión garantice procedimientos y normas más eficaces para defender a las víctimas de la explotación laboral y la delincuencia en Europa y a todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos en nuestras fronteras.

- Ciudadanía Permanente de la Unión Europea

Los ciudadanos de la UE eligen al Parlamento Europeo y participan en su trabajo, ejerciendo así los derechos de los tratados y mejorando la democracia de la Unión . Tomando nota de que el TJCE considera que la ciudadanía de la Unión es un "estatuto fundamental" de los nacionales de los Estados miembros y que el "brexit" despojará a millones de ciudadanos británicos de este estatus y su voto en las elecciones europeas, mediante esta iniciativa se solicita a la Comisión que proponga medios para evitar el riesgo de pérdida colectiva de la ciudadanía y los derechos de la UE, y garantizando así a todos los ciudadanos de la UE que, una vez que se ha obtenido, dicho estatuto se convierte en permanente.

- Detener el Extremismo

Esta inicitaiva abierta pide a la Unión Europea que se elabore un proyecto de ley para prevenir y reducir las consecuencias negativas del extremismo, particularmente en el Mercado Único.

Las disposiciones propuestas en virtud de la legislación de la Unión deberían obligar a los Estados miembros a utilizar una motivación positiva para identificar y eliminar el extremismo en el mercado único, usar la transparencia para asegurar que el apoyo financiero del extremismo es claramente visible para todos los ciudadanos y empresas y utilizar la legislación laboral y las indemnizaciones por perjuicios para luchar eficazmente contra el extremismo en el mercado único.

Por Rodrigo Juárez (edición: Catalina Guerrero)

Para más información:

El procedimiento de las Inicitaivas Ciudadanas Europeas

Iniciativas abiertas

Poner en marcha una iniciativa

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