24 de abril de 2019
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Alquiler de vivendas de uso turístico, un "problema común" en la UE

 Los propietarios de pisos de edificios de cualquier zona de Baleares que los alquilen a turistas se enfrentan a partir del martes a multas que oscilan de 20.000 a 40.000 euros, según recoge la nueva ley del alquiler turístico de las Islas Baleares, que entró en vigor el 6 de agosto de 2017. En la imágen, un balcón del centro histórico de Palma. EFE/Archivo 
 

Los propietarios de pisos de edificios de cualquier zona de Baleares que los alquilen a turistas se enfrentan a partir del martes a multas que oscilan de 20.000 a 40.000 euros, según recoge la nueva ley del alquiler turístico de las Islas Baleares, que entró en vigor el 6 de agosto de 2017. En la imágen, un balcón del centro histórico de Palma. EFE/Archivo  

Ámsterdam, Barcelona, Berlín, Burdeos (Francia), Bruselas, Cracovia (Polonia), Lisboa, Madrid, París, Reikiavik, Valencia, Viena, Bruselas y la Asociación de Ciudades Alemanas han pedido a la Comisión Europea (CE) una regulación común para afrontar los problemas generados por  el alquiler de apartamentos turísticos de forma ilegal.

Representantes de estas 14 ciudades se reunieron este martes en  con la comisaria europea de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, para discutir los efectos negativos del alquiler de vacaciones a corto plazo en las grandes ciudades europeas, y la necesidad de una interpretación común de las regulaciones de la Unión Europea (UE) aplicable a las plataformas de alquiler turístico a corto plazo.

Amsterdam, París, Berlín o Barcelona, han sido algunas de las primeras ciudades europeas que han comenzado a tomar medidas drásticas contra plataformas que permiten el alquiler de viviendas para su uso turístico. Gigantes de este negocio como Airbnb o Homeaway llevan años operando sin que se realice ningún tipo de regulación hacia este sector, pero recientemente son varias las disposiciones que han provocado un conflicto de intereses.  

La horizontalidad de internet ha facilitado el surgimiento de nuevos modelos de negocios, que promueven la llamada “economía colaborativa”. Según la definición propuesta por la Unión Europea este nuevo concepto de negocio consiste en compartir bienes y servicios a través de plataformas de internet y aplicaciones móviles. Esto implica importantes beneficios para clientes y usuarios,  aunque al mismo tiempo esta situación proporciona nuevas reglas de juego que deben ser atendidas para evitar que se lleven a cabo comportamientos ilegales o injustos.

Este fenómeno ha revolucionado la forma en la que intercambiamos bienes y servicios y además constituye uno de los sectores que más rápidamente crece en todo el mundo.

Según el Eurobarómetro, el 17% de los consumidores europeos han utilizado servicios de la economía colaborativa mientras que el 52% conoce los servicios ofertados. Además, según cálculos de la Comisión, es el alojamiento de particular a particular el sector más importante en relación con el comercio generado.

Ante esta situación el Parlamento Europeo ya en junio de 2017 pidió reglas claras para tratar de regular la economía colaborativa a fin de que se preserven los beneficios pero que al mismo tiempo se garanticen las obligaciones fiscales y los derechos humanos. Aunque las demandas hayan sido expuestas resulta difícil que no haya sectores perjudicados tras el auge de un nuevo modelo de negocio.

Una fórmula de éxito en la que no todo son sinergias positivas  

A pesar de que estas plataformas incentivan el turismo y permite ahorrar costes a anfitriones y huéspedes, son varias las voces críticas que tachan de “perversos” los efectos que el alquiler turístico está ocasionando en muchas ciudades alrededor del planeta.

De hecho en enero de 2018 en España se registró la mayor subida de alquileres desde 2006. Además, el precio de los inmuebles sigue en alza y batiendo récords en Madrid y en el Mediterráneo. Según recientes informes inmobiliarios, el precio medio del alquiler es ya similar al de los años del "boom", previos a la crisis en España. Es por ello que se apunta a una relación directa entre la concentración de inmuebles Airbnb en un barrio y el aumento del costo de los alquileres en el mismo, así como inducir a una reducción de la oferta inmobiliaria.

Además varias organizaciones que se manifiestan en contra de este tipo de plataformas acusan a estas empresas de “explotación turística”. Este es el caso de la Asamblea de Barrios para un Turismo Sostenible de Barcelona que denuncian que algunos anuncios que figuran en la web de Airbnb, no son publicados por anfitriones particulares, sino por un administrador profesional. Además, culpa a estas plataformas de ser cómplices necesarias de esta trama.

Según un informe publicado por Airbnb son 9.200 los anfitriones en activo y 642.00 los huéspedes de entrada de media al año en la ciudad de Madrid. Esto produce el encarecimiento de la vida de los vecinos que viven en los barrios donde se hallan los inmuebles, además de provocar una cierta congestión de la ciudad en las zonas que han devenido más turísticas. Todo esto sin olvidar las molestias ocasionadas a los vecinos por las fiestas a altas horas de la noche que acarrean grandes molestias sonoras para los vecinos.

Decisiones drásticas tomadas por grandes ciudades europeas: París, Berlín, Barcelona y Amsterdam

La controversia sobre el alquiler vacacional, así como la necesidad de regularlo e incorporarlo a la actividad turística, es un problema común a todos los países. De hecho, ocho capitales europeas, entre ellas Madrid y Barcelona, se unieron el pasado mes de enero para exigir a la Comisión Europea que obligue a la plataforma de alquileres Airbnb a compartir los datos de sus clientes y así paliar las consecuencias que el alquiler turístico está teniendo en estas ciudades. Una medida que si la Comisión decidiera llevarla a cabo impediría el anonimato del casero y los turistas podrían contactar directamente con los alquiladores relegando el uso de la plataforma.

Berlín, por ejemplo, es una de las ciudades europeas que más restricciones ha impuesto los últimos años a los alquileres de pisos turísticos. La capital alemana  recibe cada año cerca de 40.000 nuevos vecinos. Una ley de 2016 prohibió el uso compartido de viviendas a excepción de cierta singularidades. Pero la ciudad decidió en marzo de 2018 revocar la ley introducida en 2016 a pesar de que los alquileres turísticos continuaron bajo un estricto conjunto de reglas e incluso penas más severas.  Esta nueva ley implica que a partir del 1 de mayo de 2018, los propietarios con un permiso podrán, una vez más, alquilar su propia casa todo lo que quieran, y alquilar segundas residencias por hasta 90 días al año.

París es el mayor mercado urbano del mundo para Airbnb con 60.529 anuncios activos, pero el Ayuntamiento solo tiene registrados a 19.838 propietarios aunque esa declaración sea obligatoria desde el 1 de diciembre de 2017. Debido a que esta declaración no se ha respetado la Alcaldía de París anunció en marzo de 2018  una denuncia contra Airbnb y otras plataformas de alquiler turístico de viviendas. Además en la capital francesa los alquileres de corta duración están limitados a 120 días al año, este límite se implementa tras el éxito de esta medida en Amsterdam o Londres. Consecuentemente Airbnb ha llevado a los tribunales la normativa francesa por tratar de regular la actividad de los alquileres turísticos.

Amsterdam limitó el alquiler de casas completas a 60 días al año y el 10 de enero de 2018 anunció que iba a reducir a 30 días el permiso para alquilar los pisos  en plataformas como Booking.com o Airbnb. Esta medida entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2019. Los pisos en plataformas de alojamiento vacacional aumentaron de 4.500 en 2013 a 22.000 en 2017, según ha registrado el Ayuntamiento, lo que ha incrementado las "repercusiones no deseables en varios vecindarios y barrios de Amsterdam", indicó el consistorio.  

En España las ciudades de Barcelona, Madrid y Palma son las más afectadas por esta situación. En la Ciudad Condal los alquileres de corta duración tienen que tener una licencia y actualmente el consistorio que preside Ada Colau decidió dejar de emitir estas licencias a todos los hoteles de nueva construcción y a los apartamentos de alquiler vacacional.

Palma, por su parte, se convirtió en la primera ciudad española que prohibió completamente el alquiler de viviendas vacacionales en abril de 2018. La decisión se llevó a cabo tras haber encontrado un gran número de alquileres sin licencia en la ciudad.

Finalmente Madrid capital es la tercera urbe con más viviendas en alquiler de la Unión Europea, según un estudio realizado en 2017 por el portal Idealista en las 30 ciudades europeas con mayor población.

La Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid aprobó en julio de 2018 el Plan Especial de Regulación del Uso de Hospedaje, con este programa las viviendas que se alquilen a turistas en los barrios centrales de Madrid más de 90 días al año necesitarán licencia de hospedaje y un acceso independiente al del resto de vecinos que residan en el edificio.

La Unión Europea finalmente ha decidido tratar de regular esta situación.

Por Laura Colonques con información del Servicio de Internacional de la Agencia EFE (edición: Catalina Guerrero)

Para saber más:

Ciudades y regiones piden una reacción europea al alquiler turístico ilegal

Eurodiputados piden que Uber y Airbnb cumplan leyes fiscales y laborales

Airbnb defiende la transparencia de sus tarifas ante el ultimátum de la CE

La plataforma de alquiler Airbnb planea salir a bolsa antes de que acabe 2020

 

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