19 de julio de 2019
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El Parlamento Europeo, los hitos de esta legislatura

 Vista general de la sesión plenaria del Parlamento Europeo celebrada sobre el futuro de Europa, en Bruselas, Bélgica, el 28 de noviembre del 2018. EFE/Stephanie Lecocq

Vista general de la sesión plenaria del Parlamento Europeo celebrada sobre el futuro de Europa, en Bruselas, Bélgica, el 28 de noviembre del 2018. EFE/Stephanie Lecocq

La presente legislatura del Parlamento Europeo tiene sus días contados. Entre el 23 y el 26 -el domingo 26 en el caso de España-, los ciudadanos europeos están llamados a las urnas. Las instituciones comunitarias están ahora centradas en movilizar el voto en estos comicios.

En esta ocasión, se ha puesto el foco en los jóvenes a través de la campaña ‘Esta vez voto’, para motivar la participación en decisiones europeas de especial calado en la actualidad, como las migraciones, el cambio climático, el desempleo juvenil, o el auge de los movimientos populistas en el continente. En la anterior cita con las urnas, tan solo el 27% de los europeos con edades comprendidas entre 18 y 24 años ejercieron su derecho a voto.

La campaña lanzada en España, apela a los jóvenes a implicarse e involucrarse en las cuestiones europeas, en gran parte desconocidas. Pero, ¿cuál es la labor del Parlamento Europeo? Estos son los grandes temas abordados en Bruselas durante la presente legislatura:

Del CETA a la directiva para los trabajadores desplazados

El tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Canadá, CETA (por sus siglas en inglés Comprehensive Economic and Trade Agreement) entró en vigor de forma provisional el pasado 21 de septiembre de 2018 tras el arduo camino que precedió a su firma, marcado por protestas en toda Europa y el amago de bloqueo de la región belga de Valonia.

CETA nace con el objetivo de impulsar el intercambio de bienes y servicios y el flujo bilateral de inversiones a través de la eliminación de los aranceles sobre los bienes y servicios más vendidos en Europa y Canadá.

 

 

Tras un año de actividad, la Comisión Europea hizo públicas las cifras con los primeros resultados, que reflejan un crecimiento del 7 % de las exportaciones europeas a Canadá entre octubre de 2017 y junio de 2018, que se acentúa en sectores como el cosmético y textil, donde se aprecia un crecimiento que supera el 11 % y en el sector farmacéutico y mobiliario, donde se registra más del 10 %.

En este marco, la Unión Europea trabaja para proteger tanto sus productos como a los trabajadores desplazados. En el primer caso, en el marco de esta legislatura ha puesto en marcha una nueva legislación para reforzar la indicación geográfica de los productos no agrícolas, locales y artesanales. Una estrategia que pretende ahondar en el desarrollo económico local y el turismo cultural.

En el segundo de los casos, la libre circulación de los trabajadores ha llevado a Bruselas a adoptar medidas en aras de evitar el denominado “dumping social”. Así, el pasado mes de junio, el colectivo europeo aprobó una normativa que regula la situación de los trabajadores desplazados.

A través de este texto, se pretende asegurar que estos empleados puedan beneficiarse de las mismas condiciones y cobrar el mismo salario que los trabajadores locales desarrollando un mismo trabajo.  

El medio ambiente como cuestión ineludible

El compromiso con el medio ambiente ha quedado manifiesto en esta legislatura a través de la ratificación del Acuerdo Climático de París -en octubre de 2016-, el acuerdo global que sustituirá al protocolo de Kioto a partir de 2020.

La capital europea fue la sede de la Conferencia sobre el Clima (COP21) celebrada en 2015, el lugar donde 195 países asumieron la responsabilidad con la cuestión medioambiental con la firma de este acuerdo, el primero con carácter vinculante sobre el clima.  

El Acuerdo establece un plan de acción mundial que pone el límite en el calentamiento global, muy por debajo de los 2ºC y fomenta esfuerzos para limitar el aumento a 1,5ºC.

No obstante, esta no es la única cuestión en la que se avanza en materia de medio ambiente y sostenibilidad. Las estrategias encaminadas a la senda de la economía circular  dieron lugar, en 2015, a la aprobación de una directiva comunitaria que reduce la utilización de las bolsas de plástico de un solo uso en el territorio europeo.

 

 

El límite para que las bolsas no fueran ofrecidas de forma gratuita se fijó en 2019. En España, la trasposición de la normativa entró en vigor el pasado mes de mayo, en virtud de la cual, los consumidores deben pagar por cada bolsa que reciban.

La legislación pretende poner freno al uso de plásticos con el fin de evitar que lleguen a la naturaleza y se conviertan en basura. Además, busca que el reciclaje sea una actividad rentable para las empresas a través de la creación de empleo y de nuevos mercados para el sector del plástico.

 

La gestión de datos

Antes del pasado mes de mayo, los ciudadanos y empresas de la UE debieron firmar una avalancha de correos electrónicos sobre cambios en las políticas de uso de datos. La entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) fija como objetivo crear un marco legal armonizado en la materia.

El reglamento incluye el denominado “derecho al olvido” mediante la rectificación o supresión de datos personales, la necesidad de consentimiento claro y afirmativo de la persona concernida al tratamiento de sus datos personales y la portabilidad o el derecho a trasladar los datos a otro proveedor de servicios.

No obstante, el debate sobre la gestión de datos abarca otras cuestiones. Los atentados del 13-N en París y Saint Denis trajeron al foco la legislación sobre el registro de pasajeros aéreos (PNR). La normativa regula la transferencia de datos de pasajeros aéreos -nombre, fechas del viaje, teléfono, número de asiento y forma de pago- que entren y salgan del territorio comunitario desde las aerolíneas a las autoridades de los Estados miembros.

Además, prohíbe explícitamente el tratamiento de datos que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la pertenencia a un sindicato, la salud o la orientación sexual de una persona.

Wifi para Europa y una Red neutral

El proyecto WIFI4EU (“Wifi para Europa”) es una iniciativa que ofrece bonos de un valor de 15.000 para que un total de 1.183 municipios instalen puntos gratuitos de acceso a internet en los espacios públicos. La financiación establece cuotas para que la distribución de la financiación comunitaria sea “geográficamente equilibrada”.

España es el segundo país de la Unión Europea que más solicitudes ha presentado en el marco de este programa, dotado con 120 millones de euros entre 2017 y 2019. En total total, 2.116 municipios españoles han cursado la solicitud en la primera convocatoria del programa, solo por detrás de Italia (3.202) y por delante de Alemania (1.824) y Francia (1.451).

Pero, junto a esta apuesta por democratizar el acceso a internet gratuito, es necesario adoptar medidas que garanticen el uso libre de la Red. En junio de 2015, la Unión Europea aprobó por primera vez una normativa para proteger la neutralidad, un principio que evita el trato discriminado del tráfico de internet, evitando que los usuarios puedan ser bloqueados o degradados -ralentizados, según los contenidos a los que accedan.

Tras la abolición en Estados Unidos de este principio -en junio de 2018-, la UE es la única región del mundo que garantiza la neutralidad de la red y un internet abierto. No obstante, los consumidores deben ser informados sobre la velocidad de carga en comparación con la velocidad anunciada cuando firmen un contrato con un proveedor de servicios.

La abolición del roaming y el geoblocking

El fin de los sobrecostes en la itinerancia, el “roaming”, es otro de los hitos europeos de la última legislatura. La supresión total de los costes adicionales cobrados por las operadoras a los ciudadanos europeos por llamar, enviar mensajes y utilizar Internet en otros países de la UE se materializó el 15 de junio del pasado año 2017.

En este marco, se ha establecido una media máxima europea para las tarifas de las empresas mayoristas, fijas para las llamadas y SMS y progresivas en cuanto a la itinerancia de datos móviles.

En línea con la abolición del roaming, la Comisión Europea lanzó una propuesta para acabar con los geobloqueos que restringen la liberalización de los contenidos audiovisuales dentro del territorio comunitario. Es decir, que la posibilidad de acceder a las suscripciones en línea de toda la Unión Europea.

Modernizar los servicios de pago

También en el marco de la actual legislatura, concretamente en 2015, la UE adoptó una directiva orientada al desarrollo en el mercado de pagos electrónicos para toda la Unión y a la adaptación de la normativa en servicios emergentes -pagos por Internet y los dispositivos móviles-.

Se trata de la última de una serie de leyes adoptadas en el marco de la UE para establecer unos servicios de pago modernos, eficientes y de bajo coste que refuercen la protección tanto de los consumidores como de las empresas europeas.

Otra apuesta por adaptar la normativa a la era digital guarda relación con los viajes combinados -que incorporan diferentes servicios- adquiridos por internet. En virtud de esta propuesta, que busca proteger los derechos de los consumidores, los viajeros europeos podrán podrán cancelar su viaje combinado y recuperar su dinero si el precio total se eleva por encima del 8 % del precio por separado o por circunstancias excepcionales en los lugares de destino, como desastres naturales o ataques terroristas.

Por María Moya (edición Catalina Guerrero)

Para saber más:

"Esta vez voto": Una campaña para acudir a las urnas por Europa

¿Cómo se elige a los miembros del Parlamento Europeo?

Elecciones europeas de 2019: ¿Qué es el sistema de "Spitzenkandidaten"?

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