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Rodríguez-Piñero: Las empresas deben certificar que no comercian con los "minerales de sangre"

PROTAGONISTAS | 15 de marzo de 2017

La eurodiputada y portavoz de la comisión de Comercio Internacional en el Parlamento Europeo, Inmaculada Rodríguez-Piñero. (Foto cedida por el grupo Socialista del PE/EFE)

Madrid (EuroEFE).- La eurodiputada y portavoz de la comisión de Comercio Internacional en el Parlamento Europeo, Inmaculada Rodríguez-Piñero, cree que la UE debe liderar una política comercial compatible con los derechos humanos y que la virtud de la nueva normativa sobre los llamados "minerales de sangre" es que por primera vez se va a obligar a las empresas a que certifiquen que estos minerales (el oro, el wolframio, el tantalio y el estaño) no proceden de zonas de conflicto. Por desgracia -se lamenta en una entrevista telefónica con Euroefe desde Estrasburgo (Francia)- las iniciativas del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, van en el sentido contrario. El PE va a aprobar este jueves 16 de marzo la nueva norma. 

¿Cuál es el objetivo de esta nueva normativa europea que será aprobada el jueves?

Se trata de un “acuerdo histórico” porque, por primera vez, se va a obligar a las empresas importadoras directas de los minerales que se llaman “de sangre” - que son el oro, el wolframio, el tantalio y el estaño-, a practicar un comercio más responsable, obligándoles a certificar que estos minerales no proceden de las minas donde están los grupos armados que cometen grandes atrocidades y violaciones de derechos humanos, en todas las zonas de conflicto. Es un paso adelante enorme, en donde se pone de manifiesto cómo la política comercial puede ser un instrumento muy eficaz para la defensa de los derechos humanos, salvar vidas humanas y dignificar la vida de las personas.

¿Qué argumentos defendían los representantes conservadores y liberales para mantener la participación voluntaria, si se demostró que solamente era seguida por un 4% del total de las empresas?

Su argumento se basaba en la complejidad administrativa que pensaban que iba a generar en el sistema. Sin embargo, este argumento no es admisible cuando lo que está en juego son vidas humanas. Hay que saber que estos grupos armados utilizan la violencia sexual como principal arma de guerra. Estamos poniendo en primer lugar la defensa de los derechos humanos, no hay traba administrativa que pueda utilizarse como excusa. Al final ha triunfado la razón y el sentido común porque si la UE no se proclama líder de una política comercial que compagine los derechos humanos con los intereses, no lo va a hacer nadie. Ahora mismo el gran reto que tenemos por delante es que, dando ejemplo, hagamos que otros países se sumen a esta iniciativa y acabemos definitivamente con la financiación de estos grupos armados.

¿Sería posible que tras la adopción de estas medidas los responsables de las minas que vulneran los derechos humanos migraran a otro sector para seguir financiando sus guerrillas?

Se trata de que sean minas legales y que no se utilice el temor, la violencia y el asesinato como instrumento para obtener de la tierra un producto que no les pertenece. El comercio necesita reglas y las empresas tienen que ser las primeras defensoras del comercio justo y responsable. Por tanto, no me preocupa que las guerrillas vayan a otras zonas donde no existe el mineral, lo que sí me preocupa es que el reglamento se cumpla eficazmente. Este es el gran reto: garantizar que se cumple, y que de verdad es eficaz para impedir que a través del comercio ilegal se financien las guerrillas.

¿Si se están vulnerando los derechos humanos y financiando conflictos, por qué no se sanciona a las empresas que no cumplan con esta normativa ética?

No lo hemos conseguido todavía. Los socialistas hemos exigido que la obligatoriedad de este reglamento no sea solo para las empresas que importan directamente los minerales con unos umbrales determinados de importación, queremos que sea exigible para todas las empresas que los utilizan, ya sea como productos intermedios o bienes que tienen estos minerales.

Lo que sí hemos conseguido es que la Comisión lleva a cabo una evaluación del impacto del cumplimiento de la normativa que tendrá lugar en un plazo máximo de 3 años y se hará periódicamente cada 3 años. La Comisión se ha comprometido a que si el impacto de evaluación arroja un resultado que no es el esperado, se ampliarán las medidas para poder exigírselas al 100% de las empresas que se acojan. El carácter voluntario no ha surtido efecto.

De ser aprobada por todos los estados miembros, ¿en qué porcentaje se reducirían las víctimas de las minas de minerales de sangre?

Nuestro objetivo es que no haya ni una víctima más. El 35% del comercio mundial de estos minerales es realizado por empresas de la UE. Muchas personas no saben para qué se emplean estos minerales de sangre. Son fundamentales para la producción de bienes cotidianos como móviles, tablets, ordenadores, lavadoras, los coches... De hecho el tantalio es el mineral más importante de nuestra era porque es insustituible en la producción de móviles, y cada año el consumo y el uso de móviles se incrementa. Es fundamental que consigamos con esta regulación que los productos europeos garanticen que los minerales que utilizan en los bienes no proceden de esas minas.

Estoy segura de que el jueves va a ser aprobado por una amplísima mayoría porque ya lo votamos y aprobamos en la Comisión de Comercio Internacional el 4 de febrero, y salió aprobado por 39 votos a favor, 2 abstenciones y 0 en contra. Es un reflejo de lo que va a ocurrir en el pleno.

La clave está ahora en que las empresas no busquen subterfugios para eludir el cumplimiento del reglamento. Desde este punto de vista, es muy importante una política de concienciación ciudadana: los ciudadanos tienen que estar informados para exigir a las empresas que no colaboren con esta situación. El impacto va a depender mucho del acompañamiento que tengan otros países en conseguir regulaciones de esta naturaleza.

¿La llegada de Trump puede significar un paso atrás en la lucha contra los minerales de sangre?

Trump ha anunciado que quiere derogar la ley Dodd-Frank (aprobada bajo la Administración Obama en 2010, y cuya finalidad era regular el comercio de estos minerales), con el argumento de que esta ley supone costes para la industria. Toda regulación y todo cumplimiento de normativa supone costes, pero, ¿cuáles son los costes en términos de vidas humanas? Yo le preguntaría a Trump si le gustaría que sus hijas sufrieran las vejaciones que sufren las mujeres y las niñas que son violadas en la milicia. No podemos cerrar los ojos. Que eso deje de pasar depende de la voluntad política y del liderazgo de la ciudadanía.

Por Irene de Pablo  

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