17 de diciembre de 2017
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La lucha antiterrorista no debería ser sinónimo de abuso de los derechos humanos

 Gendarmes patrullan los alrededores de la Torre Eiffel en noviembre de 2015. (Foto: EFE/Archivo)

Gendarmes patrullan los alrededores de la Torre Eiffel en noviembre de 2015. (Foto: EFE/Archivo)

Mientras el mundo prosiga su combate contra el terrorismo, los poderes establecidos deberían incluir a la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones, para que se puedan formular políticas eficaces y justas, asegura  Claire Fernández, subdirectora de la Red Europea contra el Racismo (ENAR, por sus siglas en inglés), en una columna de opinión para el portal EurActiv.com, socio de Euroefe.

(Las opiniones vertidas en esta tribuna reflejan exclusivamente la posición de sus autores y no pueden ser atribuidas a Euroefe.euractiv.es ni a ninguno de los asociados de la red europea de EurActiv)

Desde los atentados terroristas de 2015 en París y en otras partes del mundo, la UE y sus Estados miembros han adoptado, o considerado adoptar, medidas que buscan prevenir y sancionar actos terroristas. La Comisión Europea ha propuesto una directiva europea para combatir el terrorismo, la cual en estos momentos es objeto de revisión por parte del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo.     

No obstante, estas iniciativas suponen restricciones considerables de los derechos humanos, en especial para las personas en riesgo de (padecer agresiones) racistas o xenófobas, y están promoviendo un clima tóxico de sospecha y (tentación) de buscar chivos expiatorios. 

La sociedad civil no ha sido ni consultada ni ha tenido la menor participación en estos procesos. Pero es esencial evitar este tipo de excesos y abusos.

Las últimas medidas de seguridad que han adoptado algunos países de la UE, han desembocado en graves violaciones de los derechos humanos, y no cumplen con los criterios estrictos de necesidad y proporcionalidad, ni están sujetas a control judicial, y además afectan de manera desproporcionada a minorías étnicas o religiosas en Europa.

Por ejemplo, en Francia, desde que se declaró el Estado de emergencia tras los atentados de noviembre de 2015 en París, ONG de derechos humanos han informado de numerosas redadas en casas, mezquitas y lugares de oración además de detenciones en domicilios, que, sin embargo, se han materializado en apenas unas pocas investigaciones criminales. 

Las pruebas demuestran que muchos musulmanes fueron objetivo de esas redadas en base a su credo religioso, sin que existiesen pruebas que apuntaran a su participación en ningún acto criminal. También se han conocido  informaciones preocupantes sobre abusos policiales y uso desproporcionado e innecesario de violencia al llevar a cabo esas redadas. 

Los inmigrantes son tratados como potenciales “terroristas”, y en el lenguaje de la población y de los políticos sobre la inmigración se establece cada vez más el vínculo entre solicitantes de asilo, inmigrantes y amenaza terrorista.

Los controles de frontera “selectivos”, propuestos en el contexto de la reforma del (Tratado) de Schengen, son problemáticos porque se basan, entre otros criterios, en características personales de cada individuo, y corren el riesgo de caer en lagunas de seguridad y en (la aplicación de) criterios basados en un perfil étnico. 

Los responsables políticos de la UE deben entender que las medidas  antiterroristas y la protección de los derechos humanos no son incompatibles.

De hecho, se ha demostrado que la violación de los derechos humanos tiene un efecto contraproducente en el combate contra el terrorismo. Los abusos antes mencionados podrían, por ejemplo, marginar a los musulmanes europeos, alimentar tensiones entre comunidades y sembrar las semillas de más radicalismos. El primer ministro de Eslovaquia ya ha propuesto “controlar a todos los musulmanes tras los atentados de París”.      

La Comisión debería empezar por llevar a cabo un análisis de impacto en derechos humanos y consultar a las ONG más relevantes para diseñar alternativas a las medidas existentes, que sean eficaces y respeten los derechos humanos.   

El ejecutivo comunitario y los Estados miembros deben incluir salvaguardias de derechos humanos en la legislación de la UE y en las leyes antiterroristas nacionales, incluida la prevención de prácticas discriminatorias como el (“cribado”) en función del perfil étnico.

También deberían garantizar un seguimiento adecuado y un mecanismo de supervisión independiente para que las autoridades encargadas de la aplicación de las normas actúen con transparencia.

Además, los países de la UE deben dar a los servicios de inteligencia, policía, autoridades fronterizas y sistemas judiciales, los medios para garantizar un control policial no discriminatorio, justo y  eficaz.

La UE tiene la responsabilidad de velar por la protección de los derechos humanos y de garantizar que la lucha contra el terrorismo no se convierte en sinónimo de abuso de los derechos humanos.

Enlaces:

► Red Europea contra el Racismo (ENAR)

"Counter-terrorism should not be a synonym for human rights abuse" en EurActiv.com

 

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