17 de diciembre de 2017
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Europa tiene que luchar contra la dictadura venezolana, dice el presidente del PE

 El presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, durante una sesión plenaria en dicha institución comunitaria en Bruselas, el 31 de mayo de 2017. EFE/Archivo

El presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, durante una sesión plenaria en dicha institución comunitaria en Bruselas, el 31 de mayo de 2017. EFE/Archivo

El mundo no puede cerrar los ojos sobre lo que sucede en Venezuela. Tenemos que tener el coraje de tomar decisiones para favorecer el cambio hacia la democracia. Condenar es bueno pero actuar para que cambie la situación es mejor, afirma el presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, en un artículo distribuido por la agencia EFE en su nuevo servicio Firmas, que cuenta con aportaciones de articulistas y personalidades de relieve mundial. 

(Las opiniones vertidas en esta tribuna reflejan exclusivamente la posición de su autor y no pueden ser atribuidas a EuroEFE.EURACTIV.es ni a ninguno de los asociados de la red europea de EURACTIV ni a la Agencia EFE)

El pasado agosto, los Estados Unidos aplicaron sanciones económicas, congelando activos y prohibiendo transacciones al presidente Maduro y altos cargos venezolanos. Europa, sin embargo, arrastra los pies cuando debería seguir ese mismo camino, imponiendo medidas restrictivas individuales y selectivas contra los responsables de la actual represión. Incluso la ONG Human Rights Watch ha pedido públicamente que se adopten sanciones. No puede haber impunidad cuando no se respetan la democracia y los derechos humanos.

Venezuela está viviendo una crisis sin precedentes que dura ya desde hace varios años: crisis política, institucional, social, económica y humanitaria. En vez de escuchar a su pueblo, el presidente Maduro ha violado el principio sagrado de la separación de los poderes y reforzado su régimen autoritario para -no debemos tener miedo de decirlo- instaurar una dictadura. Porque imponer una Asamblea Nacional Constituyente y usurpar las competencias de la Asamblea Nacional, única y legítima representante de la voluntad ciudadana tras ganar las elecciones de diciembre 2015, es propio de un régimen dictatorial.

Todo ello representa un paso atrás en la historia, en los avances hacia la democracia y el Estado de derecho que toda América Latina y el Caribe consiguieron en las últimas décadas.
Los venezolanos hoy en día se enfrentan a una escasez de medicamentos y recursos para la atención sanitaria; carencia severa de alimentos y otros productos que son un serio impedimento para una nutrición adecuada y cubrir las necesidades básicas, e incluso al rebrote de enfermedades que, como la difteria, hace más de 20 años que no aparecían.

La situación económica también es desesperada con una hiperinflación (720 % para este año y hasta un 2.000 % en 2018) y la contracción del PIB (-18 % en 2016, -7 % previsto este año). ¡Esto no debería suceder en el país con mayores reservas mundiales de petróleo!

Y es que la dictadura venezolana es mala para el país, sus vecinos, todo el continente y el mundo. Por eso debemos de actuar.

Recientemente en Lima doce países aprobaron una declaración sobre la crisis en Venezuela y tomaron la decisión valiente de no participar en la Cumbre CELAC-UE a finales de octubre en El Salvador, pidiendo postergarla. La Unión Europea debería saludar públicamente esta iniciativa y hacer lo mismo. Tras recibir a los embajadores de los doce países la semana pasada, anuncié oficialmente que no participaré ni en la Cumbre CELAC-UE ni en la Cumbre parlamentaria Eurolat que se reúne en El Salvador la próxima semana.

Las repercusiones de lo que sucede en Venezuela son regionales. Colombia se está enfrentando a un flujo importante de refugiados que cruzan la frontera cada día en busca de comida, medicinas y paz. Solo en el mes de julio se concedieron 125.000 visados a personas de nacionalidad venezolana. Pero Colombia no es el único país afectado. Con sus 2.000 kilómetros de frontera con Venezuela, Brasil también vive esta realidad. Chile, a casi 5.000 kilómetros de distancia, entregó en julio 9.000 visados a venezolanos. Europa también se encuentra presionada. En junio de 2017 las demandas de protección internacional de los que huyen de Venezuela ya eran más que todas las registradas en 2016.

Desde la llegada al poder del chavismo, en 1999, más de dos millones de personas han abandonado Venezuela. La diáspora venezolana en Europa, que suma casi 600.000 personas, necesita protección frente a esta dictadura que no les paga las pensiones ni les renueva el pasaporte y les arresta arbitrariamente cuando vuelven a pisar suelo venezolano.

A nivel continental y global, hay un riesgo geopolítico también. Venezuela, con las sanciones de los Estados Unidos, está sofocada económicamente ya que no puede obtener dinero en los mercados financieros norteamericanos. Países que nunca tuvieron un particular papel en la región se aprovechan de la situación para instalarse y aumentar su influencia. Así, China o Rusia siguen dando préstamos al gobierno y empresas estatales venezolanas.

Por su parte, el Parlamento Europeo seguirá muy activo, siguiendo la situación atentamente. Ya hemos aprobado cinco resoluciones en los tres últimos años en las que se pide la liberación de los presos políticos; el respeto de los poderes de la Asamblea Nacional; un calendario electoral; y la entrada de ayuda humanitaria. Antes del final de este año organizaremos una conferencia sobre la democracia en Venezuela, dando voz a todos los perseguidos por el régimen. Ya no se trata solo de la oposición sino también de personas que pertenecen ideológicamente al chavismo pero que han denunciado la deriva dictatorial del presidente Maduro. Pienso especialmente en la fiscal Luisa Ortega, destituida de su cargo por la Asamblea Nacional Constituyente, quien tuvo que dejar el país para no ser enjuiciada y arrestada.

Asimismo, el próximo mes el Parlamento Europeo elegirá el Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia. La oposición venezolana, representada por la Asamblea Nacional y su Presidente, Julio Borges, y los presos políticos como Leopoldo López, son candidatos al galardón, que homenajea a personas u organizaciones que se han dedicado a la defensa de los derechos humanos y las libertades. 

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