21 de octubre de 2017
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Un "sello notarial de conformidad" para aumentar la confianza de los consumidores en el Mercado Único Digital

 El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, durante la Cumbre de la UE sobre la agenda digital, en Tallin (Estonia), el 29 de septiembre de 2017. (Foto: EFE/Valda Kalnina) 

  

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, durante la Cumbre de la UE sobre la agenda digital, en Tallin (Estonia), el 29 de septiembre de 2017. (Foto: EFE/Valda Kalnina)  

El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, presentó el 6 de mayo de 2015 como objetivo “estratégico” de su mandato la creación de un Mercado Único Digital, que, según afirmó, generaría “hasta unos 250.000 millones de euros de crecimiento adicional en Europa".  Con el fin de lograrlo, Juncker consideraba necesario mejorar, entre otras cosas, el acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios digitales en toda Europa. Para incrementar la confianza, los notarios españoles van a llevar una propuesta al IV Congreso de los Notarios Europeos, que se celebra del 5 al 7 de octubre en Santiago de Compostela: el "sello notarial de conformidad". Sus detalles los expone el catedrático de Derecho civil de la Universidad Autónoma de Barcelona y ponente en ese congreso, Lorenzo Prats Albentosa, en una tribuna para Euroefe.

(Las opiniones vertidas en esta tribuna reflejan exclusivamente la posición de su autor y no pueden ser atribuidas a EuroEFE.EURACTIV.es ni a ninguno de los asociados de la red europea de EURACTIV ni a la Agencia EFE)

El Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, presentó el 6 de mayo de 2015 como objetivo “estratégico” de su mandato la creación de un Mercado Único Digital, que, según afirmó, generaría “hasta unos 250.000 millones de euros de crecimiento adicional en Europa durante el mandato de la próxima Comisión, creando cientos de miles de nuevos puestos de trabajo, especialmente para los solicitantes de empleo más jóvenes, y una pujante sociedad basada en el conocimiento”. A fin de hacer posible este objetivo, el Presidente consideraba necesario mejorar el acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios digitales en toda Europa; crear las “condiciones adecuadas” y garantizar la “igualdad de condiciones” para que las redes digitales y los servicios innovadores puedan prosperar; y, por último, maximizar el potencial de crecimiento de la economía digital. 

En concreto, Juncker precisó la necesidad de eliminar, “rápidamente”, las diferencias fundamentales entre los mundos en línea y fuera de línea y “derribar las barreras a la actividad transfronteriza en línea”, entre las que expresamente se refieren “las diferencias en materia de Derecho contractual y de propiedad intelectual entre los Estados miembros”, para lo cual, y entre otras medidas, consideraba preciso adoptar nuevas normas para todos los Estados miembros, que facilitasen el comercio electrónico trasfronterizo.

Estas normas, especialmente, deben incidir en la información que el consumidor ha de recibir con carácter previo a contratar online, pues su confianza en este entorno depende, en buena medida, de la información que reciba y de la calidad de la misma. A este fin, la Directiva de Derechos de los consumidores (2011) reguló con detalle el contenido del deber de información precontractual de los oferentes en la contratación online (Art. 6).

No obstante, esta norma no ha provocado un gran crecimiento de la contratación electrónica. En 2016 alcanzó los 530 millones de euros, y se espera que en 2017 llegue a los 600millones, justo la mitad de la alcanzada en USA tan solo en el segundo cuatrimestre de 2017 (U.S. Census Bureau News. Dept. of Commerce).

Obviamente, la Directiva de 2011 no ha generado en los consumidores toda la confianza necesaria. Entre otros motivos, puede señalarse la falta de la atribución a una Autoridad pública –europea o nacional- de la competencia de velar por el cumplimiento de los deberes de información pre-contractual impuestos a los oferentes. La carencia de controles eficaces, que aseguren “ex ante” el cumplimiento de tales deberes, traslada a los consumidores el coste de la defensa de sus derechos, con un evidente efecto disuasorio respecto de aquellos que no están dispuestos a asumir el riesgo de la pérdida del precio de la compra, ni a asumir el coste de su reclamación ante los tribunales, sean o no de su Estado. Este defecto podría ser corregido sin necesidad de incurrir la Unión o sus Estados, ni los oferentes o los consumidores, en costes asociados relevantes.

Como es evidente, la contratación online con consumidores está sujeta a condiciones generales de la contratación (CGC) redactadas y predispuestas por los oferentes de bienes y servicios. Estas CGC han de cumplir con los deberes que la Directiva 2011 impone a los oferentes. Por lo que controlar su cumplimiento es importante, si se quiere incrementar la confianza de los consumidores. Sobre todo si se admite con franqueza que estos no leen las CGC, ni menos, contrastan si respetan los derechos que la Directiva de 2011 les reconoce en su Art. 6.

Mejorar el tráfico "online" de bienes y servicios

En la mayor parte de los Estados Miembros de la Unión hay un funcionario, imparcial e independiente, que puede realizar la tarea de controlar “ex ante” el cumplimiento por los oferentes de los deberes de información contractual que, imperativamente, la ley europea les impone. Estos funcionarios son los notarios europeos, que pertenecen al modelo del “notariado latino”.

Los oferentes, voluntariamente, podrían hacer llegar al notario competente las CGC que vayan a utilizar en sus contratos online antes de publicarlas en su website. El notario las examinaría y verificaría que cumplen los deberes que la Directiva les impone. Si los cumplen, el notario añadiría a las CGC un “Sello de conformidad” (SNC), y las CGC podrían quedar alojadas en el website del notariado del Estado Miembro del notario que haya conferido tal “Sello”. El oferente, por su parte, podría darlas a conocer en su web con este SNC, o bien incorporar un enlace al website del notariado del Estado miembro en el que estén alojadas. Los consumidores, al ver el SNC, podrían confiar en que las CGC respetan los derechos que el Art. 6 CRD les reconoce. Desde luego, los consumidores podrían descargarse las CGC, con el Sello notarial, con un Código Seguro de Verificación.

La oportunidad y conveniencia de esta novedosa propuesta de intervención notarial para la seguridad del tráfico online de bienes y servicios, será objeto de debate en el 4º Congreso de los Notarios de Europa, que se celebrará en Santiago de Compostela, los próximos días 5 a 7 de octubre.

Un Congreso en el que se establecerán las bases sobre las que la función notarial evolucionará durante el s. XXI, de acuerdo con las necesidades de seguridad jurídica que la sociedad europea demanda y la utilidad de las nuevas tecnologías para reforzarla, y en el que se definirán los modos a través de los que colaborar, estrechamente, en la construcción de un Mercado Único Digital para Europa, tal y como la Comisión UE, acertadamente, promueve.

Para saber más:

Congreso de los notarios europeos (Santiago de Compostela, octubre de 2017)

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