22 de septiembre de 2018
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El gran desafío de las pensiones

 Dos jubilados ejercitan sus músculos y articulaciones en uno de los aparatos de gimnasia para personas mayores, instalados en un parque público de la capital valenciana el 28 de febrero de 2012. EFE/Kai Försterling

Dos jubilados ejercitan sus músculos y articulaciones en uno de los aparatos de gimnasia para personas mayores, instalados en un parque público de la capital valenciana el 28 de febrero de 2012. EFE/Kai Försterling

España tiene un problema muy serio con su sistema de pensiones. Es el décimo país más envejecido del mundo, de acuerdo con los datos de la División de Población de Naciones Unidas, pero en 2030 será el cuarto. En este contexto demográfico, un sistema de pensiones como el español, que se basa en el modelo de reparto –las cotizaciones de hoy pagan las pensiones de hoy– es financieramente insostenible, mantiene Emilio J. González, profesor de Economía de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE en una tribuna en exclusiva para EuroEFE. Un reto al que se enfrenta toda la Unión Europea (UE), donde en 2060 por cada jubilado habrá solo dos personas trabajando, según datos de la Comisión Europea.

(Las opiniones vertidas en esta tribuna reflejan exclusivamente la posición de su autor y no pueden ser atribuidas a EuroEFE.EURACTIV.es ni a ninguno de los asociados de la red europea de EURACTIV ni a la Agencia EFE)

España tiene un problema muy serio con su sistema de pensiones. Por un lado, hoy es el décimo país más envejecido del mundo, de acuerdo con los datos de la División de Población de Naciones Unidas, pero en 2030 será el cuarto. En la actualidad, según la misma fuente, el 21,5% de la población española tiene más de 66 años, un porcentaje que subirá hasta el 24,3% en 2030. Ese año habrá cuatro personas mayores de 65 años por cada diez individuos en edad de trabajar y dos personas trabajando o buscando empleo por cada mayor. En este contexto demográfico, un sistema de pensiones como el español, que se basa en el modelo de reparto –las cotizaciones de hoy pagan las pensiones de hoy– es financieramente insostenible.

Para tratar de resolver el problema, el Congreso aprobó en 1995 el Pacto de Toledo, que contenía un conjunto de recomendaciones para tratar de garantizar la viabilidad a largo plazo de la Seguridad Social. La aplicación de esas medidas, que ya está en vigor, implica que, a partir de 2037, la mitad de las personas que se jubilen solo percibirán la pensión mínima, mientras que la pensión media será un 20% inferior a la actual, según el estudio The Future of Spanish Pensions. Este es el problema.

Cuatro fuentes de financiación, según la OCDE

De acuerdo con la OCDE, hay cuatro fuentes de financiación de la jubilación. La primera de ellas es la pensión pública, que, como acabamos de ver, se verá reducida a causa de la aplicación del Pacto de Toledo. De esta forma, la pensión en España hoy equivale al 80% del último salario percibido, pero en el futuro bajará hasta el 60%, en consonancia con la media de la OCDE. El problema es que la renta per cápita española equivale a dos terceras partes del promedio de la OCDE. En otras palabras, nuestros pensionistas serán más pobres.

Para evitar este tipo de situaciones, la OCDE contempla una segunda fuente de financiación de la jubilación: el ahorro privado. En la OCDE, la media del ahorro acumulado para la jubilación equivale al 37,2% del PIB; en España no llega al 10%, lo cual deja a nuestro país en una situación realmente difícil.

Lo que si tenemos a favor es que el 90% de las personas que se jubilarán en los próximos 25 años son propietarios de su vivienda, la tercera fuente de financiación de la pensión que reconoce la OCDE, un porcentaje muy superior al del resto de países. Esto significa que no hay que pagar un alquiler con la pensión; que se puede vender la vivienda, comprar otra más barata y financiar la jubilación con el dinero restante; que se puede alquilar alguna habitación; que se puede suscribir una hipoteca inversa… La cuestión es qué renta se puede obtener de la vivienda, teniendo en cuenta que, en muchas zonas de España, tendrán que pasar muchos años antes de que se terminen de digerir plenamente las consecuencias de la burbuja inmobiliaria.

La última fuente de financiación es la obtención de rentas del trabajo, o de actividades empresariales, después de los 65 años. En este sentido, el Gobierno está promoviendo la jubilación activa –cobrar parte de la pensión y seguir trabajando a tiempo parcial–, pero, por ahora, no hay muchas personas que se hayan acogido a ella. Y las vocaciones emprendedoras entre los mayores apenas llegan al 5%, de acuerdo con diversos estudios.

En este escenario, la medida más potente para mantener equilibradas las cuentas de la Seguridad Social es el retraso en la edad de jubilación, tal como reconoce la OCDE. Implica que hay más personas cotizando más tiempo en vez de extraer rentas del sistema, lo que permitiría contar con pensiones más altas. En este sentido, España ya está ampliando la edad de jubilación hasta los 67 años, como están haciendo la mayoría de los países de la OCDE. Pero, dada la gravedad del problema en nuestro país, probablemente necesitamos ir más allá de esa edad, hasta los 72 años, si queremos que los jubilados tengan una pensión verdaderamente digna.

Para saber más:

La sostenibilidad de los sistemas sanitarios de la UE, contra las cuerdas por el envejecimiento de la población (infografía)

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