18 de enero de 2018
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Desde el paraíso, con evasión

 El eurodiputado socialista Ramón Jáuregui, en una imagen de archivo. (Foto: EFE)

El eurodiputado socialista Ramón Jáuregui, en una imagen de archivo. (Foto: EFE)

La evasión fiscal supone a la Unión Europea pérdidas de un billón de euros cada año, una cantidad "que muy injustamente pagan los ciudadanos de a pie". Por ello, no debería haber descanso en la lucha del bloque comunitario contra los defraudadores, asegura, en una tribuna para EuroEFE, el eurodiputado socialista (S&D) Ramón Jáuregui, presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat).

(Las opiniones vertidas en esta tribuna reflejan exclusivamente la posición de su autor y no pueden ser atribuidas a EuroEFE.EURACTIV.es ni a ninguno de los asociados de la red europea de EURACTIV ni a la Agencia EFE)

Tras el escándalo de los Papeles de Panamá, las nuevas revelaciones conocidas como Papeles del Paraíso vuelven a poner de relieve la ocultación masiva del patrimonio a los ojos del fisco por parte de los más ricos, incluyendo rostros conocidos de la política, el deporte y las artes. Es la prueba palpable de que aun no hemos extraído las lecciones necesarias de anteriores escándalos.

El caso LuxLeaks, relativo a los acuerdos tributarios opacos y desleales suscritos entre multinacionales y algunos Estados miembros, con la finalidad de trasladar artificialmente los beneficios, y los ya citados Papeles de Panamá, pusieron nombres y cifras a la evasión fiscal masiva que de forma mecánica y cotidiana llevan a cabo bufetes especializados en el mundo entero. Que las grandes fortunas eluden impuestos no es desgraciadamente ninguna sorpresa. Ni tampoco que entre ellas hubiera políticos elegidos para trabajar por el bien común, casas reales sustentadas con los impuestos de todos y compañías de las que somos clientes. Pero la filtración masiva de datos confidenciales de compañías off shore y su publicación en medios de comunicación de todo el mundo impulsó la puesta en marcha de distintas comisiones especiales y de investigación en el Parlamento Europeo, que permitieron analizar y diseñar nuevas vías para poner coto a una práctica profundamente inmoral e injusta.

Porque esa es nuestra primera conclusión: sí se puede hacer algo. Mucho. La evasión y la elusión fiscales a gran escala no son males irremediables ante los que podamos encogernos de hombros. Estas prácticas utilizan en gran medida medios perfectamente legales o sacan partido a lagunas y normas que no se han adaptado a los tiempos. Hacerlo está en nuestra mano, y sin embargo, en estos últimos años apenas hemos avanzado. No hemos conseguido asegurar que los llamados trusts sean transparentes. Ni tampoco impedir que los paraísos fiscales sigan actuando con unos modelos de registro de compañías tan opacos como los actuales. Y lo que resulta exasperante, hemos asistido al bloqueo de algunos países, que impiden la elaboración de la lista negra de paraísos fiscales común por parte de la Unión Europea que debe servir de base para actuar contra la elusión. Necesitamos que se apruebe de forma urgente, de modo que sirva de base para aprobar las sanciones administrativas, políticas y comerciales que correspondan.

La más reciente de estas comisiones, la que ha investigado los Papeles de Panamá y de la que soy miembro, está a punto de concluir sus trabajos con dos documentos, un informe de conclusiones y otro de recomendaciones. Los socialistas españoles hemos planteado una serie de iniciativas que refuerzan los mecanismos contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.

Una medida claramente efectiva, más allá de la transparencia y el intercambio automático de información, sería que los Estados miembros prohíban abrir cuentas financieras y sociedades ficticias en paraísos fiscales a los ciudadanos europeos que no sean residentes en esos países, y que impongan multas en caso de incumplimiento. La pregunta es sencilla: ¿por qué motivo un ciudadano español o francés o italiano tiene una cuenta en un país catalogado como paraíso fiscal, en el que no reside ni tiene una actividad económica real, si no es para eludir el pago de impuestos?

También reclamamos prohibir que las compañías que operan en el mercado interior europeo realicen transacciones con entidades off-shore en las cuales no se pueda identificar al beneficiario efectivo de la sociedad, además de avanzar hacia la completa extinción de estas sociedades pantalla sin actividad productiva efectiva.

Consideramos también que la UE debe retirar la licencia para operar a los bancos que ayuden a sus clientes a defraudar o eludir el pago de impuestos. Y pensamos además que las empresas que utilizan esas jurisdicciones deben tener prohibida su participación en la contratación pública. La Unión Europea ofrece a las compañías y entidades bancarias el acceso a una zona económica de las más ricas del mundo, estable y jurídicamente segura, y por eso, más todavía, está en condiciones de exigir estándares de comportamiento que como mínimo no perjudiquen a sus arcas públicas y por tanto a sus ciudadanos. También por eso, cabe exigir que las compañías introduzcan en sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa el compromiso con el pleno cumplimiento de sus deberes fiscales sin ningún tipo de elusión. Es un deber básico y elemental con la sociedad en la que operan.

En el nivel institucional europeo hay más acciones que se deben emprender. La Comisión Europea debe tener un papel más activo y permanente en la lucha contra la evasión y la elusión fiscales, y para ello debe crear un centro de coordinación que evalúe y haga un seguimiento de la políticas fiscales de los Estados miembros y se convierta en el futuro en una auténtica Agencia Tributaria Europea. Como primera tarea, tendría que hacer un seguimiento detallado de la reforma fiscal propuesta por Trump, por la posibilidad de que se lleve a cabo una amnistía que permita la repatriación de beneficios de las grandes empresas tecnológicas a un tipo impositivo muy bajo.

Por último, una cuestión básica: es imprescindible una legislación europea para proteger a los informantes que prestan un servicio público al revelar las irregularidades de empresas y gobiernos y que arriesgan su carrera profesional y sustento, y a menudo, su libertad, ya que algunos Estados miembros criminalizan esta conducta.

Pero con estas recomendaciones no termina nuestro trabajo. Los socialistas consideramos que es necesaria una comisión o grupo de trabajo permanente en el Parlamento Europeo que evalúe de forma continua las medidas que se ponen en marcha y las que se pondrán en el futuro. Queda mucho por hacer. Incluso creo que debiéramos solicitar la realización de una cumbre anti-paraísos y por la justicia fiscal en Naciones Unidas. Muchas de las medidas antifraude requieren acuerdos internacionales. No olvidemos que la evasión fiscal supone a la Unión Europea pérdidas de un billón de euros cada año, una cantidad que muy injustamente pagan los ciudadanos de a pie. No debe haber ni paz ni paraíso para el defraudador.

Para saber más:

 Grupo S&D en el Parlamento Europeo (delegación española)

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