17 de enero de 2018
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CASH CONTROLS. Seguridad y Transparencia en las fronteras de la UE

  El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar en una foto de archivo, en Bruselas. EFE/Olivier Hoslet

El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar en una foto de archivo, en Bruselas. EFE/Olivier Hoslet

La comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, en el Parlamento Europeo, han aprobado esta semana por amplia mayoría el mandato para comenzar las negociaciones con el Consejo de la UE sobre nuevas normas para luchar contra el blanqueo de dinero y la delincuencia transnacional.

El eurodiputado socialista español Juan Fernando López Aguilar, coponente del Informe parlamentario relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión, explica el alcance de las propuestas, que pasan ahora al pleno del PE, en este artículo exclusivo para EuroEFE.EURACTIV.es

(Las opiniones vertidas en las tribunas reflejan exclusivamente la posición de su autor y no pueden ser atribuidas a EuroEFE.EURACTIV.es ni a ninguno de los asociados de la red europea de EURACTIV ni a la Agencia EFE)

El proyecto de reglamento sobre controles de entrada o salida de la UE supone un avance en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, gracias a una mejor cooperación entre autoridades aduaneras en el rastreo de los flujos de efectivo y al intercambio reforzado de información.

Las grandes sumas de dinero en efectivo se utilizan en ocasiones para desarrollar actividades delictivas y facilitar el blanqueo de capitales porque son líquidas y se pueden transferir con agilidad. Son, además, muy difíciles de rastrear por ese carácter líquido. Esta es la razón por la cual las personas portadoras de cantidades de efectivo superiores a los 10.000 euros que entran o salen de la Unión tienen la obligación de declararlas.

Sin embargo, los delincuentes adaptan rápidamente sus estrategias a los nuevos controles y recurren a otros activos igualmente líquidos e imposibles de rastrear. La nueva legislación, por lo tanto, incluye el oro en su definición y permite cambios rápidos de la definición de efectivo para corregir las posibles deficiencias de funcionamiento del sistema. En este sentido, se ha introducido, por ejemplo, una cláusula de revisión a los tres años que permitiría actualizar el reglamento en caso necesario y extender la obligación de declarar también al efectivo no acompañado o los diamantes.

Para llevar a cabo una investigación exhaustiva, las autoridades competentes deben tener acceso a todos los datos relevantes lo más rápido posible. Por ello, el Parlamento ha acortado significativamente los retrasos en la transmisión de esa información, bajando los límites de 30 a 4 días.

Las sanciones impuestas por la falta de declaración del efectivo vienen actualmente definidas en la legislación nacional y son muy divergentes: la misma cantidad de efectivo no declarado puede ser objeto de multas que van desde los 330 euros en un Estado miembro hasta el 200% del monto total en algún otro caso (España, por ejemplo).

Lamentablemente, el Consejo y la Comisión no han demostrado hasta la fecha ser lo suficientemente ambiciosos a la hora de luchar contra el conocido fenómeno de “fórum shopping”, o selección del foro jurídico, en busca del tratamiento menos oneroso para los defraudadores. Por esa razón, los ponentes reclamamos en nuestro informe una mayor armonización y solicitamos a la Comisión que proponga legislación al respecto.

El informe dota a nuestras autoridades de las herramientas necesarias para mejorar la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, algo que resulta clave en la actual coyuntura global. Lo más importante es que las autoridades accedan rápidamente a todos los datos que necesiten, y esto solo es posible si los sistemas que utilizan para intercambiar información son compatibles y están interconectados (sujetos a las limitaciones en materia de derecho de acceso).

El objetivo no es saturar a los investigadores con toda la información existente, sino asegurarnos de que las personas adecuadas tengan acceso a los datos más relevantes y correctos. También ha quedado claro en el reglamento que la existencia de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Europea tendría un valor añadido importante a la hora de facilitar el trabajo de investigación de las Unidades de los Estados miembros en su lucha contra los delitos transnacionales. Por lo tanto, en el informe se pide específicamente a la Comisión que proponga legislación para el establecimiento de una Unidad de inteligencia Financiera  de la UE.

En definitiva, el informe que hemos aprobado en la comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior aporta las herramientas necesarias para que las autoridades hagan un mejor seguimiento y control del efectivo en tránsito a través de las fronteras exteriores de la UE, al tiempo que mantiene la proporcionalidad y protege los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Con este texto, la Eurocámara lanza una señal muy nítida y contundente de cara a las negociaciones legislativas que comienzan ahora con el Consejo. 

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