16 de julio de 2018
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Los retos de Europa en materia fiscal

 Fotografía de Krister Andersson, vicepresidente del Grupo de Empresarios del Comité Económico y Social Europeo (CESE) cedida por este organismo europeo. EFE

Fotografía de Krister Andersson, vicepresidente del Grupo de Empresarios del Comité Económico y Social Europeo (CESE) cedida por este organismo europeo. EFE

"La eliminación de las barreras fiscales para impulsar el mercado único y fomentar el comercio ha sido lenta. Son muchos los Estados miembros que aplican aún un gran número de tipos impositivos preferentes en sus territorios, por no hablar de las situaciones que conciernen a otro Estado miembro", señala en una tribuna para EuroEFE el vicepresidente del Grupo de Empresarios del Comité Económico y Social Europeo (CESE), Krister Andersson, quien advierte que "todo ello genera distorsiones de origen tributario que impiden una asignación eficiente de los recursos".

(Las opiniones vertidas en esta tribuna reflejan exclusivamente la posición de sus autores, y no pueden ser atribuidas a EuroEFE.EURACTIV.es ni a ninguno de los asociados de la red europea de EURACTIV ni a la Agencia EFE)

En el ámbito del impuesto de sociedades, por ejemplo, muchos países tratan los beneficios y las pérdidas de manera asimétrica, desestimando o limitando el valor de las pérdidas de una compañía incluida en un grupo empresarial frente a los beneficios de otras empresas del mismo grupo. El resultado que se notifica para una entidad dentro de un grupo es decisivo a la hora de determinar los impuestos adeudados, y se llevan a cabo grandes esfuerzos para garantizar que los precios de los bienes y servicios entre las empresas de un mismo grupo sean equivalentes a los que habrían pagado empresas independientes. Los denominados precios de transferencia en condiciones de plena competencia constituyen un principio fundamental de la fiscalidad internacional.

La propuesta de Directiva de la Comisión Europea sobre una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) aborda todas estas cuestiones. Al permitir la consolidación desde un primer momento, se depararía el mismo trato fiscal a las pérdidas y beneficios de un grupo y no importaría el precio de transferencia dentro del grupo, lo cual supondría un gran logro.

Sin embargo, la BICCIS ha de ser extremadamente competitiva y fácil de cumplir recurriendo a un mecanismo de ventanilla única, por ejemplo, para la presentación de solicitudes. Los ingresos fiscales también deben repartirse equitativamente entre los Estados miembros. Si se incluyeran las ventas en la fórmula para distribuir la base imponible entre los Estados miembros, las economías más grandes se verían favorecidas al contar con un mayor mercado. Es posible que las economías más pequeñas, situadas en la periferia de la UE, se vieran obligadas a intentar compensar esta situación fijando un tipo reducido del impuesto de sociedades para ser competitivas. Al no poder competir con el tamaño de sus mercados, se debe asegurar a estas economías unos ingresos fiscales que les permitan cumplir sus objetivos sociales.

Las recientes propuestas para gravar fiscalmente los servicios digitales suscitan una preocupación similar en lo relativo a la situación de los países más pequeños. Las propuestas sugieren que, de una manera u otra, el uso de los datos en un país debería generar una obligación en materia de impuesto de sociedades, independientemente de que la empresa posea un establecimiento o cualquier otra instalación permanente en dicho país.

Las normas de este tipo, basadas en las ventas o el uso de datos, trasladarán los ingresos fiscales a países con muchos consumidores. Incluso si la innovación, el desarrollo, la producción, la financiación y la gestión de la empresa permanecieran en un Estado miembro pequeño, el derecho de imposición fiscal se transferiría a las economías más grandes. Este desplazamiento de los ingresos fiscales es, por supuesto, una de las principales preocupaciones de las economías más pequeñas, como las de los países nórdicos o los países de la Europa del Este. No obstante, también suscita preocupación para un país exportador como Alemania.

Cuando se habla de equidad fiscal, es sumamente importante tener en cuenta las repercusiones en todos los Estados miembros. Hoy por hoy, la toma de decisiones en el ámbito fiscal se ha desplazado de la OCDE, basada en el consenso, al G20, es decir, las veinte economías más grandes.

La Unión Europea es miembro del G20, por lo que es importante que, como tal, la UE no represente solo a los Estados miembros más grandes. Hay que resistirse a la tentación de imponer gravámenes a las empresas de otros Estados, ya sean estas estadounidenses, japonesas o de un pequeño Estado miembro de la UE. Asimismo, hay que tener en cuenta que si se aplicaran nuevos principios que permitieran a las economías más grandes el derecho de imposición fiscal, en una o dos décadas se transferirían considerables ingresos de esta índole a países como China, India, Indonesia o Brasil, dada la rápida expansión de sus mercados de consumo.

Otro reto fiscal en la UE lo constituye el modo de resolver los litigios tributarios entre los Estados miembros. La Comisión presentó un impresionante proyecto de Directiva a principios de 2017 y la Presidencia maltesa llevó esta iniciativa a buen puerto. Con arreglo a la Directiva, la doble imposición —según la cual dos o más Estados miembros reclaman el derecho a gravar un mismo beneficio— ha de resolverse a su debido tiempo. Se trata de un paso muy importante para apoyar el mercado único.

La Comisión también ha presentado varias propuestas sobre cómo aplicar y promover un mercado único en el ámbito de los impuestos indirectos, el IVA. Como quiera que el principio de destino exige que el vendedor de un Estado miembro identifique al consumidor final de otro Estado miembro, y aplique el tipo de IVA correcto a esa mercancía o servicio específico a efectos de dicho consumidor, las pymes en particular se enfrentan a dificultades para obtener la información y cumplir la normativa.

Esta circunstancia suele ser muy costosa y, por lo tanto, muchas pymes evitan vender a clientes de otros países de la UE. Esta representa una de las principales preocupaciones del Comité Económico et Social Europeo (CESE), y creemos que los Estados miembros deben cooperar mucho más estrechamente en el día a día para garantizar el buen funcionamiento del mercado único. El Comité recomienda que las devoluciones del IVA se abonen sin demora y que se facilite a las pymes el cumplimiento del complejo conjunto de normas.

La eliminación de las barreras fiscales no atenta contra la soberanía fiscal nacional, pero exige la cooperación de los Estados miembros. Las ventajas fiscales especiales o las normas discriminatorias no generan eficiencia económica ni libre comercio en la UE. Si bien Europa ha dado pasos decisivos para reducir estas normas fiscales discriminatorias, ahora debemos cerciorarnos de proseguir esta labor y aplicar el mismo principio en nuestras relaciones con terceros países.

Para saber más sobre los dictámenes correspondientes del CESE:

 ECO/459 – Imposición de los beneficios generados por las multinacionales a través de la economía digital

 ECO/419 – Base imponible (consolidada) común del impuesto sobre sociedades

► ECO/434 – Fiscalidad de la economía colaborativa

► ECO/442 – Paquete sobre la reforma del IVA (I)

 ECO/445 – Paquete sobre la reforma del IVA (II)

 ECO/420 – Mejorar los mecanismos de resolución de los litigios de doble imposición

 

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