19 de octubre de 2018
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Los próximos presupuestos de la UE: crónica de una rendición

 Fotografía de Javier Doz Orrit, miembro del Grupo de Trabajadores del Comité Económico y Social Europeo (CESE) cedida por esta organización. EFE

Fotografía de Javier Doz Orrit, miembro del Grupo de Trabajadores del Comité Económico y Social Europeo (CESE) cedida por esta organización. EFE

Sólo unos presupuestos fuertes y ambiciosos podrían aportar instrumentos de acción —y esperanza— a los responsables políticos europeos ante una ciudadanía enfadada y perpleja, y en perfectas condiciones para ser manipulada, mantiene en una tribuna para EuroEFE Javier Doz, miembro del Grupo de Trabajadores del Comité Económico y Social Europeo (CESE). 

(Las opiniones vertidas en esta tribuna reflejan exclusivamente la posición de sus autores, y no pueden ser atribuidas a EuroEFE.EURACTIV.es ni a ninguno de los asociados de la red europea de EURACTIV ni a la Agencia EFE)

El pasado 2 de mayo, la Comisión Europea presentó su propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2021-2027 de la Unión Europea (UE). Desde entonces hemos ido conociendo numerosas propuestas legislativas sectoriales que terminan de configurar la compleja arquitectura jurídica de los próximos presupuestos plurianuales de la UE.

La Comisión prevé para los siete años un gasto total de 1.134.583 millones de euros (constantes de 2018, en todo este artículo). Es un aumento del 5 % respecto al actual MFP 2014-2020, pero al referirse a períodos de siete años supone en realidad una disminución respecto al volumen de la economía de la UE de 27 Estados miembros (UE27): pasa del 1,16 % de la Renta Nacional Bruta (RNB) al 1,11 %. Así se baja un escalón más en un proceso que se inició en la década de los noventa, retroceso que es un nuevo síntoma del momento de crisis política que vive la UE, crisis que parece que nadie tiene la voluntad y capacidad de enfrentar. Tampoco la Comisión, que en esta ocasión se ha rendido antes de presentar combate al comprobar que, además del cada vez más nutrido grupo de gobiernos euroescépticos, el holandés capitaneaba a doce gobiernos que quieren que la totalidad de la aportación neta del Reino Unido a la UE (unos 10.000 millones de euros anuales) se recorte.

La Comisión, tal vez acuciada por el razonable deseo de que el MFP se apruebe en la cumbre de la rumana ciudad de Sibiu (9 de mayo de 2019), antes de la celebración de las elecciones europeas (23 a 26 de mayo de 2019), decidió que más de la mitad (70.000 millones) de la aportación británica neta se recorte y la otra mitad se cubra con nuevos recursos propios de la UE.

Pero esta renuncia es inexcusable. Con las consecuencias sociales de la crisis vivas en muchos países, con la crisis política europea más abierta aún y el debate sobre la reforma de la UEM y la UE abierto y sin una perspectiva de solución clara, con una vecindad y un mundo llenos de viejos y nuevos riesgos geopolíticos —entre ellos el ascenso electoral de partidos nacionalistas y de extrema derecha y el surgimiento de líderes y gobiernos autoritarios cuyas conductas chocan con los principios y valores de la UE—, sólo unos presupuestos fuertes y ambiciosos podrían aportar instrumentos de acción —y esperanza— a los responsables políticos europeos ante una ciudadanía enfadada y perpleja, y en perfectas condiciones para ser manipulada.

Hay una parte positiva de la propuesta de la Comisión. La estructura, los elementos de flexibilidad y las sinergias que introduce mejoran la versión vigente. También hay que reconocer que están bien escogidas casi todas las prioridades de gasto: I+D+i, con 91.000 millones (+31 %) para el programa Horizonte; migración y fronteras, con 30.800 millones (+210 %) —¡pero sin tener una política común!—; Erasmus +, con 26.300 millones (+93 %); e Inversiones estratégicas, con 44.400 millones (+39 %). Hay dos programas nuevos: Fondo Europeo de Defensa, con 11.500 millones —aunque quedan pendientes, eso sí, los límites éticos a la investigación y producción en este sector industrial—; y Programa de Apoyo a las Reformas, con 22.200 millones.

El problema es que el aumento en estos ámbitos se hace a costa de severos recortes en las políticas de cohesión (-37.000 millones: -10 %) y en la Política Agrícola Común (PAC) (-60.000 millones: -15 %). Resulta inaceptable que cuando se tiene que hacer frente a las consecuencias de la crisis en la cohesión social de muchos Estados miembros, el Fondo de Cohesión se reduzca en un 46 %, el de Desarrollo Regional en un 12 % y el Social Europeo en un 6 %. Y que la nueva reforma de la PAC, muy ligada a los objetivos de preservación climática, no vaya a poder financiarse adecuadamente.

El análisis crítico del MFP post 2020, contenido en el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) que se debatirá el 19 de septiembre con la asistencia del comisario Günther Oettinger, se complementa con propuestas de los representantes de la sociedad civil europea. Las principales: los recursos deben aumentar hasta el 1,3 % de la RNB (como pide también el Parlamento Europeo) y financiarse con recursos propios de la UE, poniendo en marcha las propuestas impositivas del Grupo de Alto Nivel que presidió Mario Monti (IVA, sociedades con la nueva base común consolidada, a las multinacionales de la economía digital, transacciones financieras, emisiones de carbono, etc.); la cohesión y la PAC deben tener recursos al menos equivalentes a los del MFP vigente; hay que flexibilizar las condiciones de cofinanciación de las inversiones mediante los fondos existentes para los países con mayores problemas; debe aprobarse un programa específico para que los Estados puedan financiar el Pilar Europeo de los Derechos Sociales (Declaración de Gotemburgo en 2017); son necesarias más inversiones para cerrar la gran brecha que la crisis ha creado; y hay que priorizar todas las acciones que tiendan a impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU.

Manifestar la inequívoca voluntad de aprobar unos presupuestos ambiciosos, al servicio de los intereses de las grandes mayorías, es más importante que aprobar unos malos presupuestos antes de las elecciones europeas. Lo mismo cabe decir de la reforma de la UE. Los retos y los riesgos son demasiado grandes.

Para saber más:

Javier Doz es consejero del CESE, por CCOO y ponente del Dictamen ECO/460 sobre el MFP 2021-2027 del CESE

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