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La liberalización de la estiba aboca a una huelga en puertos españoles

PUERTOS | 14 de febrero de 2017

Representantes de los estibadores ante la sede del Ministerio de Fomento poco antes de la reunión este martes 14 de febrero de 2017 del ministro, Iñigo de la Serna, con los representantes sindicales del sector de la estiba y la patronal Anesco. (Foto: EFE/Fernando Villar)

Madrid (EuroEFE).- Las diferencias entre el Gobierno español, obligado a aplicar la normativa europea sobre puertos, y los estibadores ha abocado a una huelga del sector la próxima semana que bloquearía los muelles y costaría a la economía española 50 millones de euros al día, según fuentes del sector.

Los sindicatos de estibadores españoles mantienen la convocatoria de paros para los días 20, 22 y 24 de febrero tras acabar sin acuerdo la reunión de hoy con el ministerio de Fomento y la patronal para negociar la reforma del sector que el Gobierno tiene previsto aprobar el viernes.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, advirtió horas antes de la reunión, que el Gobierno está atado "de pies y manos" en este conflicto, ya que el marco de actuación es el establecido por la Unión Europea (UE), que no permite que exista un registro de trabajadores como reclaman los sindicatos.

Los sindicatos piden un registro de trabajadores y una restricción a la libre contratación, algo a lo que se opone la Comisión Europea.

Por su parte, el vicepresidente de la Plataforma de Inversores de Puertos Españoles (PIPE), José Luis Almazán, aseguró este martes en declaraciones a los medios que tener los puertos parados le costaría a la economía española 50 millones de euros al día.

Sobre la convocatoria de paros de los estibadores, De la Serna señaló que hoy mismo se fijarán los servicios mínimos y que su departamento velará por que se cumplan, al tiempo que llamó a la responsabilidad de todos para que, si se mantiene la huelga, se celebre "en un clima en el que no haya actos vandálicos".

El Ejecutivo español tiene previsto aprobar el próximo viernes un real decreto para liberalizar la estiba -que después debe convalidar el Parlamento-, en cumplimiento de la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2014.

Según el ministro, si no lo hace se enfrenta a una sanción diaria de 134.000 euros.

En el sistema actual, las empresas estibadoras no pueden contratar a quien quieran, sino que están obligadas a contratar a trabajadores puestos a su disposición por las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (sagep) -que cuentan con 6.156 operarios-, y en cuyo capital están obligadas a participar.

Para eliminar las restricciones a la libertad de establecimiento de las empresas, el nuevo modelo elimina la obligatoriedad de participar en el capital de compañías y establece la libre contratación de los trabajadores que cumplan con los requisitos de capacitación establecidos.

A juicio de los sindicatos del sector, esta normativa supone una operación encubierta para realizar despidos y bajar el sueldo de los estibadores, cuya retribución anual oscila entre los 60.000 y los 110.000 euros.

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