17 de diciembre de 2017
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Energía, transporte y medioambiente

Los empleados de Ryanair pueden acudir a una Justicia distinta a la irlandesa, dice el TJUE

 El director de Recursos Humanos de Ryanair, Eddie Wilson, asiste a una rueda de prensa en Bruselas, Bélgica, el 14 de septiembre de 2017. EFE/Oliver Hoslet

El director de Recursos Humanos de Ryanair, Eddie Wilson, asiste a una rueda de prensa en Bruselas, Bélgica, el 14 de septiembre de 2017. EFE/Oliver Hoslet

Bruselas (EuroEFE).- Los tripulantes de Ryanair no están obligados a acudir a la Justicia de Irlanda, donde está domiciliada la aerolínea, sino que pueden recurrir a los tribunales de los países en los cuales residen, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La corte con sede en Luxemburgo se pronunció este jueves en ese sentido a partir de un caso que afectaba a la compañía aérea de bajo coste y a la también irlandesa Crewlink, especializada en la contratación y formación de personal de vuelo.

Entre 2009 y 2011, ambas empresas dieron empleo a trabajadores portugueses, españoles y belgas cuyos contratos estaban redactados en inglés, se regían por el derecho irlandés e incluían un acuerdo atributivo de competencia a favor de los tribunales irlandeses.

Además, consideraban que el personal de cabina realizaba su trabajo en Irlanda porque ejercían sus funciones a bordo de aviones matriculados en ese país.

Sin embargo, se designaba como base el aeropuerto de Charleroi (Bélgica), donde los empleados comenzaban y terminaban su jornada de trabajo, además de estar obligados por contrato a vivir a menos de una hora del aeródromo.

En 2011, seis trabajadores acudieron a la Justicia belga porque consideraban que Crewlink y Ryanair estaban obligadas a cumplir las leyes de ese país y los tribunales de ese Estado eran competentes ante sus pretensiones.

Entonces, el Tribunal Laboral Superior de la ciudad belga de Mons pidió al TJUE interpretar el reglamento de la Unión sobre competencia judicial en material civil y mercantil en relación con el sector de la navegación aérea.

En su sentencia, la corte comunitaria considera oportuno determinar en qué Estado miembro se sitúa el lugar a partir del cual el trabajador efectúa sus misiones de transporte, al que vuelve tras dichas misiones, en el que recibe las instrucciones sobre las mismas y en el que organiza su trabajo, y el lugar en que se encuentran sus herramientas de trabajo.

También solicita tener en cuenta el lugar en que estén estacionadas las aeronaves en las que trabajan de forma habitual.

Añade que tan solo si el asunto juzgado tuviera "vínculos de conexión más estrechos" con otro lugar distinto del de la base (el aeropuerto de Charleroi en este caso) podría recurrirse a los tribunales de otros países.

Asimismo, especifica que el Estado miembro a partir del cual los empleados desempeñan habitualmente su trabajo tampoco es asimilable al territorio del Estado miembro cuya nacionalidad ostentan las aeronaves de la compañía aérea.

Además, recuerda que en el caso de los litigios relativos a contratos de trabajo, el objetivo de las normas europeas de competencia judicial es "proteger a la parte contratante más débil" e insiste en que permiten al trabajador demandar a su empresa ante el tribunal que considere más cercano a sus intereses.

Ryanair reitera que mantendrá contratos irlandeses para su personal en Europa

Por su parte, el jefe de personal de Ryanair, Eddie Wilson, recalcó que esta decisión judicial no "cambia el estatus quo" de los contratos irlandeses de las plantillas radicadas "por toda Europa".

"Esta sentencia solo actualiza el criterio para revisar la jurisdicción de los tribunales nacionales para tramitar litigios locales y no altera la legalidad aplicable al contrato, que está sujeto a la regulación Roma (593/2008)", señaló Wilson.

Según los expertos, Ryanair se verá ahora obligada a revisar los contratos de los trabajadores radicados fuera de Irlanda, lo que podría elevar los costes de plantilla y encarecer sus tarifas aéreas.

Su consejero delegado, Michael O'Leary, declaró a los medios que la sentencia del TJUE concederá a los tribunales más "competencias supervisoras", pero insistió en que no modificará los contratos de sus trabajadores.

"Nuestros contratos cumplen plenamente con la legislación laboral de la UE. No prevemos cambiar los contratos de personal o los costes laborales. Esto no nos afectará ni un céntimo", dijo O'Leary en declaraciones recogidas por la cadena pública irlandesa RTE.

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