10 de diciembre de 2018
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Doblemente forzadas

 Un afiche a favor de la despenalización del aborto durante un plantón el 26 de octubre de 2016 frente a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, para exigir la legalización del aborto terapéutico. (Foto: EFE/Jorge Torres)

Un afiche a favor de la despenalización del aborto durante un plantón el 26 de octubre de 2016 frente a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, para exigir la legalización del aborto terapéutico. (Foto: EFE/Jorge Torres)

San Salvador (EuroEFE) .- Mujeres en la cárcel por abortar, niñas forzadas a la maternidad tras haber sufrido una violación, suicidios para evitar ese destino. Sucede en muchos países, buena parte de ellos en América Latina, que mantienen legislaciones restrictivas de interrupción del embarazo y a sus féminas indefensas ante la violencia.

Su situación fue objeto de debate durante uno de los coloquios previos a la X Sesión Ordinaria de Eurolat que se celebró en septiembre en El Salvador, el país con uno de los mayores índices de violencia del mundo por la implantación de las pandillas.

El relato de algunas de estas mujeres encarceladas en El Salvador, a las que visitó en prisión la eurodiputada sueca Bodil Valero, llegará al Gobierno de Suecia de su mano.

"Nuestra cooperación al desarrollo se basa mucho en los derechos de la mujer. Voy a hablar con ellos (el Ejecutivo) a ver qué podemos hacer" y a trasladar la información a otros Gobiernos para que pueda haber "más presión", dijo Valero a Efe.

"Consideramos absolutamente fuera de toda lógica de los derechos y propio del siglo pasado que las mujeres sean condenadas a penas horribles por abortar. No lo podemos entender", dijo el eurodiputado español Ramón Jáuregui, miembro de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) de la Eurocámara.

Un derecho elemental

Jáuregui matizó a Efe que la UE no puede injerir pero sí "insistir" en que la concepción europea de los derechos humanos "implica un amplio recorrido de reconocimiento de los derechos de la mujer en América Latina en general, y en particular el derecho al aborto".

"En toda Europa, este es un derecho elemental", destacó el presidente de la delegación de la UE en la Asamblea Parlamentaria de Eurolat.

En Europa, sólo los pequeños Estados de Malta, Andorra y el Vaticano mantienen el aborto prohibido en todos los supuestos, según el último estudio "Feminicidio: Un fenómeno global de Bruselas a San Salvador" que fue debatido en el foro previo a Eurolat por casi dos centenares de mujeres europeas y latinoamericanas.

El estudio menciona otras legislaciones europeas que presentan obstáculos a un "aborto digno" como la de España -por la objeción de conciencia "institucionalizada y velada" de los médicos en la Sanidad Pública- o que sólo lo permiten si la madre corre peligro de muerte como en Irlanda e Irlanda del Norte.

En América Latina, donde países como Nicaragua, la República Dominicana, Haití o El Salvador penalizan todos los abortos, se practican cada año cientos de miles de interrupciones de forma clandestina.

La ONU calcula que el subcontinente es la región del mundo con un mayor porcentaje de embarazos no planificados, el 56 % del total.

Las activistas reunidas en San Salvador, entre ellas la relatora de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic, hicieron propuestas como crear observatorios nacionales de feminicidios para contar con datos comparativos que permitan hacer análisis sistemáticos y plantear soluciones.

Uno de los problemas relacionados con la prohibición del aborto que se abordaron en el foro femenino fue el aumento de los suicidios de niñas que tienen prohibido abortar.

"Hay muchas niñas o mujeres que, sabiendo lo que les espera prefieren quitarse la vida, y no podemos tener niñas violadas cuyo agresor queda libre -porque sólo el 10% de los casos tiene sentencia-, que ellas sientan ese desamparo", protestó Valero.

La activista salvadoreña Alejandra Burgos ofreció datos de 2011, cuando al menos 42 niñas se quitaron la vida porque "estaban viviendo un embarazo impuesto", en muchos casos a consecuencia de una violación por parte de pandilleros.

Una "epidemia" de feminicidios en El Salvador 

"Es una situación grave y que se puede considerar un feminicidio de Estado porque, si no se toman las medidas necesarias para poder prevenir este tipo de situaciones, hay una responsabilidad del Estado", subrayó.

La coordinadora del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luz Patricia Mejía, destacó el vínculo que existe entre la violencia de pandilleros y "narcos" con los casos de feminicidios en América Latina, máxime en El Salvador y México.

"En El Salvador se abre la particularidad de que la violencia letal contra las mujeres está ocurriendo en las calles y no solo en las casas", describió Mejía, que aludió a la "epidemia" de feminicidios registrada en el país en 2016, con 16 casos por cada 100.000 mujeres.

Ese país es uno de los que considera delito el aborto en todas sus circunstancias y condena "injustamente" a las mujeres "a penas de 30 años de cárcel", recoge el estudio debatido por activistas y eurodiputadas.

"Pese a que el Ministerio de Salud -añade- ha reconocido que la penalización absoluta del aborto es un problema grave de salud pública", en el Parlamento los partidos siguen "condicionando su voto" a favor de una reforma legal "a cálculos electorales".

Una normativa similar se aplica en Nicaragua, que penalizó todos los abortos en 2006. Desde entonces, está pendiente un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema y el Parlamento desoye iniciativas como "Las queremos vivas" a favor del aborto terapéutico.

Otros países sí permiten el aborto terapéutico pero no en los supuestos de violación, como Perú, que "lidera las estadísticas de la región en materia de violencia sexual": un 60 % de los embarazos de chicas de 12 a 16 años en 2016 fue consecuencia de una violación.

La despenalización en caso de violación está pendiente de debate en el Congreso peruano, donde el estudio asume que "encontrará fuertes resistencias" pues es mayoritariamente conservador.

Poner fin a un embarazo fruto de una agresión sexual sí es posible en otros Estados latinoamericanos, como Argentina o Colombia (países con más de 400.000 abortos clandestinos al año), Bolivia, Uruguay y Chile, país este último que acaba de legalizar el aborto en los supuestos de riesgo de muerte para la madre, inviabilidad fetal y violación.

"Yo sé que la Iglesia es muy fuerte pero esta prohibición (del aborto) creo que también para los cristianos debería ser demasiado", demandó Valero. 

Para saber más:

Asamblea Parlamentaria de Eurolat

Por Hugo Sánchez y Julia R. Arévalo (EFE)

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