23 de octubre de 2018
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Descenso en el caos libio

 Fotografía de archivo, tomada el 23 de octubre de 2011 en Misrata, durante las celebraciones de la caída del dictador libio Muamar Al Gadafi. Libia es ahora un país cerrado para la prensa.  (FOTO: Mohamed Messara EPA/EFE)

Fotografía de archivo, tomada el 23 de octubre de 2011 en Misrata, durante las celebraciones de la caída del dictador libio Muamar Al Gadafi. Libia es ahora un país cerrado para la prensa.  (FOTO: Mohamed Messara EPA/EFE)

Túnez (EuroEFE).- Seis años después de su última misión sobre el terreno, una delegación del Parlamento Europeo (PE) ha visitado Libia para tratar de impulsar el proceso de reconciliación en un país sumido en el caos y atrapado en las redes mafiosas que controlan su economía. 

Liderada por la eurodiputada española Inés Ayala, jefa de la Delegación para las Relaciones con los Países del Magreb del PE, la misión fue recibida el 21 de mayo en Trípoli por el vicepresidente del Gobierno libio amparado por la ONU, Ahmed Maitiq, y por el ministro de Exteriores, Mohamad Taha Siala.

Y visitó el centro de detención de migrantes de Tariq al Siqqa, uno de los pocos al que aún pueden acceder las oenegés y organizaciones internacionales que trabajan en Libia pese los problemas de seguridad en un país con numerosas milicias fuertemente armadas y en constante conflicto.

Al día siguiente, en Túnez, los eurodiputados se reunieron con una delegación del Parlamento de Tobruk, el otro “Gobierno” libio, sostenido por el mariscal Jalifa Hafter.

Los resultados de la misión “servirán para enriquecer el debate que el Parlamento Europeo mantendrá sobre Libia durante su sesión plenaria la próxima semana en Estrasburgo”, dijo a Efe Ayala, del grupo S&D.

La misión se había hecho esperar: razones de seguridad impidieron el viaje previsto desde septiembre de 2017 y varias veces pospuesto desde entonces.

Libia después de Al Gadafi

Mucho ha cambiado la situación en Libia desde aquella anterior visita  de europarlamentarios: entonces la nación norteafricana acababa de salir de una sangrienta revuelta contra la dictadura de Muamar al Gadafi, ganada por los rebeldes gracias al apoyo militar de la OTAN.

Y afrontaba la transición a la democracia bajo el espíritu de las llamadas "primaveras árabes", entonces aún vivas: se hallaba involucrada en un proceso electoral para elegir un Gobierno de transición que debía facilitar las condiciones para la redacción de una nueva Carta Magna y su aprobación en referéndum.

Ahora, Libia es un Estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, en el que varios focos de poder sin legitimidad democrática rivalizan por el control de vastos recursos económicos -principalmente el petróleo- apoyados en milicias armadas que a menudo cambian de bando.

Los más influyentes son el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), sostenido por la ONU en Trípoli y fruto de un proceso de reconciliación inducido en 2014, sin éxito, por el entonces enviado especial de las Naciones Unidas, Bernardino León.

El GNA carece de control efectivo sobre el territorio, más allá de una parte amplia de la capital y el que le conceden sus alianzas puntuales con milicias en el oeste y el sur del país, pero es el interlocutor preferido de la comunidad internacional.

Enfrente, el poder representado por el Parlamento de Tobruk, salido de las elecciones de 2014, domina la región del este del país y los principales puestos petrolíferos bajo la tutela del controvertido Hafter.

Antiguo miembro de la cúpula que aupó al poder a Al Gadafi en 1969, Hafter fue reclutado en la década de 1980 por la CIA y se trasladó a Estados Unidos, donde devino en el principal opositor en el exilio. Regresó a Libia en 2011, apenas un mes después de estallar la revolución contra Al Gadafi.

Apoyado por Egipto, Rusia y Arabia Saudí, en 2014 Hafter puso cerco a Bengasi, “capital” del este libio, y rechazó el acuerdo de reconciliación promovido por la ONU, que lo habría obligado a abandonar el liderazgo de las Fuerzas Armadas.

El mariscal tiene actualmente dos frentes de guerra abiertos, uno en la ciudad de Derna, bastión del salafismo, y otro en Sebha, capital del sur, y se opone también al plan electoral del actual enviado especial de la ONU, Ghassam Saleme.   

A ambos centros de poder se suma la alianza formada por las ciudades-estado de Zintan y Misrata con las tribus del sur, que se reparten el control de la inestable frontera meridional, origen de las redes de contrabando que dominan la economía nacional.

"Somos conscientes de las dificultades en un país donde hay dos Gobiernos que gobiernan partes diferentes del país y otras que no tienen ningún gobierno y por eso esta misión tiene un significado político muy claro", explicó a Efe el eurodiputado italiano Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Europarlamento.

Los eurodiputados Inés Ayala (i) y Fabio Massimo Castaldo (d), durante una rueda de prensa en Túnez sobre su misión a Libia, el 22 de mayo de 2018. (FOTO: Javier Martín/EFE)

"Por eso hemos pedido a nuestras contrapartes que reanuden con fuerza y sentido del deber las negociaciones. La reunificación de los Ejecutivos es una prioridad absoluta para que podamos tener un socio fiable con el que podamos hablar de seguridad, de inmigración pero, sobre todo, de desarrollo", subrayó.

El europarlamentario incidió en el último punto, ya que en su opinión el desarrollo económico es la única fórmula para "acabar con los tráficos ilegales que hay en el sur del país. La UE está lista para aumentar la ayuda sobre el terreno pero necesitamos, también, tener un socio (que esté) unido”.

"Nadie puede utilizar la seguridad como una excusa para no continuar con el proceso de transición o para detener el referéndum que llevaría a la aprobación de una Constitución. Necesitamos un marco legal claro y compartido por todos”, afirmó Castaldo, del Grupo EFDD.

“Cerrar los centros de detención cuanto antes”

El respeto de los derechos humanos y la situación de los migrantes que convergen en Libia para emprender la travesía mediterránea hacia Europa fueron los otros asuntos que ocuparon la agenda de los eurodiputados. En Túnez, se reunieron con responsables de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La semana pasada, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió de que el secuestro, la explotación y la tortura de los migrantes no solo es una práctica común en Libia, sino que en los últimos meses "han ido en aumento".   

El jefe de la misión de MSF en Libia, Christophe Biteau, alertó, igualmente, de que la distinción entre las redes clandestinas dedicadas al tráfico de migrantes y los servicios oficiales de guardacostas -financiados por la Unión Europea- no es siempre clara.

Biteau criticó la política de repatriación supuestamente voluntaria de los migrantes y las malas condiciones en las que se encuentran la mayor parte de los centros de detención en Libia. 

"Evitar que se ahoguen en el mar era uno de los primeros mandatos que teníamos con la Operación Sofía (de vigilancia en el Mediterráneo). Pero ahora mismo la gran preocupación que tenemos y que hemos planteado en esta visita es la necesidad de que los guardacostas libios respeten la ley y los derechos humanos", admitió a Efe Ayala.

"¿Cuál es la política de la UE? Cerrar esos centros de detención cuanto antes", aseveró.

Otro miembro de la comitiva del PE, el británico Claude Moraes, consideró una “triste ironía que las personas que son rescatadas en el mar por la Guardia Costera libia tras haber estado en manos de contrabandistas se encuentren privadas de libertad”.

"La dignidad humana y los derechos deben ser respetados. Instamos a las autoridades libias a dar pasos concretos que conduzcan al cierre progresivo de los centros de detención”, dijo el eurodiputado, del Grupo S&D.

"Mientras tanto -demandó-, es imperativo establecer un registro claro y transparente de todas las personas que sean desembarcadas en la costa de Libia para garantizar que se cuida de ellas de acuerdo con las leyes internacionales".

A este respecto, Moraes aplaudió la labor conjunta de la Unión Europea, la ONU y la Unión Africana para acelerar el retorno asistido de aquellos que desean regresar a sus países y el mecanismo de tránsito de emergencia establecido por la ACNUR.

Ayala defendió el acuerdo con Níger para que actúe de país-puente “neutral” mientras se busca una solución para los migrantes, ya sea el retorno a su lugar de origen o la solicitud de refugio y asilo en Europa.

Pero recalcó que los países europeos deben actuar con responsabilidad y facilitar las vías de acogida.

"Una vez que las oenegés han conseguido sacarlos a Níger (y) se ha conseguido llevar a cabo todo el proceso, todo el procedimiento, es necesario tener lugares de acogida. Y por tanto los países miembros (de la UE) deberían ofrecer (acogida)", subrayó.

Migrantes subsaharianos en la ciudad libia de Kufra (sureste) en una imagen del 20 de marzo de 2012 (FOTO: Sabri Elmhedwi EPA/EFE)

"Para poder vaciar los centros de detención (libios) es necesario -insistió- poder llevar a cabo también programas de acogida en nuestros países".

Se calcula que unos 750.000 migrantes y potenciales refugiados se encuentran en la actualidad en Libia soñando con alcanzar Europa.

Por Javier Martín, con edición de Julia R. Arévalo

 

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