13 de diciembre de 2018
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Diario de Europa

Transparencia parlamentaria europea de Sánchez y Merkel contra las cuerdas

 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una de sus réplicas en el Congreso de los Diputados en Madrid, donde compareció el 27 de junio de 2018 para informar de la posición que trasladará al primer Consejo Europeo al que asistirá como jefe del Ejecutivo esta semana. EFE/Ballesteros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una de sus réplicas en el Congreso de los Diputados en Madrid, donde compareció el 27 de junio de 2018 para informar de la posición que trasladará al primer Consejo Europeo al que asistirá como jefe del Ejecutivo esta semana. EFE/Ballesteros

La gestión de la llegada de inmigrantes a las costas del Sur de Europa es el tema central del Consejo Europeo que se celebra hoy y el viernes en Bruselas, una de las cuestiones en las que en principio no hay acuerdo inicial. Será el primer Consejo en el que participa el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con la esperanza de lograr un acuerdo en materia de inmigración y confiado en que se reforzará en este ámbito la ayuda de la UE a países como España.

En su "estreno parlamentario europeo" en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el miércoles que tras sus conversaciones de los últimos días con la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, España obtendrá más recursos económicos de la Unión Europea (UE) para cooperar con los países de origen y tránsito de la inmigración ilegal.

En un ejercicio, a la vez de didáctica y transparencia informativa previa a la cumbre de Bruselas, el jefe del ejecutivo explicó las posiciones que mantendrá España en ese Consejo Europeo, el segundo para Sánchez -si se cuenta la "cumbre informal" del domingo pasado (centrada también en la inmigración)- o el primero "regular", ya que en la anterior cita sólo estuvieron 16 de los 28 socios comunitarios, tras el boicot de los países del "grupo de Visegrado" (Este de Europa).   

En ese sentido, en su comparecencia del miercoles, Sánchez adelantó ese incremento de recursos para España, una medida supuestamente acordada (o pergeñada en sus grandes trazos) en la reunión europea informal del domingo pasado y en sus encuentros con Macron, en París, la semana pasada, y con Merkel en Berlín el martes.

Se cierra la crisis del barco de Lifeline

Mientras tanto, la grave crisis en el Mediterráneo por el barco con inmigrantes de la ONG alemana Lifeline, pareció cerrarse el miércoles, tras varios tira y afloja entre Italia, Francia y Malta. El primer ministro de este último país, Joseph Muscat, permitió al navío acceder a sus puertos después de haber alcanzado un acuerdo para repartir a los refugiados que se encuentran a bordo entre ocho países de la UE. Muscat citó que los países que se han sumado a esta iniciativa son Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Francia, Malta y Bélgica y Holanda.

Tras el acuerdo, Malta acogió en la tarde-noche del miércoles en el puerto de La Valeta al barco, que lleva seis días en el Mediterráneo con unos 230 inmigrantes a bordo, gracias al acuerdo de reubicación firmado por esos ocho países de la UE. La nave atracó en el puerto de la capital maltesa a las 19.38 locales (17.38 GMT) y en el muelle esperaban miembros de protección civil y otras autoridades, según mostraron los medios locales.

El pacto contempla que estos Estados miembros de la UE se repartan los refugiados a bordo, mientras que "no serán acogidos aquellos que no cumplan los requisitos para la solicitud de asilo". El jefe del Ejecutivo maltés avanzó que serán identificados de inmediato los miembros de la tripulación y los inmigrantes salvados el pasado 21 de junio a pocas millas de las costas de Libia. Los que sean refugiados "serán protegidos por los Estados miembro", pero no lo serán los que no tengan derecho al asilo.

"Cada uno acogerá según su capacidad y no quiero dar números ahora, porque antes tenemos que ver las personas a bordo, su peligro y situación. Tenemos que estudiar a cada caso y luego el número de menores no acompañados", apuntó Muscat. 

"Ultimátum" de los socios de Merkel

Pero el asunto de la inmigración en Europa no se circunscribe a los espacios estrictamente de la política comunitaria de Bruselas: en Alemania amenaza con poner contra las cuerdas a Merkel, después de que el miércoles la Unión Socialcristiana (CSU) bávara, hermanada con la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller germana rechazara concederle tiempo adicional más allá del Consejo Europeo de esta semana para lograr una respuesta común europea a la crisis. En declaraciones al programa matinal de la televisión pública alemana ARD, el líder parlamentario de la CSU, Alexander Dobrindt, señaló que es ya sabido desde hace tres años que hallar soluciones europeas es difícil.

Para intentar cimentar su postura, Merkel, reforzó su campaña entre sus aliados europeos y también en el seno de su coalición de Gobierno, en busca de soluciones al desafío de los conservadores bávaros, que exigen un giro derechista a su política migratoria. La líder de la CDU, su homólogo de la CSU, Horst Seehofer, y la responsable del Partido Socialdemócrata (SPD), Andrea Nahles, se encerraron en una reunión de crisis en la tarde del miércoles, a pocas horas de la cumbre de Bruselas, para intentar desatascar la situación.

¿"Plataformas de desembarco" para inmigrantes?

Consciente de que la crisis migratoria protagonizará casi en exclusiva las discusiones de Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, propuso el miércoles la creación de "plataformas de desembarco" de inmigrantes fuera de Europa, "si es posible" en cooperación con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)".

Con vistas a la cumbre, Tusk envió una carta de invitación a los líderes de la UE en la que plantea además crear un nuevo fondo dedicado específicamente a combatir la inmigración ilegal, en el marco del periodo presupuestario 2017-2021, del cual se podrían beneficiar principalmente los socios del sur de la UE, incluida España. Tusk aboga asimismo por impulsar la cooperación con los países de origen y tránsito de los flujos migratorios, y en particular por apoyar a los guardacostas libios, para dotarlos de los recursos necesarios a fin de que puedan tener el "pleno control" de las aguas en territorio libio.

La complejidad de la crisis migratoria ante las puertas de la UE es tal que Tusk alertó de que el fracaso en una política europea de inmigración "sería una manifestación de nuestra debilidad".

Precisamente, como muestra de la cacofonía política europea, el Gobierno de Alemania anticipó el miércoles que la cumbre de Bruselas no alcanzará un acuerdo sobre esos posibles centros de desembarco en la UE, una propuesta francesa respaldada por España, por falta de consenso entre los estados miembros. Fuentes del Gobierno alemán informaron de que "no hay consenso" en este punto y que, por tanto, no se espera que se llegue a un acuerdo al respecto.

Presupuesto propio para el Cuerpo Europeo de Solidaridad

Por otra parte, como nota más optimista, la Comisión Europea anunció el miércoles que el Cuerpo Europeo de Solidaridad, puesto en marcha en 2016, contará con su propio presupuesto y marco jurídico. En ese sentido, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo alcanzaron este acuerdo político propuesto por la CE para que este cuerpo, que ya benefició a más de 60.000 jóvenes comunitarios, de ellos 10.498 españoles, se refuerce.

El comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics; el de Presupuesto y Recursos Humanos, Günther H. Oettinger, y la de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen acogieron favorablemente el acuerdo. "El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una parte clave de nuestros esfuerzos para capacitar a los jóvenes y permitirles que se conviertan en miembros comprometidos y responsables de nuestra sociedad", dijeron los comisarios en el comunicado.

Todos los jóvenes europeos de 17 a 30 años pueden participar en proyectos solidarios tanto dentro como fuera de la Unión Europea mediante contratos laborales, voluntariados o prácticas.
El cuerpo, que contará con su propio presupuesto de 375,6 millones de euros hasta 2020, busca permitir que más de 100.000 jóvenes participen en la iniciativa.

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