Una reforma de la PAC, tres perspectivas españolas

la reforma de la PAC vista por tres eurodiputados españoles

EFE/Archivo

Madrid (EuroEFE).- La semana pasada, el Parlamento Europeo (PE) aprobó la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), la segunda reforma agrícola de más alcance de la UE, solo superada por la de 1992 (llamada MacSharry).

El Pleno de la Eurocámara ratificó la PAC para el quinquenio 2023-2027, un paso que culmina tres años y medio de negociaciones entre las instituciones de la UE, con la pandemia y la emergencia climática de fondo, así como una acuciante crisis global por el alza de las materias primas.

Esta publicación recoge tres entrevistas realizadas por Mercedes Salas (EFEAGRO) a tres eurodiputados españoles en Estrasburgo (Francia) acerca de esta nueva PAC: Clara Aguilera (PSOE), Adrián Vázquez (Ciudadanos) y Mazaly Aguilar (VOX).

AGUILERA (PSOE) PIDE SUMAR A LA PAC UN ARANCEL AL CO2

La eurodiputada socialista Clara Aguilera afirmó que la Política Agrícola Común (PAC) debe ser complementada con la imposición de un arancel a las importaciones como el que Bruselas proyecta para gravar el CO2 de los envíos de acero o aluminio.

Aguilera defendió que suba el “peso” agrícola dentro de la política comercial de la Unión Europea (UE) y de las medidas de “ajuste en frontera” para combatir el cambio climático.

Para la europarlamentaria, el acuerdo final de la PAC, ratificado por la Eurocámara después de tres años y medio de negociaciones, es “razonablemente bueno”, aunque admitió que la asignatura pendiente es fomentar que las importaciones agrícolas cumplan los mismos requisitos que los productos de la UE.

La PAC “reúne las condiciones adecuadas para apoyar a los agricultores de 2023 a 2027”, según Aguilera, en referencia a la reglamentación que, entre otros cambios, eleva las primas a las prácticas medioambientales y da más margen a los Gobiernos para el reparto en las ayudas.

Sin embargo, esta política “no basta” para garantizar la rentabilidad de los productores y reconoce que queda trabajo por hacer en el ámbito comercial y en el de reequilibrar la posición del agricultor respecto a otros eslabones de la cadena alimentaria (industria o supermercados).

Aguilera forma parte de las comisiones de Agricultura y Pesca del Parlamento Europeo y antes de eurodiputada fue consejera del ramo en Andalucía.

PROTECCIÓN DE LOS ESTÁNDARES SOCIALES Y AMBIENTALES EUROPEOS

Aguilera explicó que los socialistas presentaron una enmienda para que la agricultura figure dentro del ajuste en frontera o pago aduanero que la Comisión Europea (CE) ha anunciado para compensar el CO2 en los envíos de acero, aluminio, hierro o electricidad y que estaría en marcha en 2026.

Aclaró que su propuesta no implica barreras arancelarias o fitosanitarias, sino que se trataría de un mecanismo para preservar la producción propia y exigir a quienes vendan en la UE los mismos requisitos laborales y sociales que deben cumplir los agricultores comunitarios.

“Si se está planteando un mecanismo de ajuste para determinados sectores, ¿por qué no se puede estudiar para los productos agrícolas?», subrayó.

«Sería decir a Marruecos, Sudáfrica o a todos los que quieren vender en la UE ‘si usted no usa mis estándares sociales o ambientales tendrá que pagar en frontera’”, según Aguilera, quien mencionó como exigencias la reducción de pesticidas o la agricultura ecológica.

Opinó que ahora que se debate esa medida de protección para importaciones de metal es el momento de pensar «¿por qué en unos sectores sí y en otros no?».

«En la UE se les llena la boca al hablar de circuitos cortos (de producción y venta), pero luego “da igual que venga el espárrago de Perú, el aguacate de México o la naranja de Sudáfrica a competir con nuestros productos”, según la europarlamentaria.

No obstante, insistió en que en paralelo a la reforma la CE se ha comprometido a presentar el año que viene informes sobre política comercial agrícola y medidas “factibles” en favor del sector comunitario.

SECTORES BENEFICIADOS POR LA REFORMA

Más allá de las grandes líneas sobre las subvenciones de la PAC, Aguilera destacó que en la normativa sobre regulación de mercados ha habido sectores beneficiados como el vino -por la prórroga de las autorizaciones de viñedos o el etiquetado- y la apicultura.

La PAC, añadió, incluye mejoras para las organizaciones y las interprofesionales y amplía la posibilidad de autorregulación que hasta ahora estaba permitida en el sector lácteo: “En el aceite de oliva ya se adelantó al período transitorio actual (2021-2022)”.

BATALLAS EN EL CAMPO ESPAÑOL

En reacción a las movilizaciones que proyecta el sector agrario español, la eurodiputada  mostró solidaridad con los productores por el problema del alza del coste de insumos, como el gasóleo o la electricidad.

No obstante, señaló que no todos los subsectores tienen la misma situación, ya que, por ejemplo, en el del aceite de oliva los precios están mejor frente a las dos campañas anteriores

Por el contrario, dijo que la ganadería de vacuno de leche está en situación muy “crítica”, con gastos de producción de 40 céntimos/litro mientras que en algún supermercado español ha visto vender la leche a 35 céntimos/Iitro, lo que consideró «inadmisible».

VÁZQUEZ (C’s) RECLAMA UNA DEMORA DE LAS NUEVAS LEYES

Por su parte, el eurodiputado de Ciudadanos (Renew, liberales) Adrián Vázquez reclamó al Gobierno y a la Comisión Europea un aplazamiento de nuevas leyes «radicales» para el campo, ante una reforma de la PAC «positiva» que ha frenado exigencias ambientales difíciles para los agricultores y ganaderos.

El europarlamentario valoró la ratificación de la nueva PAC para 2023-2027, ya que «no es la política perfecta, pero es necesaria y da seguridad jurídica» a los productores.

Vázquez, que forma parte de la Comisión de Agricultura de la Eurocámara y es presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, aseguró que durante las negociaciones el PE peleó «cada palabra y cada coma» de la normativa para que el resultado sea sostenible desde el punto de vista económico y social.

La nueva PAC, negociada durante tres años y medio por las instituciones de la Unión Europea (UE), incluye como novedades más primas a las medidas medioambientales dentro de las subvenciones y un incremento del margen de los Gobiernos para el reparto de las ayudas, mediante el diseño de planes estratégicos.

«En España, será el ministro (de Agricultura, Pesca y Alimentación), Luis Planas, quien tendrá la responsabilidad y no soy muy optimista, porque el procedimiento de (preparación de) los planes estratégicos ha sido muy opaco, pero vamos a tener fe», señaló Vázquez.

Por otra parte, según el eurodiputado, la batalla estará a partir de ahora en evitar que se conviertan en leyes propuestas radicales como la estrategia «De la granja a la mesa», votada recientemente, que plantea incrementar los requisitos ambientales a los agricultores, tales como la reducción de fertilizantes, el incremento de cultivo ecológico o la rebaja del uso de antibióticos animales .

Añadió que Ciudadanos votó en contra de esa estrategia y que la preocupación radica en que si dentro de «cinco o siete años» se convierten en ley medidas sin datos científicos o estudios de impacto, «los agricultores sufrirán mucho» y la UE perderá capacidad productiva.

COMPETENCIA DE LAS IMPORTACIONES

En contraste, según Vázquez, la UE afronta las importaciones de terceros países en casos como, por ejemplo, el cultivo del tomate de Almería, el «Silicon Valley español», cuyos productores se enfrentan a la competencia desleal de Marruecos.

«No podemos exigir barbaridades a nuestros agricultores y ganaderos y no a Marruecos, Sudáfrica o Brasil, donde cumplen infinitamente menos la condicionalidad ambiental», recalcó.

«Pondremos pie en pared y pedimos al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos que frenen esos cambios legislativos y esperen a estudios económicos en profundidad antes de convertir en ley propuestas que se llevan por delante ciento de miles de explotaciones; si no se pueden hacer en nueve años, que se hagan en 20», según Vázquez.

NAVEGANDO EN UNA «TORMENTA PERFECTA»

El europarlamentario manifestó que la agricultura vive una «tormenta perfecta» por el alza del coste de los medios de producción, como el gasóleo o la electricidad y que se  dirigió a la CE para pedir compensaciones al campo por ese problema.

En ese contexto, añadió que el balance de la negociación de la PAC es positivo, porque la alternativa era «asomarnos al precipicio» y ahora quedan pendientes grandes batallas.

Entre ellas, mencionó la revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria, porque la reforma propuesta por el Gobierno es, a su juicio, un «brindis al sol» frente a situaciones críticas como, por ejemplo, la de los ganaderos de la cornisa cantábrica.

AGUILAR VE UN PANORAMA «DESALENTADOR E INSOSTENIBLE»

Por otro lado, la eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (PE), Mazaly Aguilar, manifestó que el panorama para los agricultores y ganaderos es “desalentador”, por el alza de costes y la falta de “voluntad política” para mejorar su futuro.

“El ministro (de Agricultura, Pesca y Alimentación), Luis Planas, lo tiene muy crudo porque los agricultores están hartos, no me extraña que se movilicen”, declaró Aguilar.

Aguilar criticó que en la Unión Europea haya un incremento de los condicionamientos ambientales para los productores, como ocurre en la nueva PAC y en la estrategia “De la granja a la mesa”, por lo que mostró comprensión con el descontento del sector agrario español.

En la votación de la reforma de la PAC, los europarlamentarios de Vox apoyaron dos de los tres reglamentos (los de regulación de ayudas y mercados) pero votaron en contra del tercero, relativo a los planes estratégicos nacionales por los que los Gobiernos tendrán un mayor margen de maniobra en el reparto de las subvenciones.

“No se puede pedir una PAC verde cuando los agricultores están en números rojos”, según la europarlamentaria.

Lamentó también, por un lado, que la Comisión Europea no esté reaccionando al encarecimiento de los fertilizantes, de los piensos o la electricidad con más ayudas.

Por otra parte, aseguró que el Gobierno español no está dando la respuesta adecuada a las organizaciones agrarias.

EL PAPEL DE LOS GOBIERNOS TRAS LA REFORMA DE LA PAC

La eurodiputada afirmó que el alza de gastos en los insumos puede llevar “a la ruina” a los agricultores.

“El coste de energía ha subido un 200 % en un año, un camión de abono de 2.500 kilos cuesta 10.000 euros, cuando hace un año costaba 4.000 euros” añadió.

“Los agricultores han sido los héroes de la pandemia y este es el pago, ¿qué mensaje les estamos dando? Ninguno que vaya a abrir un horizonte para su sostenibilidad”, recalcó.
Además, “se enfrentan a la competencia desleal de productos de terceros países sin ningún control”.

Una vez ratificada la PAC, añadió, “Europa ha dicho lo que tiene que decir”, y queda “batallar” en los países y en los parlamentos nacionales,  apuntó.

Aguilar insistió en la unidad de las organizaciones agrarias y auguró un mes de diciembre de “fuertes movilizaciones”.

Por otra parte, la eurodiputada ha criticado la estrategia “De la granja a la mesa”, porque «no casa de ninguna manera» con la PAC, pues a su juicio solo plantea un incremento de costes por los objetivos ambientales de dicho plan (reducción de fertilizantes o de antibióticos e índices obligatorios producción ecológica).

La estrategia, añadió, acarreará un descenso de las explotaciones agrarias y, en su opinión, acrecentará los costes de los alimentos en los supermercados.

“Todo es muy bonito sobre el papel pero el escenario no es nada positivo”, recalcó.

VALORA LA AYUDA A LOS AGRICULTORES DE LA PALMA

Por el contrario, la europarlamentaria valoró la postura de la CE respecto a los agricultores de la Palma, porque “al menos sobre el tapete, Bruselas ha comprendido la catástrofe” como consecuencia de la erupción volcánica.

Aguilar se refirió a la posibilidad de que los productores de la isla sigan percibiendo los apoyos del programa especial Posei -que se dan en función de las producciones- aunque no tengan cosechas y la lava «se las haya tragado».

También valoró que España pueda conceder apoyos al campo palmero por otras vías.

Editado por Sandra Municio