La batalla de un lord inglés por demostrar la injerencia rusa en el Brexit

Vista del Parlamento británico en Londres. EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Londres (EuroEFE).- Lord Paul Strasburger, impulsor de una causa judicial para forzar al Gobierno británico a investigar las injerencias rusas en el referéndum del Brexit, afirma en una entrevista con Efe que existen “pruebas creíbles” de que Moscú trató de influir en la votación.

El político liberaldemócrata ha acudido a los tribunales junto a otros cinco parlamentarios para que el Ejecutivo del primer ministro británico, Boris Johnson, cumpla con las recomendaciones de un informe elaborado por el influyente Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento.

“La principal conclusión a la que llegaron es que existen pruebas creíbles de que Rusia interfirió en el referéndum sobre la Unión Europea en 2016, de la misma forma en que el FBI determinó que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales estadounidenses”, sostiene Strasburger.

OBSTÁCULOS DEL GOBIERNO

El documento, publicado en julio y plagado de fragmentos de texto que no se hicieron públicos, subrayó que el Gobierno no analizó la gravedad de los “intentos de interferencia” externos sobre aquella consulta, en la que el 51,9 % de los votantes se decantó por la salida de la Unión Europea (UE).

“Nuestro Gobierno ha invertido mucho en el Brexit. Les preocupa que una investigación revele que el referéndum no fue justo porque estuvo condicionado por la desinformación rusa”, señala Strasburger.

El MI5, la agencia de inteligencia que se encarga de cuestiones de seguridad nacional en el Reino Unido, tan solo entregó “seis líneas de texto” al comité parlamentario cuando le fue requerida información sobre la supuesta trama rusa, recalca.

“Eso es todo lo que tenían, porque consideraron que su trabajo no es investigar elecciones. Pensaron que era una cuestión demasiado política. Por supuesto, lo habrían hecho si hubieran recibido instrucciones para ello”, agrega.

Cuando se hizo público el informe parlamentario, el portavoz oficial de Johnson expresó su “absoluta” confianza en que el resultado del referéndum de 2016 fue justo.

“No hemos visto evidencias de que se llevaran a cabo interferencias con éxito”, afirmó el portavoz, que confirmó en aquel momento que el jefe de Gobierno no planeaba ordenar investigaciones adicionales sobre la cuestión.

PROCESO SIN PRECEDENTES

Esta es la primera ocasión en la que miembros del Parlamento británico emprenden acciones legales contra el Gobierno por supuestas malas prácticas en cuestiones de seguridad nacional.

El lord liberaldemócrata confía en que tras un proceso que durará varios meses la justicia obligue a Johnson a abrir una investigación independiente cuyas conclusiones deberían hacerse públicas.

Uno de los argumentos que los parlamentarios han esgrimido ante la Justicia es que no haber analizado en profundidad las posibles injerencias en el referéndum impide que el Reino Unido se proteja de manera adecuada de cara a futuros procesos democráticos.

Sostienen asimismo que el Ejecutivo tiene la obligación de tener en cuenta las conclusiones del informe del Comité de Inteligencia y Seguridad.

“En aquel informe había una recomendación muy clara. Debemos comprender que el que lo redactó no es un comité ordinario. Es un comité establecido por ley y su labor es supervisar las operaciones de todos los servicios de inteligencia británicos”, estima Strasburger.

RESPALDO DE TESTIGOS

La iniciativa legal tiene el respaldo de Peter Ricketts, consejero de Seguridad Nacional del Reino Unido entre 2010 y 2012, durante el Gobierno del exprimer ministro David Cameron, y antiguo presidente del Comité Conjunto de Inteligencia, que asesora al Ejecutivo.

Ricketts, también miembro de los Lores, ha incorporado a la causa una declaración escrita como testigo en la que resalta que “aparentemente el Gobierno no trató de recabar pruebas sobre si el Estado ruso consiguió interferir en la campaña del referéndum sobre la Unión Europea en 2016”.

“Tampoco hizo ningún análisis posreferéndum sobre los intentos rusos de influir en procesos electorales en el Reino Unido”, añade el texto.

Bajo estas premisas, los demandantes alegan que el Gobierno británico ha incumplido sus obligaciones bajo la Convención Europea de Derechos Humanos, que obliga a que cualquier votación se lleve a cabo “bajo condiciones que aseguren la libertad de expresión y de opinión”.

La decisión del Ejecutivo de no ordenar una investigación pública e independiente es “contraria al interés de los ciudadanos, irresponsable y desproporcionada”, argumentan los parlamentarios que han impulsado este proceso.

Editado por Miriam Burgués