El plazo a los ciudadanos comunitarios para pedir residencia en Reino Unido acaba entre temores

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El personal del Consejo de la UE retira la bandera británica del Consejo Europeo en Bruselas, el 31 de enero de 2020. [EFE-EPA]

Londres (EuroEFE).- El plazo para que los comunitarios soliciten el permiso para quedarse a vivir en el Reino Unido después del Brexit concluye este miércoles, entre advertencias de los grupos que los representan de que aquellos sin recursos, en situación vulnerable o marginados pueden quedar desprotegidos.

Diversas organizaciones y el Partido Laborista han pedido al Gobierno conservador que garantice los derechos de los ciudadanos procedentes de la Unión Europea y que amplíe el periodo para pedir los estatus de asentado (al menos cinco años en el país) o preasentado (quienes llegaron antes del 31 de diciembre de 2020).

Sin embargo, el Ministerio del Interior rechaza la prórroga y argumenta que su Programa de Asentamiento, lanzado el 30 de marzo de 2019, es simple para el usuario, como demuestran, apunta, los más de 5,2 millones de solicitudes ya concluidas -de 5,6 millones recibidas hasta el 31 de mayo, entre ellas 320.850 de españoles-.

El secretario de Estado de Inmigración, Kevin Foster, aseguró además en una entrevista con Efe que se facilitará la regularización de todos aquellos que tengan derecho, aunque sea fuera de plazo.

Con todo, los activistas y abogados especializados advierten de que hay zonas grises en la normativa que pueden dejar desprotegidas a personas vulnerables, sin recursos o marginadas, como gente mayor, inquilinos de residencias, enfermos, discapacitados, indigentes, personas sin conocimientos del idioma o digitales o niños en instituciones de acogida.

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MÁS DE 300.000 SOLICITUDES PENDIENTES

A día de hoy, el Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, tiene todavía pendientes de procesar más de 300.000 solicitudes de comunitarios y, si bien asegura que sus derechos están garantizados mientras esperan su estatus, muchos temen encontrar trabas para alquilar vivienda, conseguir trabajo o viajar.

Un informe del Instituto de Investigación de Políticas Públicas ha revelado que, aunque Interior suele procesar las solicitudes en cinco días, en los casos complejos – de los que a partir de ahora habrá más – el tiempo de espera es mucho más largo.

Así, la organización constata que a principios de mayo había 102.000 casos pendientes desde hacía tres meses, incluidos 23.900 niños; 13.000 hacía seis meses (650 niños) y unos 8.000 (285 niños) hacía un año.

Un estudio de abril del propio Ministerio del Interior expuso que 1.155 menores de unos 3.660 de origen comunitario a cargo del Estado no estaban regularizados – lo que, si no se remedia, significa que de adultos pueden encontrarse sin acceso a prestaciones sociales, educación o sanidad -.

Esto es lo que sucedió con miles de inmigrantes de la llamada “generación Windrush” llegados al Reino Unido desde las colonias británicas del Caribe en los años 60, en uno de los escándalos migratorios más lamentables de la historia de este país.

Ante las presiones, el Gobierno ha introducido ahora una norma que da 28 días para hacer los trámites a aquellos que, por motivos “válidos” (que los activistas ven insuficientes), se percaten tarde o sean alertados de que están en situación irregular.

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LAGUNAS EN EL SISTEMA

En declaraciones a Efe, Catherine Barnard, experta en legislación comunitaria de la universidad inglesa de Cambridge, alerta de otra debilidad del programa, que afectará a quienes hoy tienen el estatus de preasentado y deben elevarlo al de asentado tras cinco años de residencia.

“Si la gente no hace esa gestión en la fecha correcta – y para cada uno será diferente, como cuando te caduca el pasaporte -, se verán despojados de derechos”, advierte.

Barnard critica asimismo que el Gobierno no expida un documento físico, como una tarjeta identificativa, para demostrar el estatus migratorio ante caseros, empresas o potencialmente en la frontera, y que, en cambio, los comunitarios tengan solo un certificado digital, lo que puede llevar a discriminaciones y crear dificultades a personas mayores o sin acceso a tecnología.

Los cambios en las normas de inmigración tras la salida británica de la UE afectan también a los comunitarios que vienen al Reino Unido.

Estos podrán visitar el país seis meses sin visado para hacer turismo, estudios de corta duración y actividades empresariales como conferencias o ver a conocidos, pero, para trabajar, deben solicitar un visado según un sistema por puntos que valora las cualificaciones y otros factores económicos al margen del lugar de procedencia.

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Editado por F.Heller