París (EuroEFE).- El Consejo de Europa ha criticado la ley del Gobierno húngaro de Viktor Orbán contra las injerencias extranjeras, en particular por una nueva entidad que crea la llamada Oficina de Protección de la Soberanía, al entender que no es independiente e interfiere en otras instituciones del Estado.
En un dictamen publicado este martes, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa -que reúne a expertos constitucionalistas- considera que no está justificada la creación de ese nuevo órgano cuyas misiones de control de posibles injerencias en un Estado democrático están en manos en particular de los tribunales y de las fuerzas del orden.
Sobre todo, la Comisión de Venecia insiste en que la Oficina de Protección de la Soberanía no se puede considerar un ‘órgano independiente'» en primer lugar porque su presidente y sus vicepresidentes son nombrados y revocados por el Ejecutivo.
Además, sus competencias son «extremadamente amplias, con contornos mal definidos», «puede interferir en la vida privada de cualquier persona moral y física» y tiene atribuidas competencias para denunciar «sin estar sometida a ningún mecanismo de control o de examen».
La ley adoptada por el Parlamento húngaro el pasado 12 de diciembre, y que entró en vigor diez días después, «no ofrece garantías suficientes» sobre la independencia de ese organismo de nueva creación, repiten los expertos constitucionalistas, con lo que hay un riesgo de que su acción se lleve a cabo «de forma arbitraria y por razones de carácter político».
En definitiva, «existe un riesgo elevado de que la creación y las actividades de la Oficina tengan un efecto disuasorio sobre el debate libre y democrático en Hungría».
Las críticas de la Comisión de Venecia no se limitan a esa nueva instancia, sino que van dirigidas también a otros aspectos de la ley.
Si por una parte admite que establecer restricciones a la financiación extranjera de los partidos políticos y de las campañas electorales es conforme con las prácticas y las normas internacionales, censura que la norma también abra la puerta a un control de la actividad política en un sentido muy amplio, y a «las campañas en favor del cambio social».
«Las autoridades húngaras no han justificado la razón y la necesidad de adoptar un enfoque tan amplio», señalan los constitucionalistas del Consejo de Europa.
A ese respecto, avisan de que para que el nuevo delito penal de ‘influencia ilegal de la voluntad de los electores’ que aparece en la controvertida ley sea compatible con las normas internacionales, la condición es que se tengan en cuenta «ciertas excepciones a las nuevas restricciones y se precisen ciertas definiciones».
Por eso una de las recomendaciones es dar «una definición más matizada de la ‘ayuda extranjera’, que tenga en cuenta diferentes tipos de fuentes de financiación y la cooperación entre los partidos políticos a nivel internacional».
Igualmente que se excluya del campo de las injerencias la financiación por organizaciones internacionales y que se respeten las obligaciones internacionales, «en particular las que derivan de la pertenencia (de Hungría) a la Unión Europea».
Precisamente, a comienzos de febrero la Comisión Europea anunció que abría un expediente contra Hungría por esa ley impulsada por la mayoría parlamentaria en la que se asienta el primer ministro Orbán y que tanto la oposición como organizaciones de derechos humanos han comparado con las tácticas rusas de acoso a la disidencia.
Bruselas justificó ese procedimiento porque estima que la ley infringe principios básicos de la UE, en particular «los valores democráticos de la Unión», el principio de democracia, derechos electorales, así como la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
Editado por Sandra Municio