Una Ley europea de Servicios Digitales con implicaciones para el colectivo LGBTI

El colectivo Lambda por la diversidad sexual, de género y familiar celebra el Orgullo 2020 con un acto simbólico en la plaza del Ayuntamiento de Valencia (España). EFE/Manuel Bruque/Archivo

Bruselas (EuroEFE).- Una parte muy importante del activismo de personas y organizaciones del colectivo LGBTI se produce en las redes sociales y sin embargo muchas voces, como la asociación especializada en sus derechos, ILGA-Europe, alertan de un creciente número de casos de discurso de odio e incluso de agresiones.

En esta línea, y pese a ser fundamentalmente una ley de mercado, la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea (UE), que verá la luz el próximo 2 de diciembre, puede ayudar a evitar y combatir este discurso de odio, así como proteger a los colectivos más vulnerables al acoso en línea en las distintas plataformas digitales.

Esta nueva Ley de Servicios Digitales “socialmente tiene una implicación enorme porque, dependiendo de cómo se establezcan las reglas, distintos fenómenos sociales que suponen problemas para muchos colectivos podrán ser más sencillos de resolver”, explicó a Efe el responsable de políticas digitales de la UE en la organización Open Society European Policy Institute (OSEPI), Guillermo Beltrà.

DE UN CÓDIGO DE CONDUCTA A UNA LEY

Con esta ley, la UE dejará atrás su Directiva sobre comercio electrónico, del año 2000, sobre la que operan las plataformas de vídeo y las redes sociales, que las exime de responsabilidad respecto al contenido de odio que se alberga en ellas (si lo ha albergado un tercero), y que “ya se ha quedado anticuada y no prevé la heterogeneidad que vemos hoy día en internet”, manifestó Beltrà.

Además, en muchas ocasiones, los contenidos de odio suelen tener como origen perfiles anónimos, por lo que son difíciles de perseguir y de monitorizar de forma adecuada.

Hasta ahora, el único mecanismo de la Comisión Europea (CE) para luchar contra la incitación ilegal al odio en línea es un código de conducta (2016) adoptado por gigantes tecnológicos como Facebook, Twitter, YouTube, Microsoft, Instagram y, más recientemente, también por TikTok.

Pero no es suficiente, las plataformas necesitan, según subrayó Beltrà, “herramientas para, por una parte, poder bloquear este tipo de contenidos y denunciarlos, elevándolos a las instancias que las plataformas tienen para estudiarlos” y, por otra, “mecanismos internos de denuncia” que garanticen la “transparencia y la respuesta al usuario, siempre asegurando que se pueda recurrir una decisión de la plataforma”, señaló.

Y es en este tipo de “obligaciones añadidas de transparencia sobre cómo funcionan sus algoritmos y sobre cómo están tomando las decisiones de moderación de contenido”, según explicó Beltrà, tendrá sus implicaciones esta ley.

EL DISCURSO DEL ODIO, FENÓMENO CRECIENTE Y “PANEUROPEO”

Paralelamente, el discurso de odio en las redes sociales es un fenómeno creciente y “paneuropeo”, en palabras de la directora de defensa de la asociación internacional ILGA-Europe, Katrin Hugendubel, quien explicó a Efe que “en muchos países de Europa y Asia central ha habido un incremento agudo de los discursos de odio en línea, así como del número de ataques físicos hacia personas LGBTI”, alertó Hugendubel.

Sin embargo, no todos los Estados miembros están dotados de medidas nacionales -o regionales- para combatir los delitos y discursos de odio y, además, “no hay un marco armonizado europeo” en esta materia “tanto ‘online’ como ‘offline’, que les proteja de esos discursos”, criticó Beltrà.

El informe anual “Rainbow Europe”, que elabora ILGA-Europe para ilustrar la situación legal y política de las personas LGBTI en Europa, clasifica a 49 países -incluidos los Veintisiete- según sus prácticas legales en materia de igualdad y no discriminación, familia, reconocimiento legal de género e integridad corporal, espacio en la sociedad civil, asilo y delitos y discursos de odio.

Según su última actualización (2020), solo en 17 de los 27 Estados miembros hay leyes que castigan los delitos de odio motivados por la orientación sexual de las personas y 11 de ellos tienen en su ordenamiento jurídico normas punitivas respecto a los delitos de odio por identidad de género (personas trans).

Asimismo, siete de los Estados Miembros no tienen legislaciones que castiguen el discurso de odio hacia personas por su orientación sexual y 15 de ellos no incluyen a las personas trans víctimas del discurso de odio.

En España, según apunta el informe de ILGA, si bien no existe una legislación específica más allá de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género se considera un agravante.

“Una parte importante del activismo LGBTI tiene lugar en la esfera digital”, manifestó Hugendubel y, en ese sentido, “la inclusión de temas de género y de sexualidad, en el concepto del discurso al odio para ilegalizarlo”, según explica Beltrà, podría tener gran relevancia para que esta nueva Ley de Servicios Digitales pueda proteger al colectivo.

Editado por Miriam Burgués