El Parlamento Europeo avanza en regular el papel de las tecnológicas en el control de los contenidos

Una mano sobre una alfombrilla de ordenador con el logo de Google. EFE/Boris Roessler / Archivo

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo aprobó este martes la ley de servicios digitales, que regula la responsabilidad de las tecnológicas a la hora de moderar y eliminar el contenido dañino e ilegal en internet.

El texto fue aprobado por 36 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones y está previsto que el pleno de la Eurocámara se pronuncie en la próxima sesión de enero de 2022.

La normativa obligará a las grandes empresas de internet como Google, Facebook o Twitter a realizar análisis anuales para identificar el posible riesgo que puedan causar a la salud de los ciudadanos o la seguridad pública los sistemas algorítmicos que determinan el contenido que ven los usuarios.

Ese análisis lo tendrán que hacer también auditorías independientes y las plataformas deberán ofrecer a las autoridades públicas la información que necesiten para poder evaluar la forma en que las compañías moderan el contenido en internet.

Según el acuerdo alcanzado entre los eurodiputados, las plataformas digitales tendrán que eliminar o restringir la visibilidad del contenido ilegal en cuanto tengan conocimiento de su existencia y solo si no lo hacen serán responsables por ello.

Además, podrán suspender la cuenta de los usuarios que publiquen este tipo de contenido y en ese caso, los afectados tendrán seis meses para presentar reclamaciones ante la compañías.

La ponente de ley de servicios digitales en el Parlamento Europeo, la eurodiputada socialdemócrata Christel Schaldemose, quería prohibir la publicidad personalizada, el principal negocio de las grandes compañías de internet, aunque la propuesta no salió adelante por falta de consenso.

Sin embargo, las plataformas tendrán que precisar de forma «clara» y «concisa» si un contenido es publicitario, quién paga el anuncio y qué criterios se han utilizado para que esa información se muestre a los usuarios.

Una vez el texto haya obtenido el visto bueno del Parlamento Europeo en la sesión de enero podrán empezar las negociaciones con el Consejo de la UE, que representa a los países, para que ambas instituciones lleguen a un acuerdo sobre un texto común.

Una de las principales diferencias entre el Consejo y el Parlamento es sobre quién debe controlar en último término la actuación de las tecnológicas.

Los países de la UE llegaron a un acuerdo para que sea la Comisión Europea quien tenga la última palabra, para evitar así que Irlanda se convierta de facto en el principal regulador por ser la sede de estas empresas, gracias a los incentivos fiscales que les ofrece.

Donde sí están de acuerdo es que la multa por incumplimiento puede alcanzar el 6 % de la facturación anual de la compañía.

El objetivo es que la normativa entre en vigor en 2023, igual que la ley de mercados digitales que votará mañana la Eurocámara, cuyo objetivo es regular la libre competencia entre las grandes empresas de internet.

La vicepresidenta de la Organización de Consumidores Europeos (BEUC, por sus siglas en inglés) pidió que «todas las plataformas» que venden productos en internet «tengan que verificar la legalidad de los vendedores y de sus productos, no solo las grandes», como podría ser Amazon.

«Los consumidores están igual de expuestos cuando compran en pequeñas plataformas y en las grandes», añadió, tras criticar que las pequeñas y medianas empresas hayan quedado exentas de la directiva.

Schaldemose aseguró que el acuerdo en la Eurocámara supone un «equilibrio» entre «garantizar que esta legislación realmente tenga un impacto en las plataformas» y que «las pequeñas no tuvieran que cumplir con las mismas obligaciones que las grandes», si bien reconoció que «puede no ser lo mejor».

Editado por Sandra Municio