TJUE: España incumplió sus obligaciones europeas en las ayudas a la TDT

TJUE

Imagen de archivo del exterior del TJUE, en Luxemburgo. EFE [EFE-EPA]

Bruselas (EuroEFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró este jueves que España incumplió las obligaciones impuestas por la Comisión Europea de recuperar la ayuda estatal concedida por las autoridades de Castilla-La Mancha para el despliegue de la televisión digital terrestre (TDT) en zonas remotas y menos urbanizadas de esa comunidad autónoma.

Con su dictamen, la corte, con sede en Luxemburgo, dio así la razón a la Comisión, al considerar que España no ha adoptado, en los plazos que se le fijaron, todas las medidas necesarias para recuperar de TelecomCLM la ayuda estatal declarada ilegal e incompatible con el mercado interior por la Comisión Europea.

El Tribunal consideró igualmente que España tampoco ha acreditado que fueran cancelados todos los pagos pendientes de dicha ayuda ni ha cumplido con la obligación de comunicación a la Comisión Europea en el plazo fijado.

España tenía la obligación de garantizar la recuperación “inmediata” y “efectiva” de tal ayuda en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de notificación de Bruselas.

Sin embargo, tardó más de cuatro años, algo que el Tribunal considera que es “manifiestamente inconciliable con la obligación de dicho Estado miembro de garantizar dicha recuperación”.

Además, en este punto, el Tribunal de Justicia concluye que España no aporta la prueba de que existiera “una imposibilidad absoluta” de recuperar de TelecomCLM la ayuda declarada ilegal e incompatible con el mercado interior.

Por tanto, el Tribunal de Justicia concluye que España, al no haber adoptado, en los plazos señalados, las medidas necesarias para recuperar de TelecomCLM los importes de las ayudas abonadas y al no haber demostrado que todos los pagos fueran cancelados, también incumplió con la obligación de comunicar determinada información en el plazo de dos meses a partir de la notificación que recibió de Bruselas en 2016.

Para asegurar la transición de la televisión analógica a la digital en todo el territorio, las autoridades españolas optaron por dividir el área del país en varias partes, dependiendo de si existía un interés comercial en asumir ese coste, de forma que en la Zona II, en la que está Castilla-La Mancha, compuesta de áreas menos urbanizadas, este cambio se cubriría con financiación pública.

El objetivo era que el servicio de TDT alcanzara una cobertura del 98 % de la población española, con el fin de igualar el porcentaje cubierto por la televisión analógica en 2007.

En concreto, las ayudas a las que la sentencia alude, concedidas entre 2005 y 2009, tenían como objetivo apoyar la mejora y construcción de nuevos centros emisores y la prestación de servicios digitales en el área de la Zona II en Castilla-La Mancha.

Esta situación llevó a la Comisión a intervenir tras las denuncias de los operadores Radiodifusión Digital y SES Astra, ordenando la recuperación inmediata y efectiva de las subvenciones a TelecomCLMy Abertis por considerarlas ayudas selectivas.

España, como Estado miembro, y varias comunidades autónomas y operadores de TDT nacionales, pidieron al Tribunal General de la UE que anulase esta decisión en 2015, pero estas demandas fueron desestimados en dos sentencias emitidas en 2016, así como otros recursos en casación en 2018.

Editado por Virginia Hebrero