Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea tiene en vigor desde octubre de 2020 un reglamento sobre Inversión Extranjera Directa (FDI) para que los Veintisiete estén mejor equipados para identificar, evaluar y mitigar los posibles riesgos para la seguridad o el orden público, sin que por ello la UE deje de ser una de las zonas de inversión más abiertas del mundo.
La aplicación de esta normativa, actualmente en revisión para incrementar su eficacia, ha permitido a los Estados miembros tener mejor visión de las inversiones extranjeras en la UE y su impacto transfronterizo.
En todo caso, son los Estados miembros quienes mantienen los mecanismos de control necesarios para detectar riesgos para la seguridad o el orden público derivados de determinadas operaciones de inversión, y los que tienen la última palabra sobre ellas.
Mayor cooperación ante riesgos
La ley europea aportó un mecanismo de cooperación en el que los Estados miembros y la Comisión pueden intercambiar información, experiencias, mejores prácticas y plantear sus preocupaciones en relación con inversiones específicas.
A causa del alto grado de integración en la UE, una inversión extranjera directa en un Estado miembro puede plantear riesgos para la seguridad o el orden público en otro país miembro o incluso en toda la Unión.
Herramientas para la defensa nacional
Por otra parte, la normativa establece determinados requisitos para los Estados miembros que deseen mantener o adoptar un mecanismo de escrutinio a escala nacional.
Los Estados miembros tienen la última palabra sobre si debe permitirse o no una operación de inversión específica en su territorio, y la ley europea tiene en cuenta la necesidad de operar con plazos cortos favorables para las empresas y con fuertes requisitos de confidencialidad.
Opinión de la Comisión si afecta a más de un país
La regulación también permite a la Comisión Europea emitir opiniones cuando una inversión amenace la seguridad o el orden público de más de un Estado miembro, o cuando una inversión pueda socavar un proyecto o programa estratégico de interés para toda la UE, como puede ser la constelación de satélites Galileo.
Los casos que sólo implican inversiones de una o varias entidades establecidas en la UE no entran, en principio, en el ámbito de aplicación del reglamento, a menos que la empresa que realiza la inversión sea una disposición artificial que no refleje la realidad económica.
Revisión de la legislación
El pasado enero, la Comisión Europea propuso reforzar el control sobre inversiones directas extranjeras que puedan suponer un riesgo para la seguridad, procedentes de países como Rusia, como parte de una estrategia europea de seguridad económica más amplia.
El objetivo de la actualización del reglamento es que todos los Estados miembros dispongan de un mecanismo de selección de operaciones, con normas nacionales mejor armonizadas.
La estrategia general de seguridad económica, publicada en junio de 2023, también instaba a determinar los sectores en los que todos los Estados miembros deban examinar las inversiones extranjeras, y a ampliar el control a inversiones que son de la UE pero que están controladas en última instancia por particulares o empresas de terceros países.
Otro objetivo era aumentar el control sobre las inversiones europeas en terceros países, especialmente las que se lleven a cabo en los sectores tecnológico, militar y de inteligencia, ante el riesgo de que agentes extranjeros las puedan utilizar en contra de la UE.
Editado por Sandra Municio