La Eurocámara pedirá a España garantizar el castellano en la escuela catalana

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Imagen de archivo del Parlamento Europeo, en Estrasburgo. [EFE-EPA]

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión de Peticiones de la Eurocámara enviará una carta al Ministerio de Educación español para que “garantice la cooficialidad de las lenguas en Cataluña”, después de que una asociación de padres planteara la supuesta discriminación de los alumnos castellanohablantes en el sistema educativo catalán.

La presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat (PP), señaló que en esta carta se trasladará al Ministerio la “preocupación” sobre este asunto y se le pedirá que “explique y garantice la cooficialidad de las lenguas en Cataluña”.

Esta comisión parlamentaria pedirá asimismo un informe a la Comisión de Cultura de la Eurocámara sobre si en el sistema educativo catalán se respeta el derecho de los niños a la diversidad lingüística y cultural y valorará en un futuro la posibilidad de enviar una misión parlamentaria a Cataluña para analizar “in situ” el régimen lingüístico del sistema educativo catalán y la posible infracción de las Administraciones educativas catalana y española.

Esta posibilidad requiere un acuerdo de la mayoría de la Comisión de Peticiones.

¿El castellano como lengua vehicular?

Montserrat tomó estas decisiones tras escuchar por videoconferencia a la ponente de la petición y presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña, Ana Losada, cuya entidad ha analizado “2.214 proyectos lingüísticos que corresponden al 95 % del total de escuelas públicas que incluyen todas las etapas de enseñanza y los centros de educación especial”.

Según ese estudio, no solo “en ningún centro en Cataluña el castellano es lengua vehicular”, sino que “el mínimo legal del 25% de horas en castellano no se contempla en ningún proyecto lingüístico” y “solo 126 centros sobre 2.214 ofrecen alguna asignatura no lingüística en castellano en algún año de la etapa de primaria o secundaria”, normalmente educación física o plástica.

“Los proyectos lingüísticos son idénticos en todos los centros: una única lengua vehicular, cero horas de castellano en educación infantil, dos horas a la semana en primaria, tres horas en secundaria y bachillerato”, continuó Losada.

Con esos datos en la mano, la Asamblea por la Educación Bilingüe vuelve dos años después a la Comisión de Peticiones para solicitar “ayuda” y denunciar que en Cataluña “se infringe el articulo 2 del Tratado de la Unión Europea al no respetarse el Estado de derecho, porque la administración pública española y catalana esta obrando conscientemente en contra de lo exigido legalmente”, afirmó.

Además, según Losada, se vulnera el articulo 3.3 del mismo tratado “al constatarse la discriminación, la desigualdad y la desprotección de los derechos del niño”, así como los artículos 21 y 22 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión “puesto que se discrimina a los alumnos castellanohablantes por razón de lengua, y no se les transmite la diversidad lingüística y cultural” de España.

Las lenguas, una cuestión interna de cada socio

Y, por último, aseguró que se obstaculiza la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión Europea, ya que la “discriminación lingüística a los (niños) castellanoparlantes que se da en los centros educativos de Cataluña (…) restringe las opciones de sus padres a la hora de buscar un empleo” y “actúan como medidas proteccionistas del mercado laboral catalán, al dificultar la llegada de profesionales de fuera de Cataluña”.

En declaraciones a Efe, Losada se mostró “satisfecha” de los resultados obtenidos este jueves, ya que dijo que los padres de hijos castellanohablantes se siente “muy solos” ante una situación que calificó de “injusta” por ser “víctimas del juego político”.

Por su parte, la representante de la Comisión Europea recordó que la educación, así como el tratamiento de sus lenguas, es competencia exclusiva de los Estados miembros y, por tanto, es una cuestión interna y no ve “ninguna base para actuar en este asunto”.

Pese a todo, la mayoría de los grupos políticos en la Eurocámara se mostraron a favor de mantener abierta la petición de los denunciantes por apreciar “una discriminación clara” en este caso.

Diana Riba, de Esquerra Republicana de Catalunya, mantuvo, por contra, que “el sistema educativo y lingüístico catalán respeta la legislación vigente” y consideró que dar trámite a esta denuncia es convertir al Comité de Peticiones de la Eurocámara en “el patio trasero de la política domestica”.