La mayoría de la Eurocámara pide relajar las condiciones del fondo de recuperación

PE

Imagen de archivo del Parlamento Europeo, en Estrasburgo. [EFE-EPA]

Bruselas (EuroEFE).- Los grandes grupos del Parlamento Europeo (PE) alcanzaron un acuerdo sobre la regulación que regirá el desembolso de la mayor parte del Fondo de Recuperación pospandemia en el que piden rebajar la exigencia de acometer reformas estructurales y cumplir las metas fiscales para recibir ayudas.

El texto, que cuenta con el apoyo del Partido Popular Europeo, los Socialistas y Demócratas, los liberales de Renovar Europa y los Verdes, será votado en pleno en la segunda semana de noviembre y fijará la posición de la Eurocámara para negociar con los Estados de la Unión Europea la regulación definitiva del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Este canalizará 672.500 millones de euros de los 750.000 millones del Fondo y la regulación fija aspectos como las recomendaciones que tendrán que seguir los Gobiernos al hacer sus planes de recuperación o cómo los evaluará la Comisión Europea.

“Nuestra propuesta es muchísimo más concreta que la de la Comisión y la del Consejo, más verde, social e igualitaria, y más flexible con la participación e importancia del Semestre Europeo en el plan”, dijo este martes en una rueda de prensa la eurodiputada socialista Eider Gardiazábal, ponente de la regulación en el PE.

El acuerdo de estos grupos parlamentarios elimina el artículo 9 que incluía la propuesta del Consejo, que prevé la suspensión del pago de ayudas si un país incumple las recomendaciones hechas por la Comisión en el Semestre Europeo, en particular las relativas a “aspectos fiscales”.

Los eurodiputados creen que no tiene sentido introducir esta condicionalidad macroeconómica en un momento en que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento -las normas de control de déficit y deuda- no se están aplicando por la pandemia y, además, van a ser revisadas.

“Tendremos este debate cuando las cosas se tranquilicen y veremos cómo podemos avanzar hacia una senda de estabilidad macroeconómica, pero como no se va a avanzar va a ser sancionando a los Estados y congelando pagos”, explicó Gardiazábal.

El PE quiere que, una vez se reactive el Pacto, la Comisión Europea haga una propuesta sobre cómo proceder.

La mención a las recomendaciones fiscales se introdujo en la propuesta del Consejo a petición de algunos países -como Suecia, Finlandia o Países Bajos- que reclaman un estrecho vínculo entre estas y las ayudas, mientras que España y otros Estados rechazan este tipo de condicionalidad macroeconómica.

La Eurocámara pide, además, que el principal criterio al evaluar los planes no sea cumplir las recomendaciones económicas que la Comisión hace anualmente a las capitales, puesto que estas no se centran solo en atajar la pandemia, sino ceñirse a seis objetivos principales.

Además de la transición climática y digital, ya propuestas por Bruselas, el PE añade cuatro pilares: la cohesión social, un pilar económico para el desarrollo de la estrategia industrial europea, la modernización de las administraciones y la juventud.

Plantea asimismo elevar del 37 % al 40 % el porcentaje del fondo destinado a clima.

“No hablamos de un plan para poner en marcha las recomendaciones, sino de un plan para responder y paliar las consecuencias del coronavirus”, explicó Gardiazábal, quien añadió que para el PE no tiene sentido, por tanto, destinar fondos a todas las recomendaciones, sino solo a aquellas que sean “relevantes” para afrontar la pandemia.

En el caso de España, por ejemplo, las recomendaciones de 2020 pedían hacer lo necesario frente al Covid, pero las de 2019 instaban a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, favorecer la transición hacia contratos indefinidos o mejorar el apoyo a las familias, entre otras.

El PE pide, por otro lado, elevar la financiación por adelantado que recibirán los países cuando se aprueben sus planes, del 10 % al 20 % de la asignación, y que las ayudas puedan cubrir gastos incurridos desde febrero de 2020 (algo ya previsto en la propuesta de los países).

Preguntada sobre este acuerdo, la vicepresidenta española Nadia Calviño señaló que la prioridad al usar el fondo tiene que ser “el impulso del crecimiento económico y la creación de empleo” a través de inversiones y reformas estructurales.

“Es positivo un acuerdo en el PE y espero un acuerdo con el Consejo en las próximas semanas, porque lo primordial es llegar a un acuerdo para poner en marcha los instrumentos a partir del 1 de enero”, dijo.