La UE acepta negociar que haya más transparencia fiscal en multinacionales

Varias personas hacen cola para elaborar su declaración de la renta en una delegación de Hacienda de Madrid. EFE/Emilio Naranjo/archivo

Bruselas (EuroEFE).- El Parlamento Europeo y los países de la Unión Europea (UE) comenzarán próximamente sus negociaciones para introducir una mayor transparencia fiscal en las multinacionales, un proyecto de directiva que llevaba años bloqueado en el Consejo pero que la actual presidencia portuguesa espera consensuar antes de finales de junio.

Las comisiones de Asuntos Económicos y de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (PE) aprobaron este jueves el inicio de las conversaciones, mientras que los embajadores de los países miembros dieron también luz verde a la presidencia portuguesa para que comience a negociar con la Eurocámara.

La nueva directiva obligaría a las empresas con una facturación superior a 750 millones de euros en los dos ejercicios consecutivos anteriores a hacer público un informe con los impuestos que pagan en cada país de la Unión Europea junto a otros tipos de información fiscal relevante, en los doce meses posteriores al balance del año en cuestión.

Los bancos quedan exentos de esta regulación porque ya están obligados a hacer pública información similar mediante otra directiva comunitaria.

La propuesta inicial de la Comisión se presentó en abril de 2016 y el Parlamento Europeo adoptó su posición negociadora en 2017, pero sucesivos intentos fallidos de lograr una postura de consenso en el Consejo han retrasado el inicio de las negociaciones hasta la llegada de la presidencia semestral portuguesa, que ha mostrado un interés particular en que la directiva saliese adelante.

Uno de los negociadores parlamentarios para este asunto es el socialista español Ibán García del Blanco, que explicó a Efe que la presidencia portuguesa del Consejo tiene la intención de finalizar las negociaciones en los próximos cuatro meses y que él ve posible este calendario tan ajustado porque no hay una gran distancia entre las posiciones de ambas instituciones.

Entre los aspectos más relevantes donde hay diferencias, García del Blanco destaca las cuestiones relacionadas con la transparencia fiscal fuera de la UE, donde el Consejo plantea que sean datos agregados con el volumen total de actividad y de impuestos, mientras que el Parlamento considera que la información país por país sería relevante para conocer dónde se pagan los impuestos realmente.

“Los datos tomados en su conjunto no nos cuentan realmente muchas cosas. Es mejor saberlo que no saberlo, pero no sería un elemento muy útil teniendo en cuenta la cuestión de los paraísos fiscales”, explicó.

Por otro lado, el Consejo quiere que la directiva entre en vigor dos años después de que se llegue a un acuerdo, mientras que el Parlamento prefiere que se ponga en marcha inmediatamente.

Editado por Virginia Hebrero