Los auditores detectan fallos en los planes de resolución de la banca europea

BCE

Imagen de archivo de la sede del BCE en Fráncfort, Alemania. [EFE-EPA]

Bruselas (EuroEFE).- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) cree que el Mecanismo Único de Resolución, encargado de liquidar de forma ordenada los bancos en problemas para evitar rescates pagados por el contribuyente, carece de elementos fundamentales para planificar adecuadamente estas operaciones.

Los auditores destacan en un informe publicado esta semana que no se han definido políticas claras para elaborar los planes, que estos no siempre tienen la calidad que deberían y que falta coherencia en el trato a los bancos.

“El Mecanismo Único de Resolución ha hecho progresos en los últimos años pero se necesitan más pasos para planificar adecuadamente la liquidación ordenada de los bancos en quiebra”, dijo el miembro del Tribunal de Cuentas de la UE encargado del informe, Rimantas Sadzius.

“Faltan algunos elementos esenciales que conciernen tanto el esquema de planificación de resolución en general, como los planes de resolución en sí mismos, que sufren problemas de calidad”, añadió en una rueda de prensa telemática.

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La legislación comunitaria exige que haya un plan de resolución para cada banco de la eurozona preparado por si hay que liquidarlo, y los auditores examinaron -entre abril de 2019 y enero de 2020- si este proceso funciona como debería.

La Junta Única de Resolución (JUR) europea se encarga de la planificación para los 128 bancos más importantes, mientras que las autoridades nacionales se ocupan de las entidades medianas y pequeñas (2.249 en total) bajo la batuta de la JUR, que emite directrices para ello.

Los auditores detectaron que la JUR, aunque ha hecho progresos en los últimos tres años, no ha definido aún políticas comunes que puedan ser utilizadas por todas las autoridades al elaborar estos planes.

Es el caso, en particular, en lo que respecta a la “continuidad financiera”, es decir, cómo asegurar que el banco puede seguir financiándose una vez que comience la resolución, de modo que continúe haciendo frente a sus pagos.

Los auditores reconocen, no obstante, que la cuestión “fundamental” de cómo garantizar la liquidez de los bancos en casos de resolución es uno de los problemas que solo pueden resolverse a nivel político.

Tarea para los legisladores, añaden, es también la armonización de los marcos de insolvencia nacionales, que se aplican cuando no es necesaria una resolución europea y difieren mucho en las garantías que ofrecen a las entidades en función del país.

La JUR, por su parte, tampoco ha definido políticas claras sobre qué información deben proporcionarle los bancos para ejecutar la resolución o valorar sus activos, sobre la comunicación en estas operaciones, algo “crucial” puesto que deben llevarse a cabo muy rápido, o sobre qué partes de un grupo bancario pueden someterse a resolución.

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A ello se une que el trato a los bancos bajo responsabilidad de la JUR no siempre es coherente “debido a las divergencias al evaluar las funciones críticas y el interés público” de los bancos, según los auditores.

No se fijan, por ejemplo, umbrales definidos como porcentajes o participación de mercado para definir las funciones críticas.

“Como resultado de estas incoherencias y la falta de directrices claras hay el riesgo de que la JUR no señale una función como crítica aunque la economía real se viese negativamente impactada en caso de una quiebra del banco”, señalan en el informe.

Las directrices de la JUR, además, no son vinculantes.

La calidad de los planes en sí mismos, por su parte, ha mejorado: en 2018 cumplían el 60 % de los requisitos que marca la legislación comunitaria, frente al 14 % en 2016.

Sin embargo, la JUR adoptó tarde los planes de resolución de 2018 y actualizó solo algunos de ellos, mientras que algunas autoridades nacionales no cumplieron sus objetivos o “pospusieron sus planes para los bancos más complejos”, según el informe.

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Editado por F.Heller