Persisten diferencias sobre cómo vincular los fondos de la UE a los valores europeos

CE

Banderas europeas ante la sede de la CE en Bruselas, en una imagen de archivo. [EFE-EPA]

Bruselas (EuroEFE).- Los negociadores del Consejo (países de la Unión Europea) y del Parlamento Europeo fracasaron de nuevo este jueves en el intento de cerrar un acuerdo sobre el futuro mecanismo para vincular la recepción de fondos en la Unión Europea al respeto a los valores del Estado de derecho.

La última reunión entre las instituciones, que tuvo lugar este jueves por la mañana, fue “muy constructiva y productiva”, indicó el portavoz de Alemania, Sebastian Fischer, cuyo país preside el Consejo de la UE hasta finales de diciembre.

“Todo está aún abierto sobre el Estado de derecho. No hemos alcanzado un acuerdo de compromiso con el Consejo”, dijo por su parte en un tuit el eurodiputado del PPE Petri Savarmaa, negociador del dossier.

Pese a un cierto optimismo de ambas partes en anteriores rondas, los contactos volvieron a interrumpirse hoy y se anunció una nueva reunión del trílogo (Parlamento, Consejo y Comisión Europea) “la próxima semana”, que será la quinta sobre este tema.

El mecanismo que se discute tiene como base la propuesta presentada originalmente por la Comisión Europea hace dos años y un pacto sobre el mismo es esencial para poder dar luz verde al presupuesto europeo del periodo 2021-2027 y al Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros.

Hungría y Polonia, que desde hace meses mantienen sendos pulsos con Bruselas por cuestiones relacionadas con su independencia judicial y el respeto al Estado de derecho, han amenazado con bloquear ese fondo en caso de que se apruebe una propuesta con la que no estén conformes.

La propuesta de Alemania prevé que se puedan sancionar con la suspensión o reducción de fondos europeos las violaciones de los principios del Estado de Derecho que afecten de un modo suficientemente directo a la buena gestión del presupuesto de la UE o los intereses financieros de la misma.

La sanción sería propuesta por la Comisión Europea y tendría que ser aprobada por una mayoría cualificada de Estados miembros (15 países que representen al 65 % de la población), tras haber dado al país afectado la oportunidad de pronunciarse.

El Parlamento Europeo ha defendido hasta el momento un mecanismo más estricto, en el que haga falta esta mayoría cualificada para rechazar la propuesta de la Comisión, similar a la propuesta inicial de Bruselas y que haría más complicado el veto por parte del país afectado.