Comisión de la Eurocámara apoya un informe promovido por la derecha sobre el trato al castellano en escuelas catalanas

Bruselas (EuroEFE).- La comisión de Peticiones de la Eurocámara aprobó este martes un informe promovido por eurodiputados de partidos conservadores que pide a las autoridades catalanas y españolas que aseguren en las escuelas de Cataluña el mismo trato al castellano y catalán «en las horas de enseñanza y curriculares», y que no se discrimine a ningún niño por ser hispanoparlante.

Esa petición, aprobada con 19 votos a favor y 6 en contra, recoge una de las recomendaciones del informe sobre la misión a Cataluña que llevaron a cabo en diciembre de 2023 una docena de eurodiputados para examinar la inmersión lingüística en las escuelas de la comunidad.

El informe aprobado este martes endurece el tono del primer borrador debatido en la comisión hace un mes y añade, entre otras advertencias, su preocupación por que el régimen lingüístico catalán limite en la práctica la libertad de circulación europea.

Al viaje de la misión se unieron diputados de los grupos del Partido Popular Europeo, Renovar Europa y los Conservadores y Reformistas, pero no de la bancada progresista, quienes consideraron que la agenda de encuentros estaba «politizada».

El informe derivado de esa misión lo aprobaron este martes los diputados del PPE en la comisión (incluidos los españoles Dolors Montserrat, Rosa Estarás, Isabel Benjumea, Ana Collado y Gabriel Mato), así como los de Renew (entre ellos Maite Pagazaurtundúa y Susana Solí, de Ciudadanos) y los del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (incluidos Jorge Buxadé y Margarita de la Pisa, de Vox).

También votaron a favor la diputada de Identidad y Democracia Virginie Joron y la italiana no inscrita Francesca Donato (Democrazia Cristiana).

Entre los que votaron en contra figuraban la eurodiputada del PSOE Cristina Maestre, así como Esther Sanz (Podemos) y Diana Riba (de los Verdes), así como otros no inscritos y de los Verdes.

La recomendación va más allá de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que establece la obligación de que al menos un 25 % de la docencia se imparta en castellano a todos los alumnos del sistema educativo de Cataluña, principal argumento legal esgrimido por las familias que acudieron a la comisión de Peticiones de la Eurocámara.

El borrador ya alertaba sobre la «falta de medidas para aplicar esta sentencia judicial» que empujaría a los ciudadanos a «solicitar una reparación judicial para su propio caso de forma individual»; ahora, mediante una enmienda aprobada, «hace un llamamiento a las autoridades catalanas para que no obstaculicen la ejecución de esta sentencia».

Entre las enmiendas consensuadas al borrador inicial, figura también la advertencia de que dichas medidas necesarias «no pueden implicar en ningún caso la exclusión de una de las lenguas oficiales como lengua vehicular» o de que las materias no troncales (como la educación física) no pueden equipararse en este cálculo a la enseñanza de asignaturas troncales, como las matemáticas o la historia.

«Los centros educativos de Cataluña deben ofrecer a los alumnos oportunidades adecuadas para que adquieran un buen dominio tanto del catalán como del castellano, así como los conocimientos lingüísticos necesarios para que tengan pleno acceso a todas las oportunidades laborales, sociales y culturales», insiste el texto.

Los eurodiputados añaden al informe una preocupación por una potencial limitación a la libertad de circulación en la UE -«ya que impide a las familias que se trasladan a Cataluña estudiar en castellano, lengua oficial, lo que afecta a sus derechos y restringe sus opciones de búsqueda de empleo en su propio país»- o por que genere «graves disfunciones para los alumnos con necesidades especiales cuya lengua materna es el castellano».

Fuentes socialistas justificaron su voto en contra y el hecho de no haber introducido enmiendas al texto, al considerar que «el procedimiento adolecía de la más mínima voluntad de facilitar el acuerdo y la participación», y que «solo se admitieron propuestas del bloque de la derecha«.

«Desde el comienzo rechazaron nuestras propuestas, y la voluntad era la de utilizar esas peticiones para dar altavoz a los ataques de PP y VOX. En el debate de la misión lo denunciamos todo y lo explicamos, por ese motivo no hemos participado», señalaron las fuentes.

La Asamblea por Escuela Bilingüe espera un «punto y aparte»

La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, valoró este martes el respaldo de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a que la enseñanza en las escuelas de Cataluña dé el mismo trato al castellano y catalán «en las horas de enseñanza y curriculares» y confió en que el voto marque un «punto y aparte».

En declaraciones a la prensa tras el voto, Losada dijo que la asamblea, después de seis años de trabajo, ha llegado a su «objetivo»: conseguir un informe que diga «claramente» que en Cataluña se están «incumpliendo» las leyes, que se «discrimina» a los alumnos castellanohablantes, especialmente a los alumnos con necesidades especiales.

«Nos sentimos emocionados y satisfechos de haber llegado hasta aquí (…) y de que nuestra pequeña asociación haya dado un golpe muy duro a la inmersión. Esperamos que eso sea un punto y aparte», señaló.

La representante de la asociación matizó que saben que «no es un punto final» pero consideró que este martes se ha «hecho mucho daño a los defensores de la escuela monolingüe».

«También queríamos responder a ciertas afirmaciones que se hacen continuamente de que esto es una queja de la derecha y la extrema derecha. Esta es una queja de los ciudadanos que queremos una escuela para todos los catalanes en las dos lenguas oficiales. No es una queja ideológica o de partidos», subrayó.

Precisó que la denuncia se abrió «por temas educativos».

Las reacciones de los eurodiputados

La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa dijo por su parte que hoy «es un día de enorme satisfacción» y subrayó que «el gran tabú de Cataluña es la política lingüística».

«Ha sido una lucha de derechos civiles y una cuestión también de sentido común en política lingüística. Estas recomendaciones que hoy se han aprobado podrán ser revisadas en el futuro para ver si aprovecha la oportunidad la administración catalana y cambia las cosas», indicó la misma diputada, que consideró que las recomendaciones del informe son «muy templadas, muy prudentes y muy necesarias».

La presidenta de la Comisión de Peticiones, la popular Dolors Montserrat, señaló que este informe «es una gran noticia para Cataluña y demoledora para el independentismo político y el socialismo que arrincona el castellano en la educación».

«Desde el Partido Popular reclamamos a la Generalitat y al Gobierno de España que atiendan las recomendaciones europeas y las cumplan», añadió Montserrat.

Muy críticos se mostraron, sin embargo, los eurodiputados catalanes Diana Riba i Giner (ERC) y Toni Comín (JxCAT)

Riba i Giner (ERC) calificó de «pantomima» lo ocurrido en el Comité de Peticiones.

«Se ha hecho un mal uso del comité de las regiones utilizando recursos públicos con una misión a Cataluña cuando en realidad no hay ninguna efectividad de este informe«, señaló la misma eurodiputada.

Recordó además que «tres fuerzas del Parlamento Europeo, como son los socialistas europeos, los Verdes y la izquierda, no han participado en ningún momento para no hacer un mal uso de los fondos públicos».

También el eurodiputado de JxCAT Toni Comín incidió en ese aspecto y aseguró que el informe es «un despropósito» porque la Comisión Europea «no es competente» en materia de lenguas y opinó que la petición «no debería ni haber sido admitida a trámite«.

Comín criticó además el «uso partidista» de la Comisión de Peticiones, que «perjudica el prestigio y la reputación del Parlamento Europeo».

Editado por Miriam Burgués, Sandra Municio y Lucía Leal

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