Bruselas (EuroEFE).- Los eurodiputados de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo votarán en las próximas semanas una recomendación no vinculante a Cataluña para que el sistema educativo autonómico dé «el mismo tratamiento tanto al castellano como al catalán como lengua vehicular de la enseñanza», así como garantías de que no exista discriminación hacia los menores.
Así se desprende del borrador del informe sobre la misión a Cataluña que llevaron a cabo en diciembre de 2023 una docena de eurodiputados, entre ellos seis españoles, incluida la presidenta de la citada comisión, Dolors Montserrat, del PP.
La comisión de Peticiones debatirá por primera vez este miércoles ese borrador de informe, en el que se recogen una quincena de conclusiones tras sus encuentros con la Generalitat, la judicatura autonómica, sindicatos, familias de alumnos y escuelas, incluyendo una de educación especial.
El texto, al que ha tenido acceso EFE, está aún pendiente de la fase de enmiendas y del voto final, pero las mayorías en esta comisión suelen estar sostenidas por el bloque más conservador de la Eurocámara, incluyendo a los grupos del PP, Ciudadanos o Vox, por lo que es previsible que no haya grandes cambios respecto al borrador.
La segunda de las quince conclusiones recuerda el carácter constitucional del «derecho a recibir la enseñanza en castellano» y «considera que el sistema educativo en Cataluña debe dar el mismo tratamiento tanto al castellano como al catalán como lengua vehicular de la enseñanza».
En el informe de la comisión de Peticiones del PE pediremos el mismo tratamiento para el español y el catalán como lengua vehicular de la enseñanza y medidas para compensar las deficiencias en cualquiera de las lenguas tal y como recoge la ley española. (1/5)
— Maite Pagazaurtundúa (@maitepagaza) February 13, 2024
El sistema educativo, añaden, «debe tomar las medidas necesarias para compensar deficiencias en cualquiera de las lenguas» y las familias no deberían tener que solicitar individualmente que la comunicación con la escuela tenga lugar en castellano, además de en catalán.
En paralelo, tanto las autoridades catalanas como las españolas deben vigilar «que se respete un contenido equilibrado de lenguas de enseñanza» y que los objetivos educativos se logren en ambas lenguas cooficiales.
«El respeto a la diversidad lingüística y cultural es una de las piedras angulares de la UE (…) y toda discriminación por razón de lengua está explícitamente prohibida por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea», apunta el texto.
Y reclama «a las autoridades regionales y nacionales competentes que garanticen que no se discrimina a los niños».
La recomendación de dar un tratamiento igualitario a ambas lenguas en el sistema educativo catalán va más allá incluso de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que establece la obligación de que al menos un 25 % de la docencia se imparta en castellano a todos los alumnos del sistema educativo de Cataluña, principal argumento legal esgrimido por las familias que acudieron a la comisión de Peticiones de la Eurocámara.
Los propios eurodiputados señalan su preocupación por que la «falta de acción» para aplicar esta sentencia haga que los ciudadanos «tengan que buscar reparación judicial para su propio caso individualmente» y esto «desencadene la exclusión social o, en algunos casos, la intimidación y el acoso contra los niños y los padres».
También de forma no vinculante, los eurodiputados piden a la Comisión Europea que «supervise de cerca» cómo se aplica en Cataluña el artículo de los tratados europeos que consagra el «desarrollo de una educación de calidad«, en concreto en lo que se refiere al respeto a la diversidad cultural y lingüística.
En la misión a Cataluña de diciembre participaron también las eurodiputadas Rosa Estarás (del PP), Maite Pagazaurtundúa (Ciudadanos), Diana Riba (ERC) y Jorge Buxadé (Vox) en calidad de acompañantes, aunque sin ningún integrante socialista porque consideraron que la agenda de encuentros estaba «politizada».
El Gobierno catalán opinó en su momento que la misión estaba «manipulada» por el Partido Popular Europeo: «Tienen como objetivo hacer partidismo de derechas y así lo demuestran las escuelas que han querido visitar», dijo entonces la portavoz del ejecutivo autonómico, Patrícia Plaja.
Estem parlant d'una missió i d'un informe en els quals no hi hem participat els grups progressistes degut a la instrumentalització que fan PP, Vox i el que queda de C's del comitè de peticions.
Volen guanyar en un comitè el que no guanyen a les urnes. https://t.co/ivGTqeG5ig
— Diana Riba i Giner (@DianaRibaGiner) February 13, 2024
Editado por Lucía Leal
