Bruselas abre expediente a España por informes de impacto sobre inundaciones

Murcia

Un voluntario de protección civil ayuda a una mujer a cruzar una calle inundada tras las fuertes lluvias caídas sobre el Campo de Cartagena, Murcia, el 24 de marzo de 2020. [EFE/Marcial Guillén]

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea ha decidido iniciar un procedimiento de infracción contra España y otros cinco países por no enviar a Bruselas datos sobre la revisión de los análisis preliminares de riesgo de inundaciones, informó este viernes el Ejecutivo comunitario.

Los otros países a los que Bruselas abrió expediente son Bulgaria, Chipre, Grecia, Lituania y Malta, y a todos ellos les pide que remitan los informes exigidos en la normativa europea sobre aguas (la Directiva sobre normas de calidad ambiental y la Directiva sobre inundaciones).

La última normativa obliga a los Estados miembros a dar información sobre la revisión de sus evaluaciones preliminares del riesgo de inundaciones y, si es necesario, a actualizarlas.

Por su parte, la Directiva sobre normas de calidad medioambiental exige aportar datos de los programas de seguimiento y del programa preliminar de nuevas normas de calidad medioambiental para que la Comisión pueda determinar si son suficientes.

Los países tienen ahora dos meses para responder a la carta; si no, Bruselas podría dar un paso más en el procedimiento de infracción.

ÚLTIMO AVISO PARA ADECUAR DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS CANARIAS

Además, el Ejecutivo comunitario dio hoy un último aviso a España para que cumpla con una sentencia dictada este año por el Tribunal de Justicia de la UE en relación con varias demarcaciones hidrográficas de Canarias.

Bruselas precisó que aunque las autoridades españolas han cumplido la sentencia con respecto a La Gomera, no lo han hecho en el caso de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Tenerife.

Faltan los planes de gestión de riesgo de inundación completos, que debían haber sido elaborados a más tardar el 22 de diciembre de 2015.

Según la Comisión, España espera tener los planes entre noviembre de 2020 y marzo de 2021.

El Gobierno de Madrid dispone ahora de dos meses para responder a las preocupaciones planteadas por la Comisión y, de no hacerlo, la Comisión podría decidir devolver el caso al Tribunal de Justicia de la UE.