Frontera de CO2: nueva herramienta climática europea con aroma proteccionista

Chimenea de una central térmica. EFE/Kiko Delgado/Archivo

Bruselas (EuroEFE).- Entre las iniciativas de la Comisión Europea para que la UE se desprenda del carbono a mitad de siglo destaca un novedoso instrumento para gravar en las fronteras de la Unión Europea la importación de productos cuya fabricación genere más CO2 del permitido dentro.

“Es una herramienta de política medioambiental, no una tarifa, no un impuesto”, dijo este jueves el eurocomisario de Economía, Paolo Gentiloni, quien reconoció que “hay mucha atención curiosidad y preocupación sobre esta decisión a nivel global”.

Se inspira en un concepto que lleva décadas sobrevolando el debate climático europeo, se llama Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM, por sus siglas en inglés) y podría colisionar con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) si se entiende como un subsidio a las empresas europeas.

CÓMO FUNCIONARÁ

El CBAM está ligado al sistema de comercio de emisiones ETS, el mercado europeo donde se pone un precio por cada tonelada de CO2 emitida por unas 10.000 plantas de consumo energético intensivo en la UE, y que también será objeto de una profunda reforma.

Para no restar competitividad a las empresas, algunas industrias se benefician actualmente de permisos para emitir más CO2 del que deberían, un esquema que según la nueva propuesta deberá terminarse para 2035.

Para que el mecanismo no genere problemas en la OMC, esas exenciones a las industrias europeas desaparecerán progresivamente al tiempo que a partir de 2026 se introduce el “ajuste el carbono” de las importaciones, para que todos compitan en igualdad de condiciones.

Entre 2023 y 2025 se recabará información de los importadores y en 2026 arrancará el mecanismo. La Comisión propone que se aplique inicialmente a cinco sectores (fertilizantes, aluminio, hierro y acero, cemento y electricidad) que representan el 2 % de las importaciones de la UE, y se vaya ampliando progresivamente.

Son industrias que presentan un riesgo de “fuga de carbono”, es decir, se teme que las fábricas europeas se deslocalicen hacia territorios con normas medioambientales menos estrictas.

Afectaría en particular a países como Rusia, China, Turquía, Reino Unido, Egipto, Argelia y Serbia, Bosnia y Herzegóvina, Arabia Saudí, Albania, Túnez, Marruecos Ucrania, Brasil, Taiwan, Corea del Sur, Bahrein o Mozambique.

El importador tendrá que aportar información y solicitar permisos para hacer entrar los productos en el mercado comunitario. En caso contrario, se le aplicaría la media del 10 % de las plantas más contaminantes del sector en la UE.

Según la propuesta de la Comisión, el mecanismo no se aplicaría a los vecinos Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, ni a terceros países que se doten de herramientas similares, como barajan Japón, Canadá o China.

“Idealmente, nunca llegaría a existir”, resumen fuentes europeas sobre un reglamento que requerirá la unanimidad de los Estados miembros y el respaldo de la Eurocámara, si bien el Parlamento ya avaló su diseño en marzo y estimó que podría recaudar entre 5.000 y 14.000 millones de euros al año.

Parte de los fondos irán al presupuesto de la UE, en forma de recursos propios, y parte para políticas climáticas de los Estados miembros.

DIPLOMACIA CLIMÁTICA

Bruselas lleva meses haciendo pedagogía internacional sobre su nueva herramienta, pues el mecanismo no gusta a países como Rusia y Turquía, China e India, mientras que el ministro de Comercio de Australia, Dan Tehan, ha dicho que “implica un riesgo de fomentar el proteccionismo”.

En Estados Unidos, el enviado especial de Clima, John Kerry, ha pedido a la UE que el mecanismo sea un último recurso y que, en todo caso, que no lo ponga en marcha hasta después de la cumbre climática COP26 de noviembre en Glasgow, donde la comunidad internacional hará balance de los progresos contra el cambio climático desde el Acuerdo de París de 2015.

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DESAFÍOS

Según un análisis del centro de pensamiento Europe Jacques Delors en le que ha participado Pascal Lamy, antiguo comisario europeo de Comercio (1999-2004) y director general de la OMC (2005-2013), el mecanismo supone un desafío político, técnico y legal.

“La UE está experimentando lo que se podría llamar ‘la desventaja del primer movimiento'”, indican desde ese foro, donde apoyan el mecanismo y recuerdan que el pescado, para entrar en la UE, también debe acreditar que no proviene de capturas ilegales y nadie ha llevado el caso a la OMC.

Los desafíos técnicos radican en la trazabilidad del carbono pues cuanto más elaborado sea el producto, más difícil resulta atribuirle el CO2 generado. El peligro político reside en que se pueda “malinterpretar” internacionalmente y se considere una herramienta proteccionista de un “club de ricos” y penalice a los países en desarrollo.

Editado por Miriam Burgués