El plan para gravar el CO2 de la calefacción y los coches genera división en la UE

Un técnico inserta una sonda detectora en el tubo de escape de un automóvil en un garaje, en una fotografía de archivo

Un técnico inserta una sonda detectora en el tubo de escape de un automóvil en un garaje, en una fotografía de archivo. EFE/Till Rimmele

Bruselas (EFE).- La posible ampliación del mercado de emisiones de CO2 al transporte rodado y a la calefacción de los edificios genera división entre los Estados miembros de la UE, con un bloque que cree que sería eficaz para descarbonizar la economía y otro que teme un impacto social como el de los «chalecos amarillos».

Un grupo de países que representa a entorno a un tercio de la población de la UE, entre los que se cuentan España, Grecia y países del este como Polonia, Hungría o República Checa y bálticos como Estonia, recela de aplicar a partir de 2026 un sistema para hacer pagar por el CO2 emitido a los productores de combustibles fósiles para los edificios o los coches.

En el Consejo de Medioambiente celebrado este lunes en Bruselas, esos países se mostraron en contra o escépticos ante esa iniciativa planteada por el Ejecutivo comunitario como parte del amplio paquete de medidas para que la UE reduzca en 2030 sus emisiones de CO2 en al menos un 55 % respecto a los valores de 1990.

«Tenemos que analizar despacio sus impactos», dijo en su intervención la vicepresidenta española y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien considera importante que la ciudadanía note las «oportunidades» de la transición, algo ya «complicado» a tenor de la coyuntura de los precios de la energía, que encarecen la factura eléctrica de hogares y empresas.

No obstante, la titular española, subrayó el apoyo de España a la «ambición ambiental y el proyecto económico que inspira» la batería batería de iniciativas climática para descarbonizar la economía europea, que calificó como «el paquete legislativo más importante de la década».

Se desmarcó así de otros países que critican, en concreto, la propuesta de ampliación de ETS y, en general, la política climática comunitaria, como Polonia, Hungría o la República Checa.

Otros Estados miembros del centro y norte de Europa apoyan plenamente esa medida, que se anuncia como una de las más polémicas en todo el paquete climático.

Se posicionaron a favor Alemania, Austria, Países Bajos, Suecia, Dinamarca o Finlandia, país este último que lo considera «fundamental» para avanzar hacia la descarbonización.

Un tercer bloque se mostró más ambiguo, entre los que se cuentan Luxemburgo, Bélgica o Italia, país este último que sugirió que se debata en paralelo a los objetivos de descarbonización por países y al arancel al CO2 que la Comisión también propone aplicar (mecanismo de ajuste de carbono en frontera).

«Recomiendo un debate integrado (…), los tres elementos están conectados», trasladó a sus homólogos el ministro italiano de Medioambiente, Roberto Cingolani.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans, tomó «buena nota de que hay puntos de vista divergentes» y defendió su propuesta aunque se dijo abierto a escuchar alternativas y pidió «no desdeñar» el mecanismo de mercado de CO2.

«Si consideramos dónde siguen aumentando las emisiones es en el transporte y hay que tomar cartas en el asunto. Si hablamos de los edificios, la reducción de emisiones es la mitad de lo que deberíamos de obtener para alcanzar objetivos«, agregó Timmermans.

El consejo de ministros fue un debate exploratorio sobre el paquete climático, que se espera se negocie en el primer semestre del 2022, durante la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en manos de Francia.

LAS CCAA PIDEN IMPLICACIÓN EN LA PROTECCIÓN DE SUELOS

Por otra parte, las comunidades autónomas españolas pidieron este lunes también en Bruselas que la futura estrategia de protección de suelos de la UE implique a las regiones en la toma de decisiones y les aporte financiación para aplicar las políticas.

«Las regiones somos las que aplicamos esas medidas que derivan de esa estrategia y por lo tanto tenemos que estar muy cercanas a la ejecución de las decisiones», declaró a la prensa el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, invitado a representar a las autonomías españolas en el mismo consejo de ministros de Medioambiente.

En esa línea, Suárez-Quiñones reclamó «financiación e incentivación para la aplicación de las medidas que correspondan para hacer efectiva esa estrategia» de suelos que quiere desarrollar la Comisión Europea.

En líneas generales, Suárez-Quiñones consideró «muy positivo que efectivamente se actúe en protección del suelo, como se actúa el protección del aire o las masas de agua (…) porque tiene una gran influencia en la calidad de vida y también en la protección de la flora y la fauna».

No obstante, hizo un llamamiento «a la UE para que se comprometa por la recuperación de los suelos degradados por las industrias mineras y extractivas abandonadas, que son unos suelos pasivos muy contaminados y que exigen un esfuerzo especial a la hora de abordarlo».

Pidió también por la que se aborde el ámbito de la «construcción en el medio rural» y, en nombre de todas las comunidades autónomas, consideró que «debe de haber una protección para que se evite esa invasión de la edificación en el suelo rústico».

Editado por María Moya