Teresa Ribera: «La apuesta sensata es acelerar la transición energética»

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Teresa Ribera La apuesta sensata es acelerar la transición energética

Imagen de archivo de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. EFE/ Quique García/ Archivo

Tras la mayor crisis de salud en un siglo y sus graves consecuencias sociales y económicas, estamos viviendo las turbulencias asociadas a una fuerte recuperación y el consiguiente incremento de la demanda de materias primas.

En el ojo del huracán está el gas, que experimenta un relevante aumento de precios debido, por un lado, a una mayor demanda en países asiáticos, con especial énfasis en China, y, por otro, a las tensiones crecientes con Rusia. 

El incremento del precio del gas natural, es de por sí, un gran problema económico. Y al mismo se ha añadido la escalada sin precedentes del precio de la electricidad. Un aumento este último que no es imputable ni a la transición energética ni a las energías renovables, sino que es consecuencia directa del efecto del precio del gas en el mercado eléctrico, intrínsecamente vinculado al diseño regulatorio de dicho mercado. 

Durante meses, se ha respondido sobre la base de tres premisas que hoy parecen equivocadas. En un principio, se destacó que estábamos ante un problema coyuntural. Sin embargo, la coyuntura dura más de lo esperado y, probablemente pueda mantenerse todavía bastante tiempo, a tenor de la fuerte demanda y el contexto geopolítico.

La segunda destacaba la importancia de la estabilidad del marco regulatorio para los operadores del mercado. Ahora bien, con un diferencial tan alto entre coste real y precio pagado, cabe peguntarse si estos precios formaban parte de las expectativas razonables que hubieran podido estar manejando los operadores. Desgraciadamente, para quienes sí supone un factor enormemente desestabilizador es para los consumidores industriales.

Por último, cabe cuestionarse el acierto de las propuestas de la Comisión, centrada en trasladar los costes desde el bolsillo de los consumidores al de los contribuyentes. Una propuesta que tiene dos grandes problemas: al riesgo de la tensión social y económica, que representa una disminución de recursos disponibles, se une la mayor desigualdad en la respuesta de los Estados Miembros, ya que el volumen de gasto depende de la capacidad presupuestaria y fiscal de cada uno de ellos.

Una situación como ésta tiene una respuesta obvia. Debemos acelerar la transición energética para reducir nuestra dependencia del gas, la exposición a la volatilidad de los mercados internacionales y evitar seguir drenando recursos que deberían destinarse a facilitar socialmente la transición, potenciar la innovación y acelerar las inversiones en transición energética incluidos renovables, almacenamiento, digitalización o eficiencia. 

Cometeríamos un error pensando que este shock de precios puede dar señales significativas para que el propio mercado destine los sobre-ingresos recibidos en acelerar la transición. De momento, la única evidencia que tenemos es que esta coyuntura ha provocado una situación muy complicada para consumidores e industria que tiene consecuencias económicas para la UE. Las medidas de protección a los consumidores que han destinado los Estados Miembros hasta enero 2022 se cifran en el entorno de 21.000 M€ en el caso francés. ¿Toleraremos que el volumen de recursos destinados a paliar el impacto de la crisis energética adquiera una magnitud similar a la de los planes de estímulo y recuperación económica?

Es fundamental utilizar los medios públicos de que disponemos con inteligencia y acompañar el despliegue renovable acelerando la apuesta por la innovación y la investigación de nuevas tecnologías, como el almacenamiento, que deberá ser el respaldo (backup) de las renovables. 

Por tanto, a nuestro juicio, la UE debería afrontar este contexto con medidas temporales y excepcionales que limiten el efecto contagio del precio del gas sobre el precio de la electricidad. El gas debe retribuirse a su coste, desligándolo del mecanismo de casación de precios y evitando que perjudique a mercados con alta penetración de tecnologías limpias de bajo coste operativo como son las energías renovables.

Todo ello, sin perjuicio de la ineludible apertura de un debate amplio, con todos los actores, sobre el modo en el que la regulación diseñada en los 90 debe actualizarse adaptándose a los desafíos de hoy. La formación de un consenso en torno a esta evolución lleva tiempo, pero iniciar el ejercicio es hoy un imperativo ineludible.

En todo caso, hasta tanto todo esto ocurra, mantendremos el apoyo fiscal a los consumidores y el esfuerzo por acelerar la transición desde lo micro, desde lo local, aumentando el despliegue por nuestras ciudades y pueblos de techos solares y autoconsumo, creando nuevas comunidades energéticas locales, reduciendo las facturas de los consumidores, desarrollando microplantas que favorezcan la participación social o apostando por la eficiencia. De este modo, podremos asegurar el acceso a los beneficios de la transición energética por parte de todos.