Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea abrió este jueves expediente a todos los Estados miembros de la UE salvo Dinamarca por no trasponer a tiempo las nuevas normas comunitarias para acelerar la autorización de los proyectos de energía renovables.
El Ejecutivo comunitario envió a las capitales una carta de notificación formal de apertura del procedimiento de infracción «por no haber transpuesto completamente en su legislación nacional las disposiciones de la Directiva de Energías Renovables revisada, relativas a la simplificación y aceleración de los procedimientos de autorización», señaló la Comisión en un comunicado.
Esa revisión legislativa entró en vigor en noviembre de 2023 y ciertas disposiciones debían transponerse a la legislación nacional antes del 1 de julio de 2024, por ejemplo las relativas a «simplificar y acelerar los procedimientos de autorización tanto para proyectos de energía renovable como para los proyectos de infraestructura necesarios».
We are taking action on 26 EU countries for failing to fully transpose 5 key EU directives on:
⚖️ justice
📊 financial stability
⚡ energy
🌻 environmentThese countries have 2 months to respond and complete the transposition before further action may be taken.
— European Commission (@EU_Commission) September 26, 2024
El objetivo de esa reforma, negociada en un contexto de crisis histórica de los precios del gas y la electricidad, era acelerar el despliegue de renovables para dotar a la UE de más autonomía energética.
También incluyen «límites de tiempo claros para los procedimientos de concesión de permisos, dirigidos a tecnologías o tipos de proyectos específicos, el fortalecimiento del papel del punto de contacto único para las solicitudes y la presunción de que los proyectos de energía renovable y la infraestructura de red relacionada son de interés público prioritario», agregó la Comisión.
Sin embargo, sólo Dinamarca ha notificado por ahora la trasposición completa dentro del plazo legal.
El resto de países del bloque comunitario, que entran en procedimiento de infracción, tienen ahora dos meses para responder y completar su transposición.
«En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, la Comisión puede decidir emitir un dictamen motivado», segundo paso del procedimiento que puede terminar ante el Tribunal de Justicia comunitario.
17 países de la UE expedientados por la normativa para informar de sostenibilidad
Por otra parte, la Comisión Europea también abrió expediente a España y otros 16 Estados miembros de la Unión Europea por no adaptar totalmente a sus ordenamientos jurídicos nacionales la normativa europea que regula la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas.
Además de España, Bruselas envió la carta a Bélgica, Chequia, Alemania, Estonia, Grecia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Finlandia.
La Directiva en cuestión, de 2022, introduce nuevas reglas sobre informes de sostenibilidad y exige que las grandes empresas y las empresas que cotizan en bolsa que divulguen información sobre los riesgos sociales y medioambientales a los que se enfrentan y sobre cómo sus actividades afectan a las personas y al medio ambiente.
Los 17 Estados miembros afectados «aún no han comunicado la plena transposición al derecho nacional de las disposiciones» de esa directiva, cuando el plazo de transposición expiró el pasado 6 de julio.
Esos países tienen ahora dos meses para responder y completar la adaptación de esas normas a sus derechos nacionales.
A falta de una respuesta satisfactoria, la Comisión podría pasar a la segunda fase del procedimiento de infracción, que consiste en el envío de un dictamen motivado, último paso antes de la eventual denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La normativa de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas ayuda a los inversores y otras partes interesadas a evaluar el desempeño de sostenibilidad de las empresas, indicó la Comisión en un comunicado.
Las nuevas normas sobre informes de sostenibilidad se aplican a partir de los ejercicios financieros que comenzaron el pasado 1 de enero.
Bruselas advirtió de que, de no trasponer las nuevas normas, «no será posible alcanzar el nivel necesario de armonización de los informes de sostenibilidad en la UE y los inversores no estarán en una posición para tener en cuenta el desempeño de sostenibilidad de las empresas al tomar decisiones de inversión».
España, también expedientada por la retribución de permisos parentales
Por otra parte, la Comisión Europea también anunció este jueves la apertura de un expediente a España por no haber adoptado aún de forma completa la nueva directiva europea de conciliación y, en concreto, por no garantizar una retribución por las dos últimas semanas en los permisos parentales.
Esta normativa fue aprobada en 2019 y los Estados miembros tenían hasta el 2 de agosto de este año para trasladar a sus legislaciones nacionales este punto concreto de la misma, pero el Ejecutivo comunitario explica en un comunicado que «España no ha comunicado hasta la fecha la transposición completa de esta disposición».
Este primer paso -el envío de una carta de emplazamiento- es la primera fase dentro de los procedimientos comunitarios de infracción, que en última instancia pueden acabar ante la Justicia europea e incluso suponer multas si el país apercibido no subsana los problemas detectados.
En este extremo, sería la Comisión Europea la que propondría la imposición de sanciones económicas al Tribunal de Justicia de la UE, la institución que eventualmente decidiría sobre las mismas.
El pasado 2 de agosto, cuando se cumplió la fecha límite para su aprobación, el Ministerio de Trabajo cifró en 7 millones el importe de una posible sanción y advirtió de que esta cantidad «se irá agravando a medida que este incumplimiento se extienda en el tiempo».
España dispondrá ahora de dos meses para responder a las demandas del Ejecutivo comunitario, que «en ausencia de una respuesta satisfactoria» pasaría a la siguiente etapa del procedimiento de infracción, que es el envío de un ultimátum a las autoridades españolas.
La directiva de conciliación establece unos «requisitos mínimos» para los Estados miembros con el objetivo de lograr la «igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a las oportunidades en el mercado laboral facilitando la conciliación entre la vida familiar de los trabajadores que son padres».
Editado por Sandra Municio