La retirada de la inmunidad a eurodiputados no supone su extradición a España

Imagen de archivo del TJUE, en Luxemburgo. EFE [EFE-EPA]

Madrid (EuroEFE).- La retirada de la inmunidad al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los también eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí supone un paso imprescindible para reactivar la euroorden dictada por el Tribunal Supremo de España, aunque no es definitivo para lograr su extradición y enjuiciamiento, ya que ahora el asunto pasa a los tribunales belgas y escoceses y, tal vez, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El pleno del Parlamento Europeo retiró este martes la inmunidad de los eurodiputados Puigdemont, Comín y Ponsatí como solicitó la Justicia española a principios de 2020, que recibe un importante aval de Europa tras varios años de decepciones y golpes de tribunales belgas, alemanes y escoceses.

Pero este trámite no supone que pierdan su condición de eurodiputados ni que sean extraditados automáticamente, sino sólo que se reactiven las euroórdenes en su contra que quedaron paralizadas cuando asumieron su escaño como europarlamentarios.

La concesión del permiso para actuar contra el expresidente regional y los otros dos exmiembros del Gobierno catalán –lo que se llama suplicatorio– permite retomar la vía judicial en Bélgica, que decide sobre Puigdemont y Comín, y Escocia, que resuelve sobre Ponsatí, pero no garantiza su entrega.

Puigdemont, Comín y Ponsatí se instalaron en Bruselas en 2017 tras ser cesados en sus cargos al intervenir el Gobierno español la autonomía de Cataluña tras la declaración unilateral de independencia en esta región. Ponsatí se trasladó luego a Escocia.

Ahora el asunto pasa nuevamente a tribunales belgas y escoceses, que hasta la fecha no han sido proclives a los intereses españoles en ninguna de su decisiones, especialmente los jueces belgas, que se han aferrado a cuestiones de forma y también de fondo para esquivar la extradición.

El último ejemplo es el del también exmiembro del Gobierno catalán Lluis Puig, uno de los líderes independentistas que no fue juzgado por huir de España y cuya entrega fue denegada por Bélgica al considerar “que la autoridad española que ha emitido ese mandato no era competente para hacerlo”.

QUEDA EL TRIBUNAL EUROPEO

Precisamente, el Tribunal Constitucional de España avaló recientemente la competencia del Supremo para juzgar a los líderes independentistas catalanes por el referéndum separatista ilegal del 1 de octubre de 2017 mediante una sentencia que puede interpretarse en clave de respuesta a la Justicia belga.

El magistrado instructor de la causa, Pablo Llarena, no está de acuerdo con la argumentación de los tribunales belgas y, antes de conocer el resultado de la votación en el Parlamento Europeo, ya dio un primer paso consultando a las partes si eleva una cuestión prejudicial al TJUE acerca de las euroórdenes.

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Fuentes jurídicas consultadas por Efe señalan que Llarena teme que los jueces belgas apliquen este mismo criterio a Puigdemont y los otros dos europarlamentarios para tumbar la extradición a España; de ahí que cobre sentido su estrategia de consultar al TJUE para que este fije de forma clara y precisa los criterios para denegar las euroórdenes.

En caso de optar por esta vía, la tramitación de la cuestión prejudicial supondría la paralización del proceso en Bélgica y Escocia a la espera del dictamen de Estrasburgo, a donde también tienen previsto acudir los líderes independentistas.

Ahora bien, la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE contra la decisión de la Eurocámara de retirarles la inmunidad no frena el recorrido judicial de la extradición, que discurre al margen del recurso de los independentistas.

Editado por Virginia Hebrero