Bruselas (EuroEFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, hizo entrega este miércoles en Bruselas de una declaración conjunta de las comunidades autónomas y ciudades españolas sobre la protección de las indicaciones geográficas industriales y artesanales al presidente del Comité europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas.
García-Page entregó el documento de tres páginas a Tzitzikostas en el edificio Carlomagno de la Comisión Europea, aprovechando su presencia en la Semana de las Regiones y las Ciudades y su participación en el plenario del Comité de las Regiones.
Impulsada por el Gobierno de Castilla-la Mancha, la iniciativa pide que la protección a nivel comunitario que se atribuye a ciertos productos alimentarios a través de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) se extienda a los productos industriales y artesanales, para evitar que se comercialicen copias haciéndose pasar por los originales.
📸@garciapage ha entregado, en la @ComisionEuropea, la Declaración Conjunta de las CCAA y ciudades españolas sobre protección de las indicaciones geográficas industriales y artesanales al presidente del Comité europeo de las Regiones, @CoR_President
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— Castilla-La Mancha (@gobjccm) October 13, 2021
Se trata de una posición conjunta de todas las comunidades autónomas para pedir a Bruselas una mayor seguridad jurídica para productores y consumidores, el reconocimiento del valor añadido del producto y mayores beneficios para el turismo, el comercio y la promoción del territorio.
Esta declaración se sumará a la postura común que aprobarán este miércoles las regiones de la Unión Europea en el pleno del Comité de las Regiones, que prevé expresar su apoyo a la ampliación de la protección de las indicaciones geográficas a los productos industriales y artesanales en toda la UE.
En el documento, las comunidades autónomas solicitan que el Gobierno de España «establezca un canal de interlocución permanente, a través de un grupo de trabajo bilateral entre la Administración estatal y las administraciones regionales, al objeto de apoyar y reforzar los esfuerzos de negociación durante todo el ciclo de vida del expediente legislativo de la futura normativa europea en materia de Indicaciones Geográficas Industriales y Artesanales (IGIA), cuyo borrador se espera se publique a principios del año 2022″.
Asimismo, la delegación española ante el Comité europeo de las Regiones pide que se cuente «con la experiencia y conocimiento en este ámbito de las regiones y municipios, y los sectores potencialmente afectados por esta nueva figura de protección desde un punto de vista de protección de la innovación, internacionalización y promoción de nuestra marca como sello de calidad».
Demanda, igualmente, que «este punto de vista sea integrado en la posición española en el marco de las negociaciones a nivel del Consejo de Ministros de la Unión Europea».
En su declaración conjunta, la delegación española considera que los productos españoles no agroalimentarios, especialmente en el ámbito artesanal e industrial, representan la calidad, tradiciones y cultura del país, además de una fuente de riqueza para las regiones y municipios, así como una manera de preservar y fortalecer el arraigo al territorio.
Destaca que los productos susceptibles de acogerse a la protección que confieren las indicaciones geográficas son producidos principalmente por pequeñas y medianas empresas, así como microempresas, que se ven amenazadas por la relocalización, la falta de capacidades y la competencia desleal.
Por ello, afirma que el reconocimiento y la protección jurídica de los productos industriales y artesanales bajo la figura de las IGIA en el marco europeo supondría una garantía para estos sectores, frente a las falsificaciones y la competencia desleal, permitiendo que puedan competir en condiciones de igualdad, en mercados globales más allá del Espacio Económico Europeo.
🎥 @garciapage reivindica en #Bruselas una figura de protección de la artesanía que evite el “caos” en el libre comercio y ampare los empleos del sector.
👉Durante su intervención en el debate
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— Castilla-La Mancha (@gobjccm) October 13, 2021
La delegación española mantiene que la protección de estos productos conllevaría asimismo el mantenimiento del saber hacer y de los oficios de carácter tradicional, la creación de empleo, el aumento de beneficios económicos y la potenciación del turismo y la vida social y cultural de las zonas rurales, lo que supondría un revulsivo para su revitalización y el anclaje territorial.
Asimismo, añade, entre otros argumentos, que la regulación europea común aportaría seguridad jurídica a los consumidores, que podrán reconocer y valorar los productos a través del distintivo de calidad que informe sin ninguna duda del valor y autenticidad del producto, así como de su origen.
Editado por Sandra Municio
